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Para qué sirve el periodismo: cinco años de eldiario.es

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¿Para qué sirve el periodismo? Hay respuestas tan diversas como probablemente correctas. Para explicar el mundo, para contar lo que alguien no quiere que se sepa, para escribir el primer borrador imperfecto de la historia, para garantizar la democracia, para hacer preguntas incómodas, para buscar las respuestas… Según Albert Camus, periodismo es “no mentir y saber confesar lo que se ignora”. Según Noam Chomsky, en su modelo sobre la propaganda, es el servicio de relaciones públicas de las élites. Según Marty Baron, periodismo es pedir cuentas al poder.

Este lunes, 18 de septiembre, eldiario.es cumple cinco años. Nacimos en el peor momento posible, en plena crisis económica, cuando el periodismo en España era más débil y más necesario que nunca. En estos cinco años hemos pasado de ser un medio pequeño y combativo a un diario grande e igualmente combativo. Nos hemos situado entre los periódicos más leídos e influyentes de España siendo fieles a nuestros lectores y a nuestros valores fundacionales. Este domingo lo celebraremos en Madrid, mirando al futuro, porque creemos que lo mejor está por venir.  

En los próximos días os contaré con el detalle habitual nuestras últimas cuentas: los ingresos y gastos del primer semestre de este 2017. Os adelanto algo: seguimos creciendo, seguimos contratando a periodistas, seguimos siendo rentables, y por eso podemos permitirnos el lujo de seguir siendo libres. No tenemos deudas y los periodistas que fundamos eldiario.es somos, como el primer día, los dueños de la redacción. No debemos nada a nadie. Solo a los socios y socias de eldiario.es.

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Parar las urnas a cualquier precio

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Puede que el 1 de octubre en Catalunya haya urnas, papeletas y varios millones de votantes, pero ese día no se celebrará un referéndum de autodeterminación. No lo será, igual que no lo fue el 9N. No lo será porque no parece que vayan a participar gran parte de los quieren seguir en España, porque no cuenta con respaldo internacional, porque no cumple con la legalidad más básica, porque no tiene garantías democráticas y porque no dará lugar a una república catalana el 2 de octubre, sea cual sea el resultado de la votación.

No habrá referéndum de autodeterminación aunque se llegue a votar, igual que se votó el 9N de 2014. Por eso es tan peligrosa la respuesta que puede llegar a adoptar el Gobierno central en su estrategia de frenar las urnas a toda costa. Porque esa estrategia defiende algo muy distinto a la unidad nacional: la palabra de Mariano Rajoy y su reputación ante los suyos.

El presidente del Gobierno se sintió engañado el 9N. Desde la Generalitat –dicen fuentes del Gobierno– le aseguraron que no habría referéndum y después se encontró con urnas, con recuento, con un centro de datos y con la foto de Artur Mas votando en las portadas de la prensa internacional. Rajoy quedó en evidencia ante una parte de la derecha española, que criticó que el Gobierno tolerase esa votación. Por eso esta vez no quiere que le vuelva a pasar.

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La imparcialidad del juez Yusty

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Vender cannabis es ilegal en España. Manifestarse a favor de la legalización del cannabis es legal.  La monarquía es el sistema político vigente en España. Hacer un acto a favor de la república es legal. Matar a un toro en la plaza es legal en España. Protestar contra la tauromaquia también es legal. Y el referéndum que ha puesto en marcha la Generalitat catalana también es ilegal –ni ellos mismos ocultan que es una desobediencia a la Constitución–, pero manifestarse a favor del derecho a decidir, en una democracia, debería ser perfectamente legal.

El auto que ha firmado el juez José Yusty para prohibir ese acto convocado en Madrid a favor del derecho a decidir es un despropósito jurídico que solo se explica cuando se descubren las filias y fobias políticas de este magistrado conservador. Alguien que firma  manifiestos a favor de la unidad de España debería haberse inhibido ante una decisión así. La apariencia de imparcialidad es un requisito imprescindible en el Estado de derecho que Yusty, en este tema y en muchos otros, dista mucho de cumplir.

