Una huelga de transporte paraliza Argentina en año electoral

Sindicatos argentinos del transporte paralizaron hoy Argentina con una huelga para exigir menos retenciones fiscales a los trabajadores, a menos de siete meses de los comicios presidenciales para elegir al sucesor de Cristina Fernández.

El paro, convocado por una alianza de gremios del transporte a los que se sumaron la facción opositora de la Central General de Trabajadores (CGT), liderada por Hugo Moyano, exaliado del kirchnerismo y convertido en uno de sus más acérrimos adversarios, afectó a otros sectores, como la banca.

Los gremios exigen modificar el impuesto a las Ganancias, aplicado a los salarios superiores a 15.000 pesos mensuales (1.700 dólares), un reclamo al que se opone el Gobierno con el argumento de que sólo afecta “al 10% de los trabajadores” mejor pagados.

El Aeroparque porteño no operó hoy y todos sus vuelos domésticos y regionales fueron reprogramados, mientras que en el aeropuerto internacional de Ezeiza una veintena corrieron la misma suerte o fueron desviados a Montevideo.

Debido al paro no circularon trenes, autobuses, subterráneos (metros) ni hubo transporte de carga ni recolección de residuos.

Los puertos, los bancos, las gasolineras y los tribunales permanecieron sin inactividad, mientras que varios hospitales atendieron solo emergencias y muchas escuelas vieron alterada su rutina por la ausencia de numerosos profesores que no lograron llegar a su puesto de trabajo.

Las calles de Buenos Aires amanecieron semidesiertas porque muchos trabajadores optaron por quedarse en casa ante la falta de transporte público, la escasa disponibilidad de taxis y los cortes de calles realizados por agrupaciones de izquierda en los principales accesos a la ciudad.

La bicicleta se convirtió en un medio de transporte alternativo para algunos empleados, como el funcionario Darío Leonti: “Son gente como yo, que quisimos cubrir una guardia mínima y vinimos con lo que pudimos”.

Los principales líderes sindicales coincidieron en calificar como “total” la huelga y amenazaron con un nuevo paro de 36 horas en dos semanas si el Ejecutivo de Fernández no atiende a sus demandas.

“El Gobierno dice que somos los que más ganamos. ¿15.000 pesos (1.700 dólares) es un gran salario? Pobres los otros compañeros que ganan 5.000 pesos, que es un sueldo de hambre”, cuestionó el secretario general del gremio ferroviario La Fraternidad, Omar Maturano, en la emisora Nacional Rock.

“Nos estamos movilizando en exigencia de un aumento salarial, contra la precarización salarial”, dijo a Efe Demián García, delegado de la junta interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) del Ministerio de Economía en el Puente Pueyrredón, uno de los accesos bloqueados hoy.

García aseguró que las protestas seguirán en los próximos meses “no solo contra el Gobierno sino también contra todos los sectores empresarios que son los que también mantienen en situaciones de precarización y miseria laboral a un montón de trabajadores de todo el país”.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, criticó el carácter “político” de la huelga y destacó que “hubiera trabajado el 95% de la gente, pero no pueden porque no tienen con qué viajar”.

A diferencia del oficialismo, candidatos presidenciales de la oposición han prometido revisar el controvertido impuesto si vencen en los comicios del próximo 25 de octubre.

“Desde el 1 de enero del año que viene, los trabajadores no van a pagar más Impuesto a las Ganancias”, anticipó hoy el titular del Frente Renovador, el peronista disidente Sergio Massa, uno de los mejor situados en la carrera presidencial, según las encuestas.

Según la consultora Analytica, el paro provocará pérdidas a la economía argentina de al menos 3.000 millones de pesos (340 millones de dólares).

De acuerdo al informe, difundido hoy por diarios económicos locales, Argentina produce bienes y servicios por un total de 17.000 millones de pesos (1.927 millones de dólares) diarios, de los cuales la intermediación financiera y el transporte suman 1.500 millones de pesos (170 millones de dólares) y la industria y el comercio, otros 5.000 millones de pesos (567 millones de dólares).

Esta es la cuarta huelga convocada por los sindicatos durante el gobierno de Cristina Fernández, que afrontó el último paro general el pasado agosto, cuando centrales opositoras, con el apoyo de movimientos de izquierda y sectores rurales organizaron una protesta de 36 horas en rechazo de las políticas del Ejecutivo.