Un año de paraísos fiscales en el punto de mira
Este lunes se cumple un año del estallido del escándalo de Los Papeles de Panamá, la mayor filtración de documentos de la historia, con origen en el bufete de abogados Mossack Fonseca. Un terremoto que reveló las artimañas fiscales de un extenso listado de multimillonarios y de dirigentes políticos de todo el mundo (o personas de su entorno) y que en España acabó con la carrera política del exministro de Industria José Manuel Soria. A propósito de este aniversario, el Foro Social Mundial ha declarado este 3 de abril Día Mundial Contra los Paraísos Fiscales.
Un año después, hemos conocido la reciente detención por su presunta implicación en el caso Lava Jato, el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil, de los dos fundadores de Mossack Fonseca.
Sabemos también que el despacho que durante décadas ayudó a crear miles de sociedades offshore llegó a convertirse en sede del Registro Mercantil de Niue, un atolón del Pacífico ubicado a 10.000 kilómetros del bufete que utilizaron defraudadores españoles como el actor Imanol Arias.
Y también sabemos que en España el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), dependiente del Ministerio de Economía, ha realizado catorce informes de inteligencia financiera sobre 209 sociedades que se encontraban en la base de datos del afamado despacho panameño.
¿Pero se han producido avances en la lucha contra la evasión en los territorios offshore en este último año?
El balance del Foro global sobre la transparencia y el intercambio de información con fines fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es positivo. Este órgano, que desde este año preside la española María José Garde, defiende en su informe de progreso de 2016 que aunque persisten “deficiencias en la arquitectura de la transparencia internacional”, se han logrado “significativos éxitos”.
Su tesis es que “aunque la filtración subrayaba los continuos problemas de la evasión fiscal internacional, también mostraba la efectividad de las medidas que la comunidad internacional impulsa para abordar estos problemas. Los documentos mostraban que el número de compañías con ventajas fiscales creadas por el bufete en cuestión llevaba disminuyendo varios años y que el número de nuevas empresas con acciones al portador [que no permiten conocer quiénes son sus verdaderos propietarios] había caído prácticamente a cero en 2015”.
“Aunque las filtraciones ocupan titulares en todo el mundo y subrayan los problemas derivados de la opacidad de las entidades jurídicas, la realidad es que se han realizado enormes progresos en la lucha contra este problema durante los últimos años y se continúan realizando”, resume el informe.
Unos días después del escándalo panameño, la Comisión Europea proponía una medida recomendada por la OCDE que ya estaba vigente en España, el desglose de información país por país con los pagos de renta e impuestos de empresas que facturen más de 750 millones de euros anuales. Una medida reputacional y de control que no deja de ser un avance. Pero la UE ha sido incapaz de consensuar una lista de paraísos fiscales que había prometido para este año, incluso antes del caso de Los Papeles de Panamá.
En enero pasado, el Parlamento Europeo obligó a la Comisión Europea a rehacer una relación provisional de “países de riesgo” relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo compuesta por Corea del Norte, Irán, Afganistán, Bosnia Herzegovina, Irak, Laos, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen. Se quedaban fuera territorios como Islas Bermudas, Islas Caimán o Panamá, por no hablar de los cuatro países miembro de la UE a los que la ONG Oxfam situaba en diciembre pasado en la lista de paraísos “más agresivos” del mundo: Holanda, Irlanda, Luxemburgo y Chipre.
Más conciencia, las mismas medidas
Tras Los Papeles de Panamá, llegarían Los Papeles de la Castellana, una investigación publicada por eldiario.es en junio pasado; Bahamas Leaks (en septiembre) y Football Leaks (a finales de 2016). Filtraciones masivas que quizás han aumentado la conciencia ciudadana sobre las consecuencias de la existencia de los paraísos, pero que no han propiciado la adopción de una normativa más estricta, coinciden los expertos consultados.
“Nosotros no hemos encontrado más endurecimiento en las normas, que ya eran bastante exigentes”, dice a eldiario.es el presidente de la filial española de uno de los principales bancos andorranos, que pide el anonimato.
Este directivo asegura que la normativa vigente ya “es durísima, tanto en España como en Estados Unidos”, y recuerda que, tras la llegada de Donald Trump al poder, todo apunta a una “relajación” de la normativa bancaria, después de que el nuevo presidente estadounidense firmase en febrero una orden ejecutiva para derogar parte de la ley Dodd-Frank, que fue promulgada en 2010 tras la crisis financiera que arrancó en 2008.
“Mi conclusión es que no hay una verdadera voluntad política ni de la Comisión Europea, ni del G20, ni de la OCDE, de acabar con la utilización de los paraísos fiscales: dan vueltas a la tortilla con medidas que son positivas, pero que no van al fondo de la cuestión”, dice José María Peláez, inspector de Hacienda.
Este experto en fiscalidad internacional aventura que no se adoptan medidas más contundentes (fundamentalmente, en materia de intercambio de información) “porque si se pusiera sobre la mesa todo lo que hay, muchos mandatarios se verían retratados”.
Unas semanas después de estallar el escándalo, el Parlamento Europeo anunció la creación de una Comisión de Investigación cuya efectividad muchos discuten (“Se crean comisiones de investigación para no investigar nada”, decía hace un mes el eurodiputado de Podemos Miguel Urban) que comenzó sus trabajos en septiembre y que debería tener redactadas sus conclusiones en junio.
Su puesta en marcha ha encontrado notables trabas de la propia Comisión Europea. Cabe recordar que la esposa del comisario español Miguel Arias Cañete apareció en Los Papeles de Panamá; y la excomisaria Neelie Kroes, en Bahamas Leaks.
El inspector José María Peláez, que hace un mes participó en los trabajos de esa comisión, relativiza la importancia de la entrada en vigor del nuevo estándar de intercambio de información fiscal de la OCDE.
En teoría, a partir de este año, con los nuevos convenios que suscriban los países, los datos fiscales se intercambiarán de forma automática. Pero su pronóstico es que “van a intercambiar información los países que no tienen ningún problema en hacerlo: los miembros de la OCDE. Los que son auténticos paraísos fiscales no van a firmar y no afrontarán ”ninguna consecuencia“. ”Mi conclusión es que los paraísos fiscales van a seguir existiendo y se van a seguir utilizando“.
Miguel Urban, de Podemos, considera que se ha avanzado “muy poco” en esta materia y cree que los criterios de la lista que está elaborando Bruselas “son laxos”: “Hay muchas formas diferentes para que un país salga de ese listado llegando, por ejemplo, a acuerdos unilaterales con otros países”.
En su opinión, que no exista ese listado ni se implanten mecanismos más firmes se explica porque, “para empezar, a la propia institución europea y a los gobiernos parece que les preocupan más los nombres que la existencia de la evasión y el robo a gran escala. Además, también se necesitaría la unanimidad del Consejo, y en este caso Luxemburgo se niega tajantemente; y aún es más difícil teniendo a Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea”.
