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Declaración de independencia

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¿Qué hará el Govern? ¿Presentará una declaración unilateral de independencia (DUI) o, antes de este punto de no retorno, frenará? La gran incógnita se despejará este martes a las seis de la tarde, con el discurso en el Parlament de Carles Puigdemont. Las dudas sobre qué decisión tomará son públicas desde que así las han manifestado varios dirigentes de su propio partido, el PDeCAT. El debate en el partido de Puigdemont es conocido, y las opciones que se discuten son dos.

Unos apuestan por mantener la hoja de ruta prevista y cumplir al pie de la letra con la llamada ley de transitoriedad: aceptar el resultado del referéndum, declarar la independencia de la república catalana y abrir un periodo constituyente… que durará lo que tarde el Senado en aprobar el 155 y suspender la autonomía.

Otros, conscientes de las implicaciones de un paso así, apuestan por retrasar la DUI, suavizar de alguna forma esta declaración o incluso pararla; ganar tiempo y evitar así perder el apoyo internacional que el independentismo consiguió gracias a las cargas policiales el 1-O. Retrasar este paso y dar un giro táctico, que no frenar.

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La paz se firma siempre con el enemigo

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“No se puede dialogar ni negociar nada con quien está fuera de la ley”, aseguran desde el PP, desde Ciudadanos, desde la inmensa mayoría de los medios y desde algunos sectores del PSOE. Es falso, por mucho que se repita o se añadan epítetos aún más gruesos ("golpistas", "delincuentes", "traidores"…). Es falso porque la inmensa mayoría de los conflictos políticos se han arreglado siempre por la política: con la negociación y el diálogo, entre partes aún más irreconciliables.

Colombia negoció con las FARC, e hizo bien. Reino Unido negoció con el IRA, y también hizo bien. Todos los partidos de gobierno negociaron con ETA, y también hicieron bien. Y la actual democracia española empezó con un pacto, el de la Transición: con un diálogo donde participaron desde las fuerzas vivas de la dictadura hasta un Partido Comunista al que el régimen franquista tachaba de terrorista.

En todos estos ejemplos, también la Transición, la paz se firmó con sangre sobre la mesa. Y si el diálogo ha sido posible y fructífero incluso negociando con asesinos, ¿por qué no se puede hablar con los independentistas, que distan mucho de haber cometido estos terribles crímenes?

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Camino hacia el desastre

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El rey Felipe VI tenía tres opciones y dos eran mejores que esta. Una era callar. La segunda, hablar para todos los españoles, también para todos los catalanes. Ha escogido la peor de todas: tomar partido sin matices por la derecha española, por el PP y Ciudadanos, con un discurso que anticipa una intervención por la fuerza en Catalunya, que cierra la puerta al diálogo, que deja fuera a la gran mayoría de los catalanes y a una gran parte de España. Ha fallado al momento histórico y a todos aquellos que aún confiábamos en que esto no terminaría en el abismo.

La situación no puede pintar peor. Nunca antes he sido tan pesimista sobre el futuro de España a largo plazo y para los próximos días. Somos rehenes, todos nosotros, de un Govern y un Gobierno de irresponsables, inútiles e incendiarios.

A un lado, unos independentistas que están convencidos de la bondad de sus actos, que anteponen la patria a todos sus ciudadanos, que llevan años preparándose para este momento, que tienen un plan claro y lo están ejecutando. Lo tienen más cerca que nunca y lo saben, y están dispuestos a que paguemos el precio.

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Rajoy rompe España

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Los independentistas tenían dos grandes estrategias para el 1 de octubre. Solo dos, y ninguna de ellas era secreta. La primera era votar: defender el derecho a decidir en las urnas, aunque fuese en un referéndum ilegal, de parte y sin garantías, que solo sirviese como forma de protesta.

La segunda, el plan B si no se lograba votar, era forzar al menos una respuesta lo más dura posible por parte del Gobierno que dejase en evidencia su falta de diálogo: luchar por el derecho a decidir en las portadas de la prensa internacional, en los vídeos de la policía disolviendo a patadas los colegios electorales.

Gracias a Rajoy, contra todo pronóstico, ambas estrategias han funcionado: la de la votación y la de la represión. El 1-O lo ha perdido Mariano Rajoy y ha sido un triunfo para los independentistas, que hoy tienen más cerca que ayer lograr su objetivo.

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Democracia es votar, pero no es solo votar

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Democracia es votar, pero no es solo votar. Democracia es también que los legisladores respeten la ley, los derechos de la minorías y los procedimientos parlamentarios. Y por eso el Parlament catalán no puede abolir la Constitución y el Estatut en una votación exprés, incumpliendo hasta el propio reglamento de la Cámara y con una mayoría de diputados que ni siquiera bastaría para modificar la ley electoral o nombrar al presidente de TV3.

