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Fomento paga una factura millonaria pendiente con las concesionarias antes de rescatar las autopistas

Fomento recibe un crédito extraordinario de Hacienda por 540 millones, de los que 531 se dedicarán a pagos previos a la creación del ‘banco malo’ de la autopistas en quiebra

261 millones se destinarán a saldar las expropiaciones de los terrenos donde están construidas las vías y el beneficiario principal serán también las concesionarias

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Las autopistas que rescatará Fomento pierden un 3,2% de su tráfico hasta agosto

Las autopistas que rescatará Fomento pierden un 3,2% de su tráfico hasta agosto

Había expectativas de que el Consejo de Ministros del viernes 12 de septiembre aprobara la nacionalización de nueve autopistas de peaje en quiebra, con la creación del llamado ‘banco malo de las radiales’. No fue así y el Gobierno presentó como tema estrella de su reunión “El plan de acción sobre la estrategia de discapacidad”.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, no obstante, anunció de pasada, que el Gobierno había acordado conceder créditos extraordinarios a los Ministerios de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por un importe total de 725 millones de euros, con el fin de “atender al pago de obligaciones de ejercicios anteriores”. La vicepresidenta apostilló que esta decisión se tomaba porque “unos gobiernos solo se dedican a gastar y otros, como el nuestro, son de los que pagan, incluso las deudas atrasadas de otros”.

La reseña posterior del Consejo Ministros daba algún detalle adicional sobre el destino del crédito de los 725 millones de Hacienda. La mayor parte, 540 millones, estaban destinados al Ministerio de Fomento y su objetivo consistía en atender al pago “mayoritariamente, de expropiaciones, revisiones de precios, certificaciones finales, intereses y liquidaciones de obras”.

Puesta en marcha del ‘banco malo’

Fuentes conocedoras del proceso por el que se procederá al rescate de nueve autopistas en quiebra advirtieron a eldiario.es que lo sustancial del crédito otorgado a Fomento está destinado a “pagar los atrasos que el Gobierno ha reconocido que adeuda a las concesionarias en dificultades”. Durante las negociaciones que desembocarán en la inminente nacionalización de estas infraestructuras, el Ejecutivo ha aceptado saldar dichas deudas como “condición indispensable” antes de que se produzca la “reversión al Estado de las concesiones”.

Este periódico se ha puesto en contacto con Fomento a fin de recabar un listado detallado del destino final de los 540 millones de crédito recibidos de Hacienda. Fuentes oficiales del departamento que encabeza Ana Pastor han asegurado que la parte sustancial, 531 millones, están destinados a “pagar deudas atrasadas en el sector de las autopistas, que son anteriores a 2012”. Existen otras dos partidas muy inferiores que se dedicarán a liquidar atrasos en vivienda, con un importe de 1,5 millones, y en ferrocarril, de 7,5 millones.

Fomento ha desglosado en otras dos partidas diferentes el destino de los 531 millones destinados al pago de atrasos en autopistas. Un paquete de 270 millones está asignada a asumir el montante de “certificaciones finales” que todavía no habían sido pagadas a las concesionarias de las radiales. Una segunda cantidad de 261 millones se entregarán para saldar deuda en concepto de “expropiaciones” por los terrenos sobre los que se construyeron las autopistas.

Medidas previas

Las fuentes del sector aseguran que la concesión del crédito para pagar “los atrasos” que se mantienen con las empresas que en su día construyeron las autopistas hoy en quiebra es la primera medida que se implementa antes de que se haga oficial la operación de rescate, con la reversión de las concesiones y la creación de la segunda edición de la Empresa Nacional de Autopistas, lo que obliga al Estado a asumir un pasivo de unos 2.300 millones.

Otra iniciativa que se producirá en breve consiste en reclamar la unificación en un solo proceso y en un único juzgado de todos los concursos de acreedores en que están inmersas las nueve autopistas de peaje en quiebra. Fomento podrá a esta unificación en virtud de la última reforma de la Ley Concursal, la aprobada por el Consejo de Ministros el 5 de septiembre último. Una disposición adicional establece que en “situaciones de insolvencia de las empresas concesionarias de obra y servicios públicos contratistas de las administraciones públicas” “se acordará la acumulación de los procesos concursales ya iniciados cuando se formulen propuestas de convenio de acreedores que afecten a todos ellos”.

Diseño del rescate

Las nueve autopistas que se pretende nacionalizar son las radiales 2, 3, 4 y 5 de Madrid, la M-12 Eje Aeropuerto de Barajas, la AP-41 (Madrid-Toledo), la citada AP-36, la circunvalación de Alicante (Ciralsa), y la Cartagena-Vera (Aucosta). Suman 682 kilómetros y en más de una década en servicio apenas han cubierto el 20% de las expectativas de tráfico con las que se justificó su nacimiento. Los pasivos acumulados oscilan, según las versiones entre 3.700 y 4.600. Entre las empresas constructoras y concesionarias se encuentran Acciona, ACS, Abertis, Cintra, Sacyr, FCC, Ferrovial, OHL o Globalvía.

El pacto alcanzado entre el Gobierno, las concesionarias y la banca para la creación de la nueva Empresa Nacional de Autopistas se ha concretado en tres medidas. En primer lugar y a cambio de “revertir” al Estado las concesiones de las vías, Fomento propone a las empresas que tomen el 20% del capital de la nueva versión del ‘banco malo’ cuya valoración del 100% se ha fijado en 608 millones. El pasado mes de abril, el Ministerio se mostró favorable a elevar de 350 a 480 millones la cuantía de la deuda con las concesionarias en concepto de las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron las radiales.

La segunda medida se basa en el acuerdo de la Administración con la banca acreedora para ejecutar una quita del 50% sobre los entre 3.700 a 4.600 millones de créditos que las concesionarias tomaron para construir las carreteras hoy quebradas. A los entre 1.850 y 2.300 millones resultantes (descontada la quita de la mitad), hay que sumar otros 235 millones que Fomento ha reconocido que se encuentran pendientes de pago con las concesionarias. En último lugar se ha pactado que ambas partidas serán financiadas con un bono a 30 años emitido por el ‘banco malo’ cuya rentabilidad será superior al 1%.

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