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El Brexit hace cundir el temor entre la flota gallega del Gran Sol abanderada en el Reino Unido

David Lombao

El Reino Unido es el destino del 6% de las exportaciones gallegas, algo más de 1.000 millones de euros al año, según los datos más recientes, de los que más de la mitad corresponden a los sectores textil y automovilístico o, lo que es lo mismo, a Inditex y a Citroën junto con sus industrias auxiliares. Mientras estos sectores exportadores se mantienen a la expectativa para conocer los términos en que la Unión Europea y el Reino Unido establecen sus nuevas relaciones comerciales, en otro sector el temor ya cunde abiertamente: el pesquero y, concretamente, en las casas armadoras gallegas que durante las últimas tres décadas han colocado la bandera británica en sus barcos.

Desde los inicios de la integración de España en la extinta Comunidad Económica Europea, el sector pesquero gallego ha tenido que hacer frente a las restricciones de las cuotas, los límites de pesca establecidos por las autoridades comunitarias. En el caso de los que faenan en el Gran Sol, el caladero del Atlántico norte situado al oeste de las Islas Británicas, el recurso para esquivar los topes ha sido acceder a cuotas asignadas al Reino Unido. Para ello, barcos de capital gallego trabajan bajo pabellón británico.

Los datos más recientes indican que más de una treintena de barcos de origen gallego trabajan en el Gran Sol con bandera del Reino Unido, y su presencia ha sido uno de los argumentos de la campaña del Brexit. Así, en días pasados en declaraciones a RNE el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi), Javier Touza, ilustraba su temor con informaciones como la publicada en plena campaña por el periódico Daily Express, en la que se citaba con nombres y apellidos a diversos armadores gallegos para concluir que “el gobierno cede sus recursos naturales a los piratas de la flota gallega”, ligando actividades legales con pesca ilícita descubierta en los últimos años.

“Parte de nuestra flota tuvo que cambiar la bandera y comprar derechos de pesca para poder faenar en aguas de soberanía británica”, un modo de proceder “absolutamente reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, recuerda Touza. No obstante, con la salida se abre la posibilidad de que el Gobierno británico cambie las normas y dificulte el acceso a empresas de capital foráneo a aguas que, obviamente, dejan de ser comunitarias. Del mismo modo, el Reino Unido tendrá en su mano exigir requisitos como una presencia mínima de tripulación británica en los barcos, lo que traería consigo un impacto directo en el empleo del sector en áreas como Vigo o El Morrazo.

A la espera de conocer el nuevo escenario, la incertidumbre alcanza también al eventual regreso de los aranceles para vender en la UE el pescado capturado en aguas del Gran Sol. Se trata de más de 8.000 toneladas de pescado que, mayoritariamente, son consumidas en territorio español.

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