El PP sumará el apoyo de CiU este jueves en el Congreso para aprobar su tercera reforma financiera

Según han confirmado este miércoles fuentes del Grupo Parlamentario Catalán a Europa Press, la decisión final de CiU será votar a favor de la tercera reforma financiera de Mariano Rajoy desde su llegada al Gobierno el pasado mes de noviembre, y la quinta que vive el país desde 2009.

El objetivo de este nuevo cambio, que en la tribuna defenderá el ministro de Economía, Luis de Guindos, es garantizar a los poderes públicos los instrumentos necesarios para reestructurar o resolver entidades de crédito inviables, pero también garantizar que “son los accionistas y los acreedores los que en primera instancia asumen las pérdidas del proceso”, evitando así que los costes sean asumidos por el erario público como ha ocurrido en esta crisis.

El Gobierno confía en que, de esta manera, se obtendrán consecuencias positivas tanto para el crédito como para la estabilidad del sector, ya que se podrá “evitar que las entidades puedan llegar a encontrarse en situaciones tan graves que pongan en peligro” a todo el sistema.

SE TRAMITARÁ COMO PROYECTO DE LEY

Aunque la norma se tramitará en las Cortes como proyecto de ley, dando la ocasión a los grupos parlamentarios de presentar enmiendas, la aprobación como decreto ley está justificada, según el Ejecutivo, en que su entrada en vigor debe tener lugar “con la mayor celeridad”, dado que recoge “una serie de compromisos que deberán ser cumplidos en los plazos previstos”.

Sin embargo, el empleo una vez más de esta vía ha llegado al PSOE a anunciar su voto en contra de un decreto que prevé la creación de un 'banco malo' que, según los socialistas, “compromete dinero público”. Además, también rechazan la falta de negociación con los grupos parlamentarios y la aprobación de una nueva reforma cuando aún se está tramitando en el Parlamento el cambio normativo de mayo, que ahora queda obsoleto en muchos de sus puntos.

La Izquierda Plural también rechaza una solución que pasa por socializar pérdidas en un sector que “privatizó las ganancias de la burbuja inmobiliaria” y apuestan por crear una banca pública que aglutine la vivienda de las entidades financieras para ponerlas al servicio de un parque público de alquiler.

Fuentes de UPyD, por su parte, han indicado a Europa Press que, aunque el voto final aún no está cerrado, es probable que finalmente se decanten por el 'no' dado que con el decreto no se asume ninguna responsabilidad por la crisis y la quiebra de algunas entidades financieras, ni se despolitizan los órganos de administración de las cajas ni se precisan los costes del rescate bancario que, a la postre, acabarán pagando los ciudadanos.