Democracia es votar, pero no es solo votar. Democracia es también dialogar, fomentar la convivencia y gobernar para todos, no solo para los que te votaron. Y por eso ha sido tan nefasta como irresponsable la actitud del presidente Mariano Rajoy, que ha ignorado durante más de un lustro el problema que él mismo provocó por motivos electoralistas con el primer referéndum ilegal: su recogida de firmas contra el Estatut de Catalunya. El tijeretazo del politizado Tribunal Constitucional a ese acuerdo de convivencia que había sido refrendado por el Parlamento catalán, por el Parlamento español y por los catalanes en las urnas es el origen este trágico desgarro.

Democracia es votar, pero no es solo votar. Democracia es también que las personas confíen en las instituciones que votan. Y por eso es tan corrosivo para  la credibilidad de la democracia española que quienes defienden el cumplimiento de la ley sean un presidente cuyo partido se financió ilegalmente desde que se fundó, un fiscal general del Estado reprobado por la mayoría absoluta del Congreso, una policía donde anidó una brigada política contra los rivales del Gobierno y un sistema judicial donde las injerencias del poder político son tan evidentes como constantes.

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Un éxito policial, un fracaso político

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1. La detención del núcleo duro del Govern que estaba organizando el 1-O marca un antes y un después en este terrible septiembre catalán. No solo es  un golpe letal a esta votación por la vía de la logística: sin papeletas, sin centro de datos, sin presumiblemente urnas… es evidente que será imposible el 1-O que quería la Generalitat. También es un salto importante en el auténtico conflicto, el político, que se ha incendiado aún más.

2. ¿Quién ha ordenado la operación de la Guardia Civil contra varios altos cargos de la Generalitat por organizar el 1-O? No ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el juzgado que desde hace diez días instruye una investigación donde ya están imputados el president Carles Puigdemont y todos los consellers de la Generalitat. No ha sido la Guardia Civil por su cuenta y riesgo –aunque escuchando a algunos líderes políticos pareciese que es así–. No ha sido siquiera la Fiscalía, que fue informada pero no consultada, aunque tampoco se opuso. Ha sido el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona quien ha ordenado de oficio esta operación.

3. El juez se llama Juan Antonio Ramírez Sunyer. Tiene 70 años y es de perfil conservador. Entre otras decisiones polémicas, como órdenes de prisión preventiva contra manifestantes anarquistas que después fueron absueltos, es el juez que, en 2015, abrió diligencias contra el entonces jefe de los Mossos por no evitar los pitidos al himno nacional durante una final de la Copa del Rey. Según el juez, los Mossos podían haber cometido un delito por no intervenir y frenar la pitada en el Camp Nou. Es un buen ejemplo, relevante hoy, de qué entiende este juez por uso proporcional de la fuerza.

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Para qué sirve el periodismo: cinco años de eldiario.es

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¿Para qué sirve el periodismo? Hay respuestas tan diversas como probablemente correctas. Para explicar el mundo, para contar lo que alguien no quiere que se sepa, para escribir el primer borrador imperfecto de la historia, para garantizar la democracia, para hacer preguntas incómodas, para buscar las respuestas… Según Albert Camus, periodismo es “no mentir y saber confesar lo que se ignora”. Según Noam Chomsky, en su modelo sobre la propaganda, es el servicio de relaciones públicas de las élites. Según Marty Baron, periodismo es pedir cuentas al poder.

Este lunes, 18 de septiembre, eldiario.es cumple cinco años. Nacimos en el peor momento posible, en plena crisis económica, cuando el periodismo en España era más débil y más necesario que nunca. En estos cinco años hemos pasado de ser un medio pequeño y combativo a un diario grande e igualmente combativo. Nos hemos situado entre los periódicos más leídos e influyentes de España siendo fieles a nuestros lectores y a nuestros valores fundacionales. Este domingo lo celebraremos en Madrid, mirando al futuro, porque creemos que lo mejor está por venir.  

En los próximos días os contaré con el detalle habitual nuestras últimas cuentas: los ingresos y gastos del primer semestre de este 2017. Os adelanto algo: seguimos creciendo, seguimos contratando a periodistas, seguimos siendo rentables, y por eso podemos permitirnos el lujo de seguir siendo libres. No tenemos deudas y los periodistas que fundamos eldiario.es somos, como el primer día, los dueños de la redacción. No debemos nada a nadie. Solo a los socios y socias de eldiario.es.

