Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

La Justicia critica la “imposición política” de los jueces de paz en Galicia

Fachada de los juzgados de Santiago de Compostela

David Reinero

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de lanzar una crítica contra la “imposición política” de los jueces de paz, personas que no tienen por qué disponer de estudios de Derecho pero que se encargan de trámites judiciales menores en los pueblos más pequeños y cuyo trabajo repercute en la agilidad de la justicia y su cercanía al ciudadano.

Al ser elegidos por las corporaciones municipales, el alto tribunal gallego critica que estas los seleccionan bajo su “libre albedrío” y obvian los principios de igualdad, mérito y capacidad, además de la condición de “hombre bueno” que deberían cumplir.

La crítica del TSXG contra la injerencia política de las corporaciones municipales en la justicia y el propio sistema de elección de los jueces de paz aparece recogida este año por primera vez en su memoria anual, que acaba de hacer pública después de ser aprobada por el pleno de su sala de gobierno el pasado 15 de junio. El gallego es además el único tribunal superior de España que muestra sus críticas por esa “imposición política” de los jueces de paz.

Los jueces de paz, muchos de ellos legos, son responsables del Registro Civil y de trámites judiciales menores, como comunicaciones, en los ayuntamientos que no disponen de juzgado de Primera Instancia e Instrucción. En Galicia hay 270 y son más de 7.000 en toda España, que en los municipios más pequeños son ayudados por el personal municipal mientras que en los de más de 7.000 habitantes cuentan con personal de la propia Administración de justicia, 77 en el caso de Galicia.

En años anteriores el TSXG se limitaba a apelar en su memoria anual a la necesidad de que los juzgados de paz cumplieran adecuadamente con las funciones de apoyo que tienen encomendadas. Pero este año carga por primera vez contra su forma de elección.

El TSXG pide una “revisión en profundidad” del reglamento de 1995 que establece que los jueces de paz son elegidos por las corporaciones municipales para un mandato de cuatro años. El tribunal superior gallego critica que “en su redacción actual, en la que exclusivamente se indica que no deben incurrir en causa alguna de incompatibilidad o incapacidad y con la única exigencia de ser mayores de edad, se obvia ante la concurrencia competitiva entre diversos candidatos el principio básico de igualdad, mérito y capacidad, sin olvidar la condición de 'hombre bueno' que inspira la figura del juez de paz”.

El TSXG dice que la elección de los jueces de paz queda así “al libre albedrío de corporaciones municipales que o bien declinan la realización de los trámites para su designación o, en su caso, lo hacen, pero en ciertos supuestos, eligiendo a un candidato por imposición política despreciando cualquier otro valor, sin que la Sala de Gobierno respectiva pueda hacer otra cosa que ratificar la misma, pues carece de mecanismos legales, salvo que el elegido incurriera en causa de incapacidad o incompatibilidad, o no lo fuese por mayoría absoluta del Pleno”. “Parece evidente que el procedimiento debe modificarse, manteniendo la no necesidad de ser licenciado en derecho, pero si regulando un mecanismo en el que además del fuero del domicilio, rijan los principios ya señalados de igualdad, mérito y capacidad”, concluye el tribunal superior.

Las críticas del TSXG contra la “imposición política” de los jueces de paz en Galicia suponen una novedad en su memoria de este año y son únicas en toda España. En las memorias anuales del resto de tribunales superiores de justicia las referencias a los juzgados de paz se limitan a pedir mejoras en su funcionamiento.

En Canarias se critican las demoras que registran, en Cantabria el tribunal superior pide que se agrupen para mejorar su trabajo, en la Comunidad Valenciana se censura su falta de medios materiales y en Navarra se pide que se mejore su formación aunque sigan siendo legos. El tribunal superior de La Rioja es el que más se acerca a las críticas gallegas al sugerir que su mandato pase de cuatro a seis años“ por las dificultades de los ayuntamientos para encontrar candidatos idóneos”.

Etiquetas
stats