La opinión del juez Yusty sobre la unidad de España no es el único motivo por el que debería haberse inhibido ante esta decisión. También lo es su animadversión contra la alcaldesa Manuela Carmena, cuyo ayuntamiento cedió un local público para este acto por el derecho a decidir.

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Choque de credibilidades

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Se equivocaban aquellos que pensaban que el president Carles Puigdemont y la mayoría que lo respalda en el Parlament catalán iban de farol en un juego del gallina, que frenarían antes del choque, antes de la ruptura institucional. El esperpento vivido en el Parlament catalán demuestra que la apuesta iba en serio, que ya no hay marcha atrás. Dudo que este tren vaya a llegar a destino, pero tampoco va a frenar, pasando por encima de los procedimientos parlamentarios, del derecho de las minorías, del orden constitucional y del principio de legalidad.

La ley lanzada a toda prisa y sin frenos tiene un primer objetivo: buscar la respuesta más dura y contundente del Gobierno central y del Tribunal Constitucional antes de la Diada; que sea la reacción a esta embestida quien alimente la movilización independentista. Si es un choque de legitimidades, que sea la falta de legitimidad de las devaluadas instituciones españolas quienes legitimen la ruptura con un nuevo error. 

Entre otras causas, esta crisis de Estado también nace ahí: en el deterioro sistemático de la credibilidad de las instituciones que hoy han de dar respuesta ante esta situación. Un presidente del Gobierno que dice que hay que cumplir la ley y que preside un partido que se ha financiado en negro desde que se fundó. Un ministro de Justicia y un fiscal general del Estado que han sido reprobados por la mayoría absoluta del Congreso pero se resisten a dimitir. Un Consejo de Estado presidido por el único extesorero del PP, José Manuel Romay Beccaría, que no está imputado por corrupción. Un Tribunal de Cuentas  podrido de nepotismo y que ha estado presidido por  un donante de esa misma contabilidad B del PP que estaba obligado a fiscalizar. Unas fuerzas policiales donde anidó una brigada política contra los enemigos del Gobierno. Y un Tribunal Constitucional politizado de raíz, cuya respuesta ante el electoralista recurso del PP contra el Estatut es el origen de este incendio, y cuya velocidad de respuesta es asimétrica: lo mismo te anula una ley en siete horas que te aparca durante siete años el recurso contra la ley del aborto, aún pendiente de resolución.

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Las mentiras de Mariano Rajoy en su comparecencia sobre la Gürtel

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Rajoy sube a la tribuna en el pleno de hoy.

"Me he sometido siempre al control de esta Cámara porque es mi obligación como presidente”.

Falso. Desde que es presidente, lo que Rajoy se ha tomado como obligación es eludir el control del Parlamento siempre que ha tenido ocasión. En los años de la mayoría absoluta, ni siquiera permitió que el Congreso debatiese el rescate de España, un asunto que se discutió en el Parlamento alemán pero no en el español.

Cuando perdió esa mayoría, Mariano Rajoy se pasó el año sin gobierno negándose a comparecer en el Congreso con la excusa de que estaba en funciones. Y ahora su partido ha recurrido ante el Constitucional la comisión de investigación sobre las cuentas del PP que votó la mayoría de la Cámara, incluidos los propios diputados del PP.

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Quién es la fiscal general venezolana destituida por Nicolás Maduro

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Luisa Ortega, exfiscal general de Venezuela.

1. ¿La primera decisión de la Asamblea Constituyente de Venezuela? Destituir a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que en los últimos meses se había convertido en una “traidora” para el Gobierno y en una heroína para una parte de la oposición. Es la fiscal general que ha acusado a Nicolás Maduro de querer “desmontar la democracia”, la que ha cuestionado la versión oficial sobre algunas de las víctimas mortales durante las últimas protestas, la que intentó investigar las denuncias de fraude en las últimas elecciones o la que quiso procesar a los jueces del Tribunal Supremo que trataron de dejar sin competencias a la Asamblea Nacional, el Parlamento donde la oposición tiene la mayoría.

