Cifuentes tenía desde agosto autorización del juez para dar las actas del Canal a la oposición y las siguió negando
El Gobierno de Cristina Cifuentes se ha quedado sin excusas para demorar la entrega a la oposición de la documentación del Canal de Isabel II relacionada con el caso Lezo. El Ejecutivo tenía desde agosto una resolución de la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso eldiario.es, que le daba vía libre para hacerlo pero ha seguido negando la información a los diputados. Solo tras preguntar este medio por dicha providencia, la Comunidad de Madrid confirma que la notificación llegó pero se traspapeló y hasta este viernes no había tenido conocimiento de ella, según su versión de los hechos.
La información, negada durante meses a la comisión parlamentaria que investiga la corrupción, se hará llegar de “inmediato” a la Asamblea de Madrid, aseguran fuentes de la Comunidad de Madrid. Entre los documentos se encuentran los informes sobre la compra de Emissao, el pelotazo del Canal en Brasil en el que un arrepentido declaró que el expresidente Ignacio González se llevó 1,8 millones de euros, o los detalles de la adquisición de Inassa, la operación que que se realizó bajo la presidencia de Gallardón a través de un paraíso fiscal. La Audiencia Nacional la investiga porque ha visto en el proceso un “cúmulo de irregularidades”.
En la batería de documentos hay informes sobre los pagos a Edmundo Rodríguez, testaferro de González, así como los documentos de cuando se aprobó su ascenso a presidente de Inassa. Y también, entre las actas solicitadas, una relativa a la creación de Canal Isabel II Gestión, en un Consejo de Administración en el que la propia presidenta regional intervino activamente para avalar el proceso y zanjar las criticas de quienes tenían dudas.
La consulta no tenía “base legal”
La providencia firmada por el juez Fernando Andreu, de guardia en agosto en el Juzgado de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, deja claro que la entrega de documentos a los diputados de la oposición “se rige por disposiciones administrativas sin que el juez pueda dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar sobre la conveniencia o no” de proporcionarla. Y añade que la consulta del Ejecutivo regional “no tiene base legal en la medida en que es ajena a las competencias que la LOPJ y la LECrim atribuyen al juez instructor de un procedimiento”.
Desde que la resolución se notificó a la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Cifuentes ha negado hasta en tres ocasiones que dispusiera de esa respuesta y ha continuado ocultando la documentación a los diputados.
La primera, el pasado 2 de noviembre en sede parlamentaria ante una pregunta en el pleno de la diputada de Podemos Lorena Ruiz-Huerta; la segunda, en una contestación el 24 de noviembre a una petición de información acordada por la Mesa de la comisión de investigación, esta vez por escrito. Además, fuentes de la Comunidad de Madrid aseguraron a eldiario.es el 23 de noviembre que el magistrado no había respondido y esa circunstancia se había interpretado como una negativa a autorizar el envío de las actas.
Un “error humano”, según la Comunidad de Madrid
Fuentes de la Comunidad de Madrid justifican que la providencia no se envío a la persona que emitió la consulta del Ejecutivo al juzgado que instruye el caso Lezo, en este caso Enrique Ruiz Escudero, entonces vicepresidente de la Consejería de Presidencia y actual consejero de Sanidad. “Llegó por fax a una subdirección general de la Abogacía en agosto, que lo remite al subdirector general de régimen jurídico, que estaba de vacaciones. Y a la vuelta no la vio. Como no tuvo conocimiento, no dio traslado a sus superiores. Todo se debe a un error humano, no ha habido mala fe”, explican las mismas fuentes. Este “negligencia” se ha llevado por delante a este alto cargo, según ha podido saber eldiario.es. La Comunidad de Madrid no ha querido aportar más información a eldiario.es más información sobre el cese.
En la diligencia de notificación, a la que ha accedido este medio, el juez alude a la presidencia del “letrado de la Comunidad de Madrid”, extremo que no aclaran las fuentes del Ejecutivo regional consultadas, que aseguran que solo llegó vía fax.
En los últimos meses, el Gobierno de Cifuentes se había apoyado en un informe de la Abogacía de la Comunidad de Madrid que ahora desmonta la resolución del juez. El documento de los letrados, fechado en 23 de mayo, concluye que es ineludible consultar al magistrado del caso Lezo, Manuel García Castellón, para entregar los documentos del Canal de Isabel II a la oposición debido al carácter secreto de la investigación. La premisa queda sin validez una vez conocido el escrito del juez Andreu porque, además, el conjunto de papeles solicitados “no están incluidos en el sumario”, afirma el magistrado.
El juez hace suyos los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito apuntó que el juez solo puede decidir sobre los documentos de un sumario “a los que solo pueden tener acceso las partes personadas”. Es el mismo criterio que el expresado por los expertos consultados por eldiario.es, que apuntaron que el secreto de sumario no puede afectar a documentos cuyo acceso es público.
En noviembre, la Mesa de la comisión de investigación sobre la corrupción solicitó expresamente al Gobierno la copia de la respuesta del juzgado de instrucción –que le había llegado en agosto– y obtuvo por respuesta que “hasta la fecha” no se había “recibido respuesta a la carta enviada por el Gobierno”, según la contestación firmada por la directora general Blanca Pinedo Texidor, a la que ha tenido acceso eldiario.es. El día 2 del mismo mes, la presidenta Cristina Cifuentes reiteró en el pleno de la Asamblea de Madrid que había hecho una consulta al juez instructor y que su gobierno haría “exactamente lo que nos diga”.
El Ejecutivo regional se parapeta para no dar información a la oposición en el criterio de dos informes de la Abogacía de la Comunidad de Madrid. El primero, fechado en 23 de mayo, repasa la doctrina del Tribunal Constitucional para concluir que los diputados tienen derecho a reclamar esa información, pero recuerda que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las diligencias de investigación “serán reservadas y no tendrán carácter público hasta la fase de juicio oral”.
El segundo se solicitó a los letrados después de levantamiento del secreto de sumario del caso para saber, según argumenta la Comunidad de Madrid, si esta nueva circunstancia “afecta al deber del Consejo de Gobierno de facilitar la información solicitada”. El Ejecutivo lo pidió a los letrados pese a que el juzgado ya se había pronunciado cuatro meses sobre que tenía vía libre para hacerlo. El documento, al que ha accedido este medio, redunda en los argumentos del primero y concluye que “la remisión de documentación obrante en un sumario sometido a la reserva prevista en el artículo 301 de la LECrim queda condicionada a la previa ponderación del órgano jurisdiccional que instruye la causa”.
El informe de la Abogacía aparece adjunto a la respuesta fechada en 26 de diciembre a una nueva petición acordada por la comisión de investigación que incluye más expedientes, informes y actas relacionadas con el Canal de Isabel II. Esta fue la última vez que se negó información a la oposición.
Solo dos semanas después, el PP ha anunciado que sus diputados no seguirán participando en la comisión parlamentaria que ha sentado en los dos últimos años frente a los diputados de la Asamblea de Madrid a los cuatro presidentes que ha tenido el PP en la Comunidad de Madrid: Ignacio González, Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.
La “huída” del PP, calificada así por la oposición, se produce en un momento crítico para sus causas judiciales: todos los expresidentes aparecen en investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y el futuro judicial de los tres últimos va a depender de los próximos informes de esta fiscalía para el juez de los casos Púnica y Lezo.
La oposición ha denunciado en varias ocasiones que el Gobierno de Cifuentes ha puesto trabas a la investigación en la comisión ocultando los documentos que pedían, extremo que siempre ha negado el Gobierno regional.
