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Tribunal de Cuentas UE dice que fondos de desarrollo rural no se gastan bien

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El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (TCE) aseguró hoy que los 100.000 millones del presupuesto comunitario que se dedican a la política de desarrollo rural no se están gastando bien, puesto que no se comprueba correctamente la eficacia de los proyectos que se financian.

El desarrollo rural incluye las políticas cofinanciadas por la UE cuyo objetivo es promover en el campo actividades distintas o complementarias a la agricultura.

"Los Estados miembros y la Comisión Europea han prestado demasiada atención a gastar el presupuesto de desarrollo rural y no han atendido suficientemente conseguir resultados de modo eficiente", señaló en un comunicado uno de los miembros del TCE, Jan Kinst, encargado de elaborar el informe sobre esta cuestión.

Los auditores europeos han constatado que los Veintiocho muestran poco interés en los resultados obtenidos con sus programas de desarrollo rural y que la CE aceptó proyectos de países comunitarios que contenían "objetivos vagos e imprecisos en cuanto a su delimitación temporal y a las finalidades perseguidas".

El TCE llegó a esta conclusión tras analizar la utilización de los fondos comunitarios dedicados a política de desarrollo rural durante el marco presupuestario plurianual 2007-2013.

Para garantizar la eficiencia de los proyectos se necesita "información fiable" sobre los logros obtenidos con el gasto, así como un sistema de seguimiento y evaluación apropiado.

No obstante, el Tribunal concluye que "el mecanismo actual de seguimiento y evaluación no ha servido" para obtener información lo suficientemente "oportuna, fiable ni coherente" como para comprobar si se había materializado los objetivos de los proyectos.

"La comunicación de estos resultados no ha sido apropiada y la Comisión y los Estados miembros no han hecho buen uso de la información disponible para mejorar la eficacia y eficiencia del gasto de desarrollo rural", recalca.

En este contexto, solicita medidas más eficientes para el periodo 2014-2020.

Los países deberán mejorar el seguimiento de los proyectos y asegurarse de que obtienen información comparable y de buena calidad, destaca el Tribunal, que solicita una "base mejorada para la buena gestión financiera, con objetivos específicos y mensurables".

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