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EXTREMADURA

Un juzgado obliga a cambiar el nombre de Guadiana del Caudillo en Badajoz

Es la primera sentencia en España que obliga a cambiar el "apellido" a un pueblo en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica

El alcalde de esta localidad, diputado provincial, fue uno de los dos cargos del PP extremeño que acudió a una cena de la Fundación Francisco Franco a recoger un premio. El ayuntamiento anuncia que recurrirá el fallo

La Junta de Extremadura estudia retirar ayudas a los municipios que incumplan la normativa estatal

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El apelativo a Franco desapareció de esta señal de tráfico / Google Maps

El apelativo a Franco desapareció de esta señal de tráfico / Google Maps

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Badajoz ha estimado un recurso del PSOE que obliga al Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo (Badajoz) a cambiar la denominación del municipio y elaborar un catálogo con los vestigios franquistas.

El secretario provincial del PSOE en Badajoz, Rafael Lemus, ha señalado que es la primera sentencia en España que obliga a iniciar los trámites legales para cambiar el "apellido" a un pueblo en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, y puede sentar jurisprudencia.

Contra el fallo cabe recurso, aunque los socialistas de Badajoz advierten al PP de que, en caso de hacerlo, sería un comportamiento inaudito en democracia. 

En este sentido, han criticado el “comportamiento fariseo” del PP en torno a la memoria histórica, teniendo en cuenta que el alcalde de Guadiana del Caudillo y diputado provincial, Antonio Pozo, fue uno de los dos cargos del PP de Extremadura que acudió a una cena organizada por la Fundación Francisco Franco a recoger un premio.

La sentencia

La sentencia es la respuesta a un recurso que presentó el PSOE contra el acuerdo del pleno del 29 de abril de 2016 por el que se rechazaba la moción del Grupo Municipal Socialista para cambiar el nombre de la localidad. En la petición se solicitaba la realización de los trámites para eliminar el topónimo "Caudillo" de la denominación del municipio y se instaba a elaborar un catálogo de los vestigios de la Guerra Civil en el mismo, según ha informado Efe.

Una vez que la sentencia sea firme, el Ayuntamiento deberá proceder a votar el cambio del nombre en el pleno municipal, una vez que haya recibido un informe de la Diputación de Badajoz y que haya sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

Fuentes del PSOE aclaran que en caso de que el pleno vote en contra de la moción que insta a acabar con el topómino franquista (el PP tiene mayoría absoluta) se estaría incumpliendo la Ley de Memoria Histórica. 

Retirada de subvenciones 

La Junta de Extremadura estudia retirar sus ayudas a los municipios que incumplan la Ley de Memoria Histórica, como ya ha planteado la Diputación de Badajoz.

El portavoz socialista recuerda que se trata de una cuestión que ya ha planteado la Diputación de Badajoz, y que "tiene mucho sentido". A su juicio si los empresarios o ciudadanos están inhabilitados para recibir ayudas públicas si no están al día con el cumplimiento de la ley, lo mismo sería trasladable a una entidad municipal, en este caso ante una normativa "tan importante desde el punto de vista social", informa Efe.

Monago Guadiana

Monago el día que se conmemoró la segregación de Guadiana, que conservó el topónimo 'Del caudillo' pese a estar vigente la Ley de Memoria Histórica

El ayuntamiento recurre el fallo

El Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo ha emitido un comunicado en el que anuncia que recurrirá la sentencia al entender que contiene una “contradicción”. Según dice, el fallo alude al decreto de entidades locales para cambiar el nombre, pero “ignorando” que se necesita del acuerdo de pleno de las dos terceras partes o la mayoría absoluta.

“Está claro que en este momento la mayoría del numero legal de Concejales de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo (PP) no está por la labor de aprobar el cambio de la denominación, por ser algo sustancial al municipio, desde su origen, al no afectar a la Ley de la Memoria Histórica y ser contrario a la libertad ideológica consagrada en la Constitución”, señala el Consistorio, a quien defiende el letrado Milans del Bosch.

Dice el ayuntamiento que una cuestión distinta sería que el catálogo de vestigios franquistas incluyera a la denominación del municipio, en base al artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica.

Los letrados del PSOE no lo entienden así y trasladan a este diario que el cambio de denominación tiene que pasar por pleno, pero como un trámite legal necesario para iniciar el fallo de la sentencia que insta al cambio de la denominación del pueblo.

En todo caso, apunta, no puede aprobarse un acuerdo plenario en contra de una ley que en su artículo 15 recoge que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. 

La placa franquista, con el cristal blindado y la cámara de seguridad recién instalados

La placa franquista, con el cristal blindado, instalada en la fachada de Guadiana del Caudillo

Una sentencia de especial relevancia

Se trata de una sentencia que cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que la mayoría absoluta del PP ha tumbado esta legislatura dos mociones del PSOE que instaban a cambiar el nombre del pueblo y a elaborar los símbolos franquistas que perviven en la actualidad. Testigos vivos de los honores al golpe militar y al dictador que inauguró este pueblo de colonización del Plan Badajoz.

No se trata de la primera sentencia que obliga al ayuntamiento a cumplir la Ley de Memoria Histórica. En octubre de este año el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Badajoz emitió un fallo que obliga al municipio a confeccionar este listado tras la denuncia interpuesta por el abogado Eduardo Ranz, en cumplimiento del artículo 15.3 de la  Ley de Memoria Histórica.

Para el letrado madrileño es la primera victoria, a la que puede acompañar una orden definitiva que haga desaparecer por completo los honores a Francisco Franco Bahamonde del nombre del pueblo. Una vez que el catálogo esté concluido, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, la denominación deberá desaparecer de inmediato según aclara el abogado madrileño.

Guadiana y Franco

Meses atrás la placa franquista que preside la fachada del Ayuntamiento de la localidad apareció rota a martillazos. Muchos presagiaban el final de un emblema antidemocrático que había sobrevivido al paso de los años, y que recuerda el paso del dictador Francisco Franco en 1951 “como ofrendas a sus constantes entusiasmos en pro de la labor colonizadora” del Plan Badajoz de embalses.

En contra el ayuntamiento que preside Antonio Pozo restauró la placa con los honores a Franco acompañado del escudo del Águila de San Juan para instalarlo de nuevo en la fachada, en esta ocasión con un cristal blindado. Fueron varias las voces vecinales que transmitieron a este diario su malestar por el hecho de que el regidor protegía la placa franquista como si fuera un ‘Picasso’.

El caso de Guadiana del Caudillo es digno de análisis en cualquiera de sus vertientes. En los capítulos de acontecimientos se suma la presencia del alcalde y diputado provincial a la cena organizada por la Fundación Francisco Franco, a donde fue a recoger un premio con motivo del 124 aniversario del dictador.

Hay un ingrediente más, el hecho de que la localidad logró su segregación de la ciudad de Badajoz aun conservando el topónimo alusivo al dictador Francisco Franco. Lo hizo en 2012 bajo el Ejecutivo de José Antonio Monago, y con una Ley de Memoria Histórica vigente por aquellos entonces.

Antes de la segregación el entonces alcalde pedáneo Antonio Pozo (ahora actual regidor) montó una consulta ‘popular’ a la que llamó a participar a los 2.500 habitantes de la localidad en torno al mantenimiento o no del apellido ‘Del Caudillo’. Una consulta que no siguió ningún proceso legal, conforme a la legislación que regula estos procesos y que se desarrolló en un colegio (un espacio público).

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