Uruguay y la finlandesa UPM avanzan en un acuerdo para una nueva papelera

El Gobierno uruguayo y UPM firmaron hoy un contrato que establece los requisitos para una potencial inversión en una planta de celulosa de la papelera finlandesa, informaron fuentes oficiales.

“La firma de este contrato confirma que estamos ingresando a la segunda etapa de preparación de esta oportunidad de crecimiento, que se prevé que tenga una duración de entre un año y medio a dos años”, afirma en un comunicado de la firma finlandesa el vicepresidente de Desarrollo de negocios de UPM en Uruguay, Jaakko Sarantola.

Sarantola, además, recalca que este contrato “sienta las bases para la planificación de UPM de una planta de celulosa de última generación”.

“Una infraestructura robusta es esencial para el desarrollo industrial”, añade y explica que “el Gobierno de Uruguay afirma su seria determinación con este contrato y con el cronograma acordado”.

Por lo tanto, en el contrato firmado hoy se definen las funciones, compromisos y plazos de ambas partes, así como aspectos relevantes a ser acordados antes de la decisión final de inversión.

El documento también revela que la planta estaría “cerca de la ciudad de Paso de los Toros, en el departamento (provincia) de Durazno”, localidad situada en el centro del país.

Además, el comunicado de UPM dice que el Gobierno uruguayo “desarrollará la red ferroviaria y de carreteras mediante una licitación a largo plazo para la construcción y el mantenimiento de la red”.

Asimismo, también señala que “una vez que se cumpla con los requisitos de autorización, el Gobierno (uruguayo) otorgará una zona franca a la fábrica”.

De concretarse la inversión, Uruguay tendrá una tercera planta de celulosa en su territorio (la segunda de UPM).

La primera planta que instaló la papelera finlandesa en Uruguay, en la ciudad de Fray Bentos, en el departamento de Río Negro, generó tensiones entre Uruguay y Argentina durante el primer Gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) y sus homólogos argentinos Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández después.

El conflicto derivó en un juicio frente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que en 2010 determinó que la planta no contamina, contrariamente a lo que afirmaban las autoridades argentinas, pero que el Gobierno uruguayo no informó debidamente al vecino país, como exigían los acuerdos bilaterales.