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EXTREMADURA

La finca que Mérida cedía a precio de saldo era para montar un área de servicio, con gasolinera, hotel y lavadero

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales tumbó por la adjudicación, que ofrecía 16 hectáreas por 6.300 euros al año

El Ayuntamiento que preside Acedo licitó dos veces en un año el proyecto, que tiene muchas similitudes con el que presentó un empresario unos meses atrás

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Pedro Acedo, alcalde de Mérida

Pedro Acedo, alcalde de Mérida

Suelo muy barato, a precio de saldo, para explotarlo durante 99 años. Un sueño para cualquier emprendedor, pero se trata de suelo público, propiedad del municipio de Mérida, que en el dos ocasiones en el plazo de un año el Ayuntamiento sacó a licitación. En ambas a precio tan barato que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales lo tumbó en dos ocasiones; la primera en octubre de 2013 y la segunda, esta misma semana.

No solo chirría el importe por el que el ayuntamiento quería adjudicar 16 hectáreas (6.300 euros al año, 50 veces por debajo del precio real). También lo hace el hecho de que el proyecto fuera licitado como un estacionamiento de vehículos pesados.

La realidad es otra, según fuentes de la oposición emeritense. La futura empresa adjudicataria pretendía construir un área de servicio que estaba compuesta de una gasolinera, un hotel de varias plantas, un alojamiento para caravanas, estacionamiento para vehículos pesados, estacionamientos para turismos, restaurantes, zona de juego infantiles, lavadero de vehículos.

Esto significa que se trata de un área de servicio completa, que habría explotado un empresario (al que la oposición pone nombres y apellidos en privado, por ahora) durante 99 años, a un precio de amigo.

Fallos de principio a fin

Son muchos los detalles de este caso que hacen pensar a los tres grupos de oposición que se trata de un caso de corrupción política en toda regla.

En primer lugar porque el mismo tribunal que ha desestimado el proyecto ya lo hizo en primera instancia en 2013. El ayuntamiento que dirige el popular Pedro Acedo no lo reformuló en absoluto. Volvió a sacarlo a licitación. Y ahora, esta semana, el Tribunal lo ha vuelto a tumbar. Es decir, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha estimado desfavorablemente, por segunda vez, y con los mismos argumentos, el recurso que ya había interpuesto IU-Mérida anteriormente.

Pero hay elemento que aún resulta más sospechoso para todos los grupos de la oposición para apuntar hacia un posible delito: Pedro Acedo y su equipo de gobierno querían adjudicar el terreno de la finca Royanejos a un empresario privado por un valor 50 veces inferior al que corresponde según la legislación vigente. 16 hectáreas de dehesa, al lado de una autovía, por 6.000 euros al año, durante 99 años, todo un chollo.

“Oscuras intenciones de inicio a fin”

Un año antes de que el ayuntamiento lo licitara, un proyecto muy similar a este llegó a las manos de la Delegación de Urbanismo y fue acogido por mucho interés por el gobierno local, tanto que incluso se presentó públicamente a los medios de comunicación.

El Grupo Municipal Socialista explica que este es el motivo por el que llevó el caso a la Fiscalía, rogándole que estudiara el evidente “expolio” que hubiera supuesto para el patrimonio municipal. “Presumimos que se lo querían adjudicar a una empresa “amiga” que, nos atrevemos a asegurar que es la que presentó el Proyecto en 2012”. Lo quería hacer mediante el pretexto de una licitación encubierta, y que no garantizaba la igualdad de oportunidades a todos los empresarios de la ciudad, razona la portavoz Estrella Gordillo.

Tanto IU como SIEX comparten estos argumentos y no dudan en señalar que Pedro Acedo ha intentado “enmascarar” una licitación hecha a medida.

“No sabe distinguir entre el patrimonio público y el privado”

Para IU-Mérida, la insistencia del equipo de gobierno en conceder estos terrenos en condiciones especialmente favorables para un empresario local, y más allá de la legalidad vigente, “es una evidencia de la utilización del patrimonio municipal en beneficio de los empresarios afines al Partido Popular”. “No sabe distinguir entre el patrimonio público y el privado”.

En la misma línea el ex alcalde y concejal Antonio Vélez pone de manifiesto que se trata de un asunto que huele a “podrido” y exige la inmediata dimisión del alcalde. Así coincide en que había una clara y premeditada intención de favorecer los intereses privados de un empresario.

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