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El Gobierno cifra en 7.565 millones la cuantía de los arbitrajes por los recortes a las renovables

El Ejecutivo detalla por primera vez la cuantía reclamada por inversores extranjeros ante tribunales internacionales de arbitraje

Ante la cámara de arbitraje de Naciones Unidas, una sola denuncia pide 1.900 millones de euros

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Álvaro Nadal, ministro de Energía. EFE

El Gobierno ha precisado por primera vez la cuantía reclamada por inversores extranjeros por los recortes a la retribución de las energías renovables, cifrada recientemente por el abogado general del Estado, Eugenio López Álvarez, en más de 7.000 millones de euros. Las indemnizaciones que piden esos inversores ascienden por ahora, según el Ejecutivo, a 7.565,8 millones, según consta en una respuesta parlamentaria a una pregunta a los diputados de Unidos Podemos Rosa Martínez y Josep Vendrell.

De perderse todas esas demandas, cargar las indemnizaciones de golpe a los costes del sistema eléctrico supondría una subida de la luz del 20%. Esos más de 7.500 millones corresponden a las 34 denuncias presentadas ante diferentes tribunales internacionales de arbitraje para las que ya existe una estimación de la cuantía reclamada.

La cifra no incluye los 128 millones de euros del primer pleito que el Reino de España perdió en mayo con las firmas Eiser y Energía Solar Luxembourg, ni la cuantía que reclamaba una filial holandesa de la española Isolux en el único pleito que hasta ahora ha ganado España. Reclamaba apenas 78.868 euros.

En total, según el Gobierno, se han presentado 39 procedimientos arbitrales contra España relacionados con la energía. De las 34 denuncias para las que existe una estimación de la cuantía reclamada y que no se han presentado, 25 se han interpuesto en el Ciadi (el organismo de arbitraje adscrito al Banco Mundial), siete en el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC) y dos en Uncitral (Naciones Unidas).

Ante esta última instancia se reclama la mayor indemnización, de 1.900 millones de euros, presentada por The PV Investors. También destacan las cuantías reclamadas por CSP Equity Investment Sarl (Luxemburgo), con 840 millones, el banco alemán Landesbank Baden-Wuttermberg (482,5 millones), el fondo RREEF (441 millones), la alemana RWE (423 millones), la estadounidense Nextera (393,6 millones) o la también alemana E.ON. El gigante francés EDF, cuya denuncia avanzó eldiario.es, reclama 52,8 millones.

Hay todavía dos denuncias presentadas ante el Ciadi pendientes de estimación de cuantía y una (Solarpark) se ha retirado.

En su respuesta, el Gobierno indica que "no existen informes de la Abogacía del Estado que detallen la cuantía total reclamada por inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por los recortes a las energías renovables en España. La cifra se ha determinado por la suma de las cantidades reclamadas por los demandantes en sus escritos procesales".

El abogado general del Estado pidió hace unos meses "una estructura administrativa dotada de forma proporcionada a la importancia de los intereses en litigio" para el reducido equipo de abogados del Estado que defiende a España en estos pleitos.

Estos funcionarios, indicó, han permitido "ahorrarse al Estado un coste anual más que millonario en concepto de contratación de asistencia jurídica". López señaló que la "internacionalización" es uno de los principales retos que afronta esta colectivo de altos funcionarios.

Esa internacionalización es consecuencia de la avalancha de denuncias que ha recibido España tras la reforma energética de Mariano Rajoy por parte de inversores extranjeros. Los denunciantes se amparan en la Carta de la Energía, un tratado internacional de protección recíproca de inversiones. 

Mientras los inversores foráneos pueden reclamar en esos tribunales de arbitraje, las empresas españolas (que no pueden hacerlo) han visto cómo el Tribunal Supremo y el Constitucional daban por buenos los recortes, justificados por el Gobierno como solución para contener el insostenible déficit de tarifa del sistema eléctrico, que llegó a rondar los 30.000 millones de euros.

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