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Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos concluyen que la venta de vivienda a fondos buitre fue ilegal

El dictamen de la Comisión de investigación destaca que en el mejor de los casos la venta de los inmuebles supuso un desfalco patrimonial para el Ayuntamiento de Madrid de 31 millones de euros, en el peor 162

Las conclusiones destacan el papel de "colaborador necesario" del Gobierno de Ignacio González al frente de la Comunidad de Madrid

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Pancartas colgadas en la urbanización de Julia y Paloma el día de su desahucio. \ C.

Pancartas colgadas en la urbanización de Julia y Paloma el día de su desahucio. \ C.

La venta de 1.860 viviendas sociales a fondos buitre se produjo fuera de la legalidad. El Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) y el Gobierno de Ana Botella "actuaron con desprecio absoluto a los arrendatarios". Estas son las principales conclusiones a las que han llegado los grupos municipales de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos en la Comisión de investigación sobre la Deuda del Ayuntamiento de Madrid centrada en la venta de inmiebles sociales por parte de la EMVS a fondos de inversión.

El agujero patrimonial por la venta de los inmuebles supuso para el Ayuntamiento de Madrid 31 millones de euros en el mejor de los casos, según especificó la Cámara de Cuentas en su informe. Sin embargo, desde el Consistorio lo cuantifican en alrededor de 160 millones de euros. Los fondos buitre pagaron 128,5 millones de euros, un precio "que fijaron ellas mismas", según se extrae de las conclusiones de la comisión. La encargada de tasar el precio de venta fue la consultora Price Water House Cooper (PwC). Desde la comisión recuerdan que "no es una empresa tasadora" y que a la vez que trabajaba para el Ayuntamiento lo hacía también para los fondos de inversión.

Los tres grupos municipales han coincidido en que esta venta "fue una operación de despatrimonialización de la EMVS únicamente beneficiosa para la parte compradora" y que las "grandes dannificadas" fueron las familias que a día de hoy se enfrentan a desahucios y a incrementos del alquiler de hasta un 43%. Ha sido el caso de Arantxa Mejías, portavoz de afectados, que tras participar en la Comisión, ha recibido una orden de desahucio por parte de Fidere, la filial española de Brackstorm encargada de la gestión de la vivienda, a pesar de estar al corriente de los pagos. Mejías expuso como portavoz las dificultades a las que se enfrentan las familias y las irregularidades en el proceso.

Otra de las conclusiones que se han extraído de la venta de VPO por parte de EMVS es que la Comunidad de Madrid, que en el momento de la operación presidía Ignacio González, fue "colaboradora necesaria". La presidenta de la Comisión, Marta Higueras, ha afirmado, en las conclusiones finales del dictamen que han ratificado los tres grupos municipales, que la Comunidad de Madrid no solo no veló por el cumplimiento de la ley si no que "permitió el expolio".

Este lunes, la propia Higueras pasaba el balón al Gobierno de Cifuentes para que se pronuncie respecto a la venta de las viviendas sociales. El concejal de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha criticado que la primera reacción del Ejecutivo autonómico haya sido "ponerse de perfil" al asegurar que el Ayuntamiento no les necesita para llevar a cabo las actuaciones.

¿Y ahora qué?

La pelota está ahora en el tejado del Gobierno de Manuela Carmena que debe recoger las recomendaciones de los grupos municipales y determinar cuáles serán las acciones legales y políticas que emprende el Consistorio.

Ahora Madrid, PSOE y Ciuadadanos han coincidido en que se debe interponer una querella o adherirse al procedimiento penal existente contra los anteriores directivos de la EMVS, ampliando el ámbito del proceso contra quien hubiese desarrollado actuaciones lesivas para la EMVS.

Ahora Madrid y PSOE coinciden en explorar la vía para recuperar los inmuebles y que se declare nula la venta. Como ya explicó Marta Higueras este lunes, este procedimiento legal, además de poder alargarse hasta los diez años, puede suponer para el Consistorio un precio "muy elevado". Aparte de tener que devolver los 128,5 millones que pagó Blackstorm por las viviendas, habría que sumarle una cantidad por daños y perjuicios que se derivarían de la nulidad, una cantidad que el Consistorio no se ha atrevido a determinar. Por eso, Ciudadanos ha dudado de que esta sea la vía a seguir y pide que se elabore una memoria económica que intente esclarecer el importe.

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