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Un informe previo de M-30 advirtió de que el modelo elegido por Gallardón tenía "razones legales" para impugnarse

El Observatorio de los Servicios Públicos (OdSP) de la Universidad Complutense de Madrid, en un informe de 2005, cuestionó la elección del Ayuntamiento para gestionar las obras de la M-30

El modelo de gestión mixto de Madrid Calle 30 ha sido objetado también por la Cámara de Cuentas y por el actual equipo de gobierno del consistorio que quiere buscar la fórmula para revertirlo

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Alberto Ruiz Gallardón en uno de los túneles de M-30. Foto: Ayuntamiento de Madrid

Alberto Ruiz Gallardón en uno de los túneles de M-30. Foto: Ayuntamiento de Madrid

El Observatorio de los Servicios Públicos (OdSP) de la Universidad Complutense de Madrid concluyó, en un informe de 2005, que había "razones legales y procedimentales suficientes" para la "impugnación" de la constitución de la sociedad Madrid Calle 30.

La institución académica advirtió de que "cualquier persona física o jurídica" estaría "legitimada" para interponer un recurso en contra de este modelo. El observatorio analiza, en un informe fechado el 1 de diciembre de 2005, los pasos dados por el Gobierno municipal de Alberto Ruiz Gallardón para la creación y el funcionamiento de Madrid Calle 30, la sociedad de gestión mixta participada por el Ayuntamiento de Madrid que cuenta con el 80% de las acciones y EMESA -formada por las empresas Dragados, Ferrovial y API a las que se les adjudicó la obras y el mantenimiento de la circunvalación-, con el 20% restante. 

El 4 de marzo de 2004 el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento, con Alberto Ruiz Gallardón al frente, firmaron un convenio para que la titularidad de la circunvalación M-30 y una serie de tramos de funcionalidad ligada a esta vía pasaran a ser de la administración local. En ese momento, las competencias de gestión las asumió de manera directa el consistorio. El Pleno del Ayuntamiento del 23 de diciembre de 2004 -con la mayoría absoluta del PP- acordó que la prestación de dicho servicio público pasara a gestionarse de manera indirecta mediante la sociedad Madrid Calle 30 S.A, en la que entraría un socio privado. La gestión pasó a ser indirecta. 

El OdSP reprochó que en este pleno optara por esta opción al no existir "fundamentación legal en la que basar esta decisión". El Ayuntamiento se apoyó en una serie de documentos en los que se aseguraba que la gestión indirecta era la mejor opción, pero dicha recomendación no estaba "avalada por ningún informe técnico", criticó el Observatorio.

La institución también señaló que el proceso de creación de la sociedad Madrid Calle 30 bordeaba la legislación vigente y aconsejó incluso "un explícito pronunciamiento de los Tribunales sobre estas prácticas". Para el Observatorio "la práctica de Madrid Calle 30 vacía de contenido su propia actividad, transfiriéndola a entidades privadas, afectando tanto a la ejecución de las obras, como a la redacción de los correspondientes proyectos y al control y vigilancia de la ejecución". 

La entidad académica cuestiona la rapidez en la que el Gobierno municipal creó la sociedad, desde la firma de cesión por parte del Fomento hasta que se constituye Madrid Calle 30 S.A. Para el Observatorio, no se dio por cumplido el plazo para el trámite según exige la ley, en concreto, el artículo 97 del Real Decreto 781/1986. 

Finalmente, el Observatorio de los Servicios Públicos de la Universidad Complutense estimó que "tratandose de una actividad municipal gestionada en régimen de monopolio" el expediente que la acredita debería haberse remitido a la Comunidad de Madrid para "la emisión del correspondiente informe". Este hecho tampoco se produjo. 

Un modelo de gestión cuestionado reiteradamente

El Gobierno de Manuela Carmena ha cuestionado en numerosas ocasiones el modelo de gestión escogido por Gallardón, que ha costado ya a los madrileños 554 millones entre 2005 y 2015. El pasado lunes volvió a hacerlo al tacharlo de "sangrante para las arcas públicas". De mantenerse hasta 2040, el montante podría ascender a 2.550 millones de euros, según sus cálculos. Solo en electricidad y agua  el Ayuntamiento de Madrid ha pagado 58 millones de euros entre 2005 y 2016, un gasto que deberían haber asumido las empresas adjudicatarias (Dragados, Ferrovial y API). 

La fórmula utilizada por Gallardón para levantar su obra estrella también ha sido cuestionada por la Cámara de Cuentas. El órgano fiscalizador estimó que era onerosa para las arcas municipales. La única fuente de ingresos de esta sociedad, entre EMESA y el Ayuntamiento, es el Consistorio que asume "en exclusiva" el pago de tasas, dividendos y costes de mantenimiento de la vía, según recoge la web de la administración local. Esto supone para las armas municipales más de 140 millones de euros anuales.

La Cámara de Cuentas advirtió además de que la sociedad mixta no tiene más razón de ser que pagar unos intereses del 7,05% a las empresas constructoras. El organismo proponía incluso rescatar la concesión, ya que desde 2011 el Ayuntamiento ha tenido que asumir como propia la deuda de la obra. 

También los demás grupos municipales (PSOE, PP y Ciudadanos) criticaron este modelo de gestión el pasado lunes en la Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. "El modelo de gestión no lo voy a defender. Personalmente no es el que más me habría gustado", aseguró el portavoz del PP Íñigo Henríquez de Luna. 

El ejecutivo que preside Manuela Carmena ha anunciado ya sanciones contra la empresa adjudicataria por pagos por duplicado y facturas por servicios que no se han realizado, tal y como  adelantó este medio. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid tiene pendiente aprobar la comisión de investigación sobre el contrato de adjudicación y mantenimiento de M30. Después de algún desencuentro sobre la fecha para votar la comisión entre PSOE y Ahora Madrid, será en febrero cuando finalmente salga adelante. 

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