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Un grupo de diputados se reúne con la cúpula de la CNMC en pleno debate sobre la división del regulador

El presidente y los directores generales del organismo explican el funcionamiento del ‘superregulador’ a siete miembros de la Comisión de Economía del Congreso

En la reunión, la primera de este tipo, no se trató la posible escisión del organismo en dos entidades independientes, pactada por PP y Ciudadanos

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La CNMC pide más competencias y poder sancionador y plantea "retocar" la ley

Comparecencia del presidente de la CNMC en el Congreso en octubre pasado. EFE

Siete diputados de la Comisión de Economía del Congreso se han reunido este martes en la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con el presidente del organismo, José María Marín Quemada, y sus directores generales. La reunión es la primera de estas características y se produce en pleno debate sobre la posible división del regulador en dos entidades independientes, una de regulación de los mercados y otra de defensa de la competencia.

Esa escisión es uno de los “compromisos para mejorar España” que acordaron en agosto el PP y Ciudadanos en su pacto de investidura y tiene en el punto de mira al regulador, cuyo modelo (implantado en 2013) nunca ha convencido al PSOE.

Al encuentro, que se prolongó durante toda la mañana, acudieron, según fuentes parlamentarias, el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Arturo García-Tizón (PP), el vicepresidente segundo, Manuel Blasco (PP), y otros cinco diputados: la portavoz del PP, Ana Madrazo; Óscar Galeano y Ricardo García (PSOE); Vicente Ten (Ciudadanos) y Rosa Martínez (Equo). La mayoría son diputados que acaban de aterrizar en el Congreso. No hubo presencia de nacionalistas.

Según fuentes presentes en el encuentro, en la reunión los responsables de la CNMC no hablaron de ese posible troceo del organismo, surgido de la fusión, entre otros, de la antigua comisión de Competencia y los reguladores sectoriales de energía, telecomunicaciones o sector postal. 

La cúpula de la CNMC explicó el funcionamiento de la institución y, entre otras cuestiones, puso de manifiesto su preocupación por un reciente dictamen de la Comisión Europea que acusa al Gobierno español de invadir competencias del regulador al haberle arrebatado, entre otras atribuciones, la potestad de fijar los peajes eléctricos (la parte regulada del recibo de la luz). Otros temas tratados en el encuentro fueron la situación de Correos o la pobreza energética.

Lobby en Bruselas

La CNMC está intensificando sus contactos de cara a su posible partición. Según avanzó Cinco Días, Marín Quemada se reunió la semana pasada en Bruselas con la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, y con las autoridades nacionales de competencia de todos los países de la UE para intentar recabar apoyos en contra del posible troceo del organismo.  

Esta reunión con diputados es similar a las que organizan desde hace tiempo el Banco de España, la CNMV o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y es fruto de la invitación que cursó Marín Quemada el 19 de octubre a los miembros de la Comisión de Economía de la Cámara Baja.

Entonces, el máximo responsable de Competencia instó a los parlamentarios a visitar las dependencias de la CNMC “en próximas fechas, para algunas sesiones de trabajo que nos permitan explicarles, en nuestra sede y con mayor detalle, de la mano también de nuestros directivos, las actividades que llevamos a cabo en el día a día. Creo que a la CNMC nos beneficiará y nos beneficiará mucho”. La intensa actividad parlamentaria de este martes, con eventos como la comparecencia de la ministra Fátima Báñez en la Comisión del Pacto de Toledo, mermó la asistencia al encuentro.

En la reunión, la cúpula de Competencia también trasladó a los diputados sus preocupaciones por las limitaciones de personal que sufre el organismo, por tener un presupuesto limitativo. El Comité de Empresa de la CNMC en Madrid intentó, sin éxito, entregar a los parlamentarios un documento en el que exponen sus reivindicaciones, entre ellas, el incumplimiento del convenio colectivo, la falta de recursos de las direcciones sectoriales y un diseño institucional “que discrimina al personal laboral y niega la promoción profesional que reconoce como derecho el Estatuto de los Trabajadores”.

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