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Entran en vigor las subidas de impuestos anunciadas por el Gobierno
La modificación del Impuesto de Sociedades y la subida de los impuestos especiales que gravan el alcohol y el tabaco entran hoy en vigor, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) que publica el real decreto-ley de medidas tributarias para la consolidación de las finanzas públicas.
Las medidas, aprobadas ayer en Consejo de Ministros, supondrán un impacto estimado de recaudación adicional por importe de 4.800 millones de euros. El grueso, de largo, lo lleva el aumento del Impuesto de Sociedades, que recaudará 4.650 millones más gracias a los agujeros del sistema que prevé cerrar, limitando deducciones y bonificaciones.
Además, 50 millones de euros procederán de un repunte del 5 % en el impuesto del alcohol (que no afecta ni al vino ni a la cerveza), y otros 100 millones de la modificación del impuesto del tabaco para adaptarlo a la normativa europea.
El real decreto también procede a prorrogar durante 2017 el Impuesto sobre el Patrimonio “en aras a contribuir a mantener la consolidación de las finanzas públicas, fundamentalmente de las comunidades autónomas”.
El salario mínimo
También incluye una disposición adicional por la que se encomienda al Gobierno fijar, de acuerdo al artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, el salario mínimo interprofesional para 2017 en 707,6 euros, lo que supone una subida del 8 %.
“El Gobierno -dice la disposición- considera conveniente incrementar el salario mínimo teniendo en cuenta la mejora de las condiciones generales de la economía”.
Asimismo, reconoce que los incrementos de tope máximo de base de cotización, así como el límite máximo de las pensiones, que se realicen con posterioridad al real decreto se deberán ajustar “a las recomendaciones” del Pacto de Toledo y a los acuerdos del diálogo social.
Sin embargo y aunque está incluido en el decreto, no entra en vigor hasta el 1 de enero de 2017, la eliminación de la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de determinadas obligaciones tributarias.
Así se suprime la excepción normativa que abría la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de las retenciones e ingresos a cuenta y de pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades.
