Extremadura expropiará viviendas a los bancos que desahucien familias sin recursos

El disfrute de una vivienda digna y adecuada, de acuerdo con la Constitución Española, es un derecho fundamental de carácter social de todos los ciudadanos.

Así reza el anteproyecto de ley de emergencia social de la vivienda de Extremadura, que la Junta ha sacado a información pública por un periodo de quince días.

Al igual que ya planteara Andalucía, esta norma apuesta por la expropiación temporal forzosa de viviendas a los bancos por un periodo de hasta tres años.

El texto se justifica en la necesidad de asegurar el derecho habitacional a familias en riesgos especiales de emergencia social, en procedimientos de desahucio por impago de la hipoteca y sin capacidad de hacer frente al pago.

Argumenta las expropiaciones en que, una vez agotadas todas las vías de solución habitacional, se declara de interés social la expropiación forzosa de la vivienda a los bancos. Además la medida se extenderá a viviendas públicas propiedad de la Junta, por un periodo de dos años.

“Esperamos no ponerlo en marcha”

El consejero de Política Social, José María Vergeles, ha transmitido que el proyecto aspira a publicarse, pero con el objetivo de que “no tengamos que ponerlo en marcha”. Es decir, emplaza a todas las entidades bancarias que operan en Extremadura a alcanzar un acuerdo que permita que ninguna familia que adeuda por falta de recursos se vaya a la calle.

“Un documento de consenso que no veo difícil”, y que aspira a ser una “garantía más para los ciudadanos”. Añade Vergeles que en caso de que no se consiguiese por las buenas, “tendríamos que aplicar penalizaciones económicas a aquellas entidades con viviendas vacías, y hubiese gente que desde el punto de vista social necesitara una vivienda”.

Más opiniones

El Grupo Parlamentario de Podemos ha transmitido a este diario que se trata de una medida que su partido también incluía en el programa electoral, y advierte de que el Gobierno regional “lleva hablando de ello desde octubre”. “Que dejen de hacer titulares con esto y lo lleven a la práctica ya”.

Del mismo modo desde Ciudadanos, la diputada María Victoria Domínguez comparte que se trata de una buena idea, que su partido también incluía de manera similar en el programa, y reclama que salga adelante cuanto antes. Más allá de los matices que puede encontrar en el anteproyecto de ley, incide en que es necesario dar respuesta a los casos de emergencia social.

Campamento Dignidad ha transmitido su deseo de que este planteamiento “no que quede en papel de fumar”, y salga adelante.

Fuentes del campamento advierten que antes que nada la Junta debería de paralizar los expedientes de viviendas de titularidad pública, que sitúa en 1.300. Reclama además la necesidad de obligar a la Sareb (el banco malo) a poner el parque de viviendas sin habitar que tiene en alquiler social.

“Un drama social”

Se refiere la Junta el proyecto de ley en la situación de emergencia social, “provocada por dramas humanos, que han conseguido que sea el propio derecho a la vida el que se haya truncado”. Pone el acento en una actuación urgente de los poderes públicos, en sus respectivos ámbitos competenciales, dirigidos a la salvaguarda de los derechos fundamentales y estatutarios que van ligados con el uso y disfrute de la vivienda habitual.

Justifica la norma en el interés de promover un compendio de medidas sobre la vivienda deshabitada de primera residencia y declara de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio.

Excepciones y beneficiarios

Las excepciones son, en primer lugar, que se acredite que el lanzamiento ha sido suspendido por aplicación del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, o la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

También que se acredite que la entidad ha concertado un alquiler asequible con el titular de la vivienda objeto de ejecución hipotecaria por un mínimo de tres años. A estos efectos se entenderá por alquiler asequible aquel cuyo precio que no exceda del previsto en el plan autonómico de vivienda para una vivienda protegida de régimen especial de nueva construcción, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar.

Se considerará que se encuentran en especiales circunstancias de exclusión o emergencia social, personas que se enfrenten a un desahucio de su vivienda habitual, tener la condición inicial de propietarios y deudores hipotecarios, y que el procedimiento de ejecución sea consecuencia del impago de un préstamo concedido para la adquisición de la vivienda habitual.

Además que las condiciones económicas de la persona hayan sufrido un importante menoscabo, provocando una situación de endeudamiento sobrevenido. Se entenderá que las circunstancias económicas han sufrido un importante menoscabo cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por, al menos, 1,5 y ello suponga más de un tercio de los ingresos familiares. O de igual forma, que el conjunto de ingresos de la unidad familiar no supere 3 veces el valor del Indicador público de renta de efectos múltiples.

Mediante Decreto del Consejo de Gobierno se declarará, previa información pública y motivadamente, el interés social y la necesidad de urgente ocupación a efectos de expropiación forzosa temporal del uso de viviendas. Otra de las cuestiones es que el procedimiento de expropiación forzosa se iniciará mediante solicitud de la persona interesada, que deberá cumplir con los requisitos.

Junto con su solicitud deberá aportar la documentación acreditativa, y una vez analizado el cumplimiento de los requisitos se dictará Resolución por el Director General con competencias en materia de vivienda, declarando lo procedente.

La persona beneficiaria quedará obligada al pago a la Administración expropiante de una cantidad en concepto de contribución al pago de justiprecio, en cuantía no superior al 30% de los ingresos de la unidad familiar que conviva en la misma, ni superior a la cuantía del justiprecio, añade Efe.