Pensamos q la fiscal traidora iba al TSJ para solicitar una protección para los niños y niñas, pero no, ella esta preocupada es por su cargo

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Así lucha el PP contra la corrupción

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1. En abril de 2017 estalló el caso Lezo. Ignacio González fue detenido y la preocupación de los españoles por la corrupción se disparó en las encuestas ante el enésimo caso aislado en el PP. ¿La respuesta de Mariano Rajoy? Anunciar a bombo y platillo una oficina anticorrupción en el PP: un organismo de control interno para prevenir nuevos escándalos, vigilar la conducta de los militantes e incluso abrir investigaciones a sus dirigentes bajo sospecha.

Diez días después, el recién nombrado director de esa oficina, Manuel Cobo presentó su dimisión por motivos de salud. El PP aseguró que nombraría un sustituto en una semana. No ocurrió.

Dos meses después, el puesto sigue vacante y la oficina anticorrupción permanece inactiva. No es la primera vez.

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Lo que Rajoy no ha contado en su interrogatorio ante la Audiencia Nacional

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Los testigos que declaran ante la Audiencia Nacional se suelen sentar en una silla frente al tribunal, responden sin la asistencia de un abogado defensor y están obligados a decir la verdad. Rajoy no fue un testigo más. Se sentó en una silla privilegiada, a la derecha del tribunal, contó con la inestimable ayuda de dos abogados defensores –el de Luis Bárcenas, que interrumpió cada pregunta incómoda, y el propio presidente del tribunal– y en cuanto a decir la verdad… a la segunda ya tal.

“Mi responsabilidad era política, no económica”.

Falso. Salvo que el Partido Popular sea la única organización en España donde el presidente no tiene responsabilidad ni conocimiento alguno sobre cómo se gasta y se consigue el dinero que la hace funcionar. También debe de ser el PP el único partido cuyo director de campaña no sabe cuánto dinero tiene para los gastos electorales.

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Los datos que el Gobierno oculta

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¿Cuántos hemos pagado todos los españoles por los sobrecostes de las grandes obras públicas? Es una pregunta pertinente porque detrás de estos ‘modificados’ en el precio de las líneas de AVE, las carreteras o los aeropuertos en ocasiones se esconde corrupción o mala gestión del dinero público. Las grandes constructoras se comprometen a un precio en los concursos que rara vez cumplen. En España, la factura final casi siempre aumenta. ¿En cuánto dinero? Es un secreto de Estado, tan confidencial que el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido acudir a los tribunales para que siga estando oculto. Hablamos de cientos de millones de euros cada año.

En diciembre de 2016, eldiario.es solicitó al Ministerio de Fomento los datos sobre los modificados de la gran obra pública de los últimos años: en cuánto aumentó el precio final sobre el presupuesto de adjudicación de los concursos públicos entre 2008 y 2015, un periodo en el que el Ministerio de Fomento presupuestó 30.000 millones de euros para estas obras. El Gobierno se negó a responder, pero el Consejo de la Transparencia nos dio la razón y obligó a Fomento a hacer públicos estos datos.

¿La respuesta del Gobierno? Recurrir a los tribunales. Presentar un recurso ante la Audiencia Nacional para intentar que esa información no salga a la luz. Gastar recursos de la abogacía del Estado para que los ciudadanos no sepan cómo se emplea el dinero de sus impuestos.

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Quién es realmente la "clase media trabajadora"

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Cristóbal Montoro pretendía repetir la misma jugada populista que ya hizo hace dos años: bajar los impuestos justo antes de las elecciones. Si coló una vez, ¿por qué no dos? Pero Ciudadanos también quiere aprovechar el tirón electoral de las rebajas fiscales y ha conseguido forzar al Gobierno a reducir en 2.000 millones el IRPF para el próximo año, en contra de lo que pretendía el ministro de Hacienda.

¿Cómo se repartirá ese regalo fiscal? Es una gran incógnita que por ahora no se ha concretado. Entre otras cosas, porque Montoro prefiere una rebaja generalizada, como la que aprobó hace dos años, y desde el partido de Albert Rivera dicen buscar una rebaja para limitada a aquellos que ganan entre 12.000 y 20.000 euros. A falta de conocer los detalles, los dirigentes de Ciudadanos dicen que será una rebaja para "la clase media trabajadora", para "los que menos tienen" y para las "familias numerosas". El problema es que estas tres categorías son completamente contradictorias.

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