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Grecia retrasa subir el salario mínimo y mantiene las privatizaciones, pero no sube el IVA

El Eurogrupo confirma el principio de acuerdo con Atenas: “Las cosas no van a ser fáciles pero creemos que van en serio”, destaca Jeroen Dijsselbloem

El programa de reformas enviado a Bruselas evita recortes drásticos y condiciona la subida del sueldo mínimo a la negociación con los agentes sociales

Se paralizan las futuras privatizaciones, se reafirma la intención de reuniversalizar la sanidad, se congelan los salarios públicos y se atacan las prejubilaciones

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Tsipras afirma que su Gobierno apoya las inversiones de China en Grecia

El primer ministro griego, Alexis Tsipras.

El Gobierno de Syriza ha enviado a última hora del lunes un plan de reformas a Bruselas hecho público este martes que entraña una drástica reducción de los gastos de todas las administraciones griegas, con el fin de apuntalar la austeridad emprendida hace un lustro sin dañar los salarios o las pensiones.

Se trata de una propuesta bien recibida por el Eurogrupo (convocado este martes por la tarde por videoconferencia) que retrasa la inmediata subida del salario mínimo anunciada por la formación de izquierdas antes de las elecciones, y la condiciona a un diálogo con los agentes sociales. Y paraliza las futuras privatizaciones pero mantiene las que están en marcha, lo que afectaría al mítico puerto de El Pireo, en el que pretende convertirse en accionista un conglomerado público chino.

El plan, filtrado poco antes de su presentación y que tiene que ser revisado más en profundidad por la Comisión Europea, el BCE y el FMI (la otrora Troika, ahora rebautizada como “las instituciones”), no es ni mucho menos una derrota para Alexis Tsipras y su partido Syriza: hay concesiones pero también mucha “flexibilidad”, cualidad recurrida para definir las duras negociaciones por el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, que esta mañana ha declarado que "las cosas no van a ser fáciles" pero las reformas presentadas "van en serio".

El plan, dividido en cuatro grandes áreas (Políticas Fiscales, Estabilidad Financiera, Políticas para promover el crecimiento y Crisis humanitaria), refleja un compromiso de Atenas para conservar el equilibrio presupuestario sin meter la tijera en lo que de verdad afecta la ciudadanía: no se rebajan las pensiones ni el salario de los funcionarios, no se sube el IVA sino otros tributos y se incluyen medidas para combatir la citada "crisis humanitaria”.

En materia de recaudación, Grecia se compromete a "trabajar hacia la creación de una nueva cultura de cumplimiento de las obligaciones fiscales para asegurar que todos los sectores de la sociedad, y sobre todo los más privilegiados, contribuyan de forma justa a la financiación de las políticas públicas. En este contexto, se establecerán con la asistencia de los socios europeos e internacionales, una base de datos de riqueza que ayude a las autoridades a medir la veracidad de las devoluciones previas del impuesto de la renta".

En lo relativo al gasto sanitario, se promete "controlar" esta partida y, a la vez, "mejorar la provisión y la calidad de los servicios médicos, mientras se garantiza el acceso universal" a este derecho; en lo relativo a pensiones, Grecia continuará "trabajando en medidas administrativas para unificar y racionalizar las políticas de pensiones y eliminar las lagunas e incentivos que dan lugar a una tasa excesiva de jubilaciones anticipadas en toda la economía y, más específicamente, en el sector público y la banca". Atenas también se conjura para hacer de la lucha contra la corrupción "una prioridad nacional".

El capítulo de ahorro en la Administración Pública ateniense es muy profundo, pero lejos de ser doloroso para la sociedad: Tsipras ya redujo al mínimo los coches oficiales y recortó ministerios, aunque lo anuncia por carta ahora. El plan presentado a Bruselas entraña además una “revisión y control de gastos en todas las áreas” y una revisión “de todos los gastos públicos, excluidas las pensiones y salarios [públicos]” los cuales suponen un "asombroso" 56% del gasto público total. Los asesores también se recortan.

Igualmente hay un control de los gastos en Sanidad a la vez que se garantiza el “acceso universal”, siempre desde la negociación con las “instituciones”. El diálogo con la antigua Troika (cuyos actores en esencia son los mismos) aparece en todos los episodios: la subida del salario mínimo que se negociará “en un futuro”, así como una “reforma del mercado de trabajo” de la que el Ejecutivo griego da pocos detalles; ocurre lo mismo con la revisión de las privatizaciones previstas, encadenada a la aquiescencia de las instituciones; e igual sucede con el plan anti-desahucios que presentó Syriza en la precampaña y que no aparece en este plan: “En el próximo periodo”, dice la misiva remitida a Bruselas, “se tratarán de evitar los desahucios en la residencia principal en colaboración con los bancos y las instituciones”.

El plan anti-desahucios quedaría aparcado hasta la llegada de mejores tiempos y en su lugar se impone otro más tibio que se ciñe a la “vivienda principal” pero “castigando a los morosos premeditados”, y en aras de evitar un “efecto adverso en el balance de los bancos”.

“Las medidas irán dirigidas a apoyar a los hogares más vulnerables, incapaces de asumir sus préstamos”, agrega la carta. También se descriminaliza a los “pequeños deudores con pequeñas deudas”, en un guiño a las pymes con problemas “potencialmente solventes”.

Atenas busca asimismo la bendición de Bruselas a su “Plan Nacional Contra la Corrupción”, poniendo el foco en el contrabando de tabaco y gasolina (ambos muy extendidos en Grecia) o en los bienes de importación.

En cuanto a la “modernización de la Seguridad Social”, se elimina cualquier mención al recorte o congelación de las pensiones. La diana se establece en las prejubilaciones, “sobre todo en las que se producen en el sector público y en la banca” que el documento califica de “excesivas”.

Se fortalece el vínculo entre pensión contributiva e ingresos, incentivando a las empresas para que hagan el trabajo remunerado, y se refuerza la atención a los contribuyentes de entre 50 y 65 años con cotizaciones bajas, introduciendo incluso la posibilidad de una Renta Básica Garantizada para este segmento de la población.

A nivel tributario, la política del IVA mantenida por las anteriores administraciones –basada en agresivas subidas ante una ciudadanía cada vez más empobrecida- se “racionaliza”, a fin de evitar su “negativo impacto” en la sociedad: el IVA no se sube pero sí se eliminarán “exenciones poco razonables” ante este impuesto indirecto. El Gobierno de Syriza ha preferido decir que “modificará” el impuesto sobre la renta (en lo que apunta a una subida progresiva en toda regla) y abundar en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal como vía recaudatoria.

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