UPA-UCE exige que se esclarezca la verdad y la inocencia de Huertas y Alcón
UPA-UCE de Extremadura ha publicado que no renuncia a que se esclarezca la verdad y se ratifique la inocencia de sus dirigentes regionales Ignacio Huertas y Maximiano Alcón, máxime “ante la reiteración de argumentos insostenibles para denegar la libertad a Ignacio Huertas”.
Mediante un comunicado, la organización profesional agraria ha señalado que de las pruebas y documentación existentes en la instrucción judicial no se desprenden indicios de la comisión de ningún delito, por lo que insiste en la puesta en libertad de sus dirigentes.
UPA-UCE ha calificado como “inaudito” el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Mérida que deniega la libertad a su secretario de Organización, Maximiano Alcón, que su defensa recurrirá.
Con este auto “se deniega la libertad de una persona inocente de cualquier delito penal, sin antecedentes, que acumula más de dos meses de prisión provisional”.
La entidad agraria subraya su “absoluto rechazo” a que “se infravalore el contenido del informe aportado por la Junta de Extremadura y se minimicen los errores en la instrucción policial que han provocado conclusiones erróneas y acusaciones infundadas”.
Para ella es “de todo punto infundado y pretencioso que el auto diga que no resulta por el momento definitivo el informe presentado (por la Junta), cuando el mismo ha dado cumplida respuesta a todos y cada uno de los requerimientos de información solicitados”.
Añade que “si bien es cierto que la información objetiva que contiene el informe, respaldada por la actuación de funcionarios públicos que han desempeñado su labor en la administración regional bajo gobiernos de distinto signo”, sólo “se desmontan las conclusiones a las que precipitadamente llegó una instrucción policial viciada por graves errores y exculpar a UPA-UCE”.
Policía enmendando la plana a funcionarios
“No es posible”, añade UPA-UCE, que una instrucción policial que haya “dejado manifiesta su falta de capacidad para interpretar correctamente las normas comunitarias, estatales y autonómicas que regulan la prestación de servicios de asesoramiento a explotaciones pretenda enmendar la plana a los funcionarios que, en el ejercicio de sus competencias, han realizado el control administrativo de los expedientes”.
Se ha comprobado, continúa la entidad, “la prestación del servicio y verificado su idoneidad mediante controles sobre el terreno en el que han estado presentes”.
Asimismo, UPA-UCE asevera que no entiende “cómo un auto judicial puede minimizar graves errores en la instrucción policial que sirve de base para sostener que UPA-UCE no prestó el servicio”.
Entre esos datos “reveladores” menciona “la inmensa mayoría” de los agricultores que, en fase de secreto de actuaciones, fueron llamados a prestar declaración en dependencias policiales sin asistencia letrada y “sin que fueran mediatizados por persona alguna de UPA-UCE y presionados por el interrogatorio al que les sometió la Guardia Civil”.
Añade que “recibieron el servicio satisfactoriamente” y que “debería haber bastado para pensar que, con carácter general, el servicio de asesoramiento fue prestado correctamente”.
Por todo esto, UPA-UCE de Extremadura reitera que la instrucción judicial “ni puede validar una instrucción policial viciada que induce a errores ni debe restar valor a los informes emitidos por la administración competente, que aseguran que el servicio se prestó correctamente y exculpan a UPA-UCE, a sus dirigentes y a sus trabajadores”.
“En definitiva -concluye la organización en su nota-, la libertad de Ignacio Huertas y Maximiano Alcón es en estos momentos una obligación exigible a la Justicia a la vista de los hechos y las pruebas que obran en la instrucción”.