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Parar las urnas a cualquier precio

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Puede que el 1 de octubre en Catalunya haya urnas, papeletas y varios millones de votantes, pero ese día no se celebrará un referéndum de autodeterminación. No lo será, igual que no lo fue el 9N. No lo será porque no parece que vayan a participar gran parte de los quieren seguir en España, porque no cuenta con respaldo internacional, porque no cumple con la legalidad más básica, porque no tiene garantías democráticas y porque no dará lugar a una república catalana el 2 de octubre, sea cual sea el resultado de la votación.

No habrá referéndum de autodeterminación aunque se llegue a votar, igual que se votó el 9N de 2014. Por eso es tan peligrosa la respuesta que puede llegar a adoptar el Gobierno central en su estrategia de frenar las urnas a toda costa. Porque esa estrategia defiende algo muy distinto a la unidad nacional: la palabra de Mariano Rajoy y su reputación ante los suyos.

El presidente del Gobierno se sintió engañado el 9N. Desde la Generalitat –dicen fuentes del Gobierno– le aseguraron que no habría referéndum y después se encontró con urnas, con recuento, con un centro de datos y con la foto de Artur Mas votando en las portadas de la prensa internacional. Rajoy quedó en evidencia ante una parte de la derecha española, que criticó que el Gobierno tolerase esa votación. Por eso esta vez no quiere que le vuelva a pasar.

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La imparcialidad del juez Yusty

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Vender cannabis es ilegal en España. Manifestarse a favor de la legalización del cannabis es legal.  La monarquía es el sistema político vigente en España. Hacer un acto a favor de la república es legal. Matar a un toro en la plaza es legal en España. Protestar contra la tauromaquia también es legal. Y el referéndum que ha puesto en marcha la Generalitat catalana también es ilegal –ni ellos mismos ocultan que es una desobediencia a la Constitución–, pero manifestarse a favor del derecho a decidir, en una democracia, debería ser perfectamente legal.

El auto que ha firmado el juez José Yusty para prohibir ese acto convocado en Madrid a favor del derecho a decidir es un despropósito jurídico que solo se explica cuando se descubren las filias y fobias políticas de este magistrado conservador. Alguien que firma  manifiestos a favor de la unidad de España debería haberse inhibido ante una decisión así. La apariencia de imparcialidad es un requisito imprescindible en el Estado de derecho que Yusty, en este tema y en muchos otros, dista mucho de cumplir.

La opinión del juez Yusty sobre la unidad de España no es el único motivo por el que debería haberse inhibido ante esta decisión. También lo es su animadversión contra la alcaldesa Manuela Carmena, cuyo ayuntamiento cedió un local público para este acto por el derecho a decidir.

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Choque de credibilidades

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Se equivocaban aquellos que pensaban que el president Carles Puigdemont y la mayoría que lo respalda en el Parlament catalán iban de farol en un juego del gallina, que frenarían antes del choque, antes de la ruptura institucional. El esperpento vivido en el Parlament catalán demuestra que la apuesta iba en serio, que ya no hay marcha atrás. Dudo que este tren vaya a llegar a destino, pero tampoco va a frenar, pasando por encima de los procedimientos parlamentarios, del derecho de las minorías, del orden constitucional y del principio de legalidad.

La ley lanzada a toda prisa y sin frenos tiene un primer objetivo: buscar la respuesta más dura y contundente del Gobierno central y del Tribunal Constitucional antes de la Diada; que sea la reacción a esta embestida quien alimente la movilización independentista. Si es un choque de legitimidades, que sea la falta de legitimidad de las devaluadas instituciones españolas quienes legitimen la ruptura con un nuevo error. 

Entre otras causas, esta crisis de Estado también nace ahí: en el deterioro sistemático de la credibilidad de las instituciones que hoy han de dar respuesta ante esta situación. Un presidente del Gobierno que dice que hay que cumplir la ley y que preside un partido que se ha financiado en negro desde que se fundó. Un ministro de Justicia y un fiscal general del Estado que han sido reprobados por la mayoría absoluta del Congreso pero se resisten a dimitir. Un Consejo de Estado presidido por el único extesorero del PP, José Manuel Romay Beccaría, que no está imputado por corrupción. Un Tribunal de Cuentas  podrido de nepotismo y que ha estado presidido por  un donante de esa misma contabilidad B del PP que estaba obligado a fiscalizar. Unas fuerzas policiales donde anidó una brigada política contra los enemigos del Gobierno. Y un Tribunal Constitucional politizado de raíz, cuya respuesta ante el electoralista recurso del PP contra el Estatut es el origen de este incendio, y cuya velocidad de respuesta es asimétrica: lo mismo te anula una ley en siete horas que te aparca durante siete años el recurso contra la ley del aborto, aún pendiente de resolución.

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