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La Xunta destina 40 millones a contratar helicópteros de salvamento tras vender los que tenía

El Consello de Contas censuró que no se hiciese “ningún estudio sobre la repercusión de la venta de los helicópteros” en el precio de la contratación que ahora se inicia

Los aparatos que Gardacostas vendió en 2012 a cambio de que siguiesen en Galicia cinco años ya pueden irse

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El 'Pesca 1', uno de los dos helicópteros que la Xunta vendió en 2012 a Inaer

El 'Pesca 1', uno de los dos helicópteros que la Xunta vendió en 2012 a Inaer Gardacostas de Galicia

En 2012 la Xunta vendió sus dos helicópteros de salvamento marítimo a cambio de que la empresa que los compró, Inaer, la misma que los ha gestionado siempre, los siguiese operando en Galicia durante cinco años. Finalizado ese período, ahora la Xunta acaba de convocar un nuevo  concurso para renovar el servicio por un máximo de hasta seis años y 40 millones de euros, pero ya sin la garantía de que los helicópteros que obtenga sigan siendo los mismos que eran de su propiedad y que supuestamente tenían las mejores características posibles para la costa gallega. Este nuevo concurso es un paso más de un largo proceso en el que el Consello de Contas detectó diversas irregularidades y del que criticó que la Xunta no hiciese “ningún estudio sobre la repercusión de la venta de los helicópteros” en la contratación que ahora se inicia.

Tras la catástrofe del Prestige, la Xunta de Manuel Fraga inició un proceso de mejora de los entonces insuficientes medios de Gardacostas de Galicia, el cuerpo dependiente de la Consellería del Mar encargado de la vigilancia pesquera, el salvamento y la lucha contra la contaminación en aguas de la comunidad. Al igual que encargó la construcción de dos buques cuya gestión luego privatizó, el entonces consejero, Enrique López Veiga, compró en 2005 en Estados Unidos por 27 millones de euros dos helicópteros Sikorsky S-76C+ con unas características que la Xunta publicitó como las más adecuadas a las costas gallegas. Desde entonces esos dos helicópteros, con los nombres Pesca 1 y Pesca 2, están desplegados respectivamente en sus bases de Vigo y la costa lucense, desde las que han salvado cientos de vidas en el mar.

Los helicópteros eran propiedad de la Xunta, pero ante la carencia de personal propio capacitado para operarlos se contrató su mantenimiento y operación con un concurso público que se llevó Inaer, la empresa que en las últimas décadas ha obtenido la mayoría de los contratos de gestión de aeronaves de la Xunta (también las de emergencias sanitarias o lucha contra los incendios). Inaer se llama desde hace unos meses Babcock España tras haber sido adquirida por una multinacional británica.

El proceso de gestión de los principales contratos de helicópteros de la Xunta fue analizado por el Consello de Contas, el órgano fiscalizador de las administraciones gallegas equivalente al Tribunal de Cuentas estatal, en un crítico informe que hizo público a finales de 2014 . Contas estudió nueve contratos por importe de 63,8 millones de euros, de los que siete, por 62 millones, fueron a parar a Inaer, en solitario o en sociedad con otras empresas, y en todos ellos el ente fiscalizador encontró irregularidades. Ese informe de Contas permitió impulsar una investigación por prevaricación contra la Consellería de Medio Rural que sigue abierta en un juzgado de Santiago.

En el caso de los helicópteros de Gardacostas adquiridos en 2005 y cuya gestión se llevó Inaer, Contas relató que cuando en junio de 2009 finalizó su primer contrato la Xunta “no planifica con la suficiente antelación” y le tuvo que seguir pagando a la empresa para evitar que el servicio se dejase de prestar hasta que en marzo de 2010 realizó un nuevo concurso. Inaer volvió a llevarse entonces ese según concurso de gestión de los aparatos por un importe de 15 millones de euros durante dos años, a 7,5 millones al año. Pero en mayo de 2011, cuando aún quedaban ocho meses de contrato, la Xunta lo rescindió argumentando que era caro y que buscaría una solución más barata.

Sin embargo, a pesar de tener el segundo contrato rescindido, Inaer siguió prestando el servicio “sin la adecuada relación contractual”, dice Contas, hasta octubre de 2012, 17 meses después, incluso más allá del período inicialmente previsto en el concurso original. El ente fiscalizador consideró que esa actuación “desvirtúa las razones alegadas por la consellería para proceder a la resolución del contrato” y criticó que los pagos a Inaer durante esos 17 meses los autorizó el Gobierno gallego con un “trámite excepcional” aprobado en secreto en el Consello de la Xunta presidido por el propio presidente Feijóo “omitiendo los procedimientos legalmente establecidos”.

En octubre de 2012 lo que hizo el Gobierno gallego fue vender los aparatos con el argumento de que iban a quedar viejos y cuanto más tiempo pasara más valor perderían y más costaría su mantenimiento. El procedimiento elegido fue el de convocar un  concurso urgente en el que obligaba a la empresa a la que le vendía los helicópteros a seguir operándolos en Galicia durante cinco años. Y durante ese tiempo la Xunta dedicaría lo obtenido por la venta de los aparatos a rebajar la factura de su mantenimiento. El departamento de Hacienda del Gobierno gallego mostró dudas sobre la tasación inicial de los aparatos, pero la operación acabó produciéndose e Inaer volvió a ser la adjudicataria. Los aparatos que la Xunta había comprado en 2005 por 27 millones fueron vendidos en 2012 por la mitad, 13,5 millones. Y si el coste anual de operarlos en el contrato de 2009 era de 7,5 millones al año, en 2012 subía a 8,9 millones al año, pero la Xunta lo reducía a 6,1 millones gracias a pagarlo en parte con los 13,5 millones obtenidos de la venta de los aparatos. “No consta ningún estudio sobre la repercusión de la venta de los helicópteros en el precio de las futuras contrataciones”, sentenció Contas entonces.

Ahora, pasados cinco años de aquella operación, la Xunta vuelve a convocar un nuevo concurso cambiando, como en las ocasiones anteriores, las condiciones económicas y técnicas de manera que es difícil comparar conceptos entre los sucesivos procedimientos de contratación más allá de las grandes cifras. Y de ellas lo que se sabe es que está dispuesta a pagar un máximo de 6,5 millones al año durante un período de cuatro años prorrogable a seis, lo que supone un total de 40 millones de euros. Sin embargo, frente a los concursos anteriores, el Gobierno gallego ya no tiene aparatos en propiedad ni posibilidad de imponer que los que compró en 2005 y vendió en 2012 sigan en Galicia, por lo que queda en las manos de lo que las posibles empresas interesadas puedan ofrecerle. Fuentes del sector señalan que Inaer-Babcock España, al tener en propiedad los helicópteros que antes eran de la Xunta, vuelve a ser la mejor situada para llevarse el nuevo concurso.

En otras contrataciones anteriores de lucha contra incendios, lo que sucedió fue que los concursos iniciales quedaron desiertos o así fueron declarados por la Xunta, que se vio obligada a incrementar el importe que estaba dispuesta a pagar o negociar a dedo con las empresas si no quería quedarse sin el servicio.

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