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Los diputados de la comisión de corrupción deciden aplazar la comparecencia de Cifuentes

La Mesa de la comisión que investiga la corrupción ha acordado sacar la comparecencia del orden del día de este viernes

La oposición toma la decisión un día después de que el juez del caso Lezo haya rechazado dar documentos del sumario a la comisión 

Justifican que necesitan tiempo para "valorar el auto" mientras el Ejecutivo les exige que pidan "perdón" por acusar a Cifuentes de "ocultación"

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La Mesa de la comisión de corrupción de investigación sobre corrupción política ha acordado aplazar la comparecencia de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, prevista para este viernes en la citada comisión después de que  el juez del caso Lezo dictara en un auto hace dos días que "no ha lugar a la entrega de la documentación requerida" por los diputados de la Asamblea de Madrid.

Los portavoces de PSOE, Podemos y Ciudadanos en la comisión (el PP ya no está porque la abandonó) han decidido cancelar la comparecencia del orden del día del viernes y fiar las explicaciones a otra fecha en el futuro. Justifican que necesitan tiempo para "valorar el auto" del martes, explica el diputado de Podemos Miguel Ongil. El portavoz de la formación en la comisión asegura que les "faltan documentos" y no tienen "una imagen completa" de lo sucedido. A su juicio,  es  intolerable el movimiento de ocultación que está haciendo el Gobierno de Cifuentes". "Ha tenido cierto éxito en meter al poder Judicial en lo que solamente es un conflicto entre el poder Legislativo y el poder Ejecutivo. Tenemos todo el derecho a tener esta información", ha apostillado.

"Al final parece que Cifuentes se sale con la suya. Una vez que tengamos claro todo el asunto. Cuando tengamos todo claro, podremos poner una fecha. El letrado de la Mesa ha dicho que hay puntos que no se ven claro", ha valorado el portavoz de Ciudadanos en la comisión, César Zafra, a la salida de la reunión de la Mesa, que ha dicho que para el PP "cualquier excusa, jurídica o política, es válida para no dar las explicaciones que tienen que dar".

Desde el PSOE, la portavoz en la comisión, Encarnación Moya, ha sostenido que han tomado esta decisión "por prudencia y respeto" al auto del juez, pese a no tener aún conocimiento del oficial del mismo. "El auto hay que estudiarlo detenidamente y ver las repercusiones que tiene a corto plazo o de manera inmediata en las sesiones de la comisión, la primera era este viernes y por ello hay que aplazarla", ha argumentado la diputada regional.

Moya ha insistido en que desde su grupo siguen manteniendo que pedirán a la Mesa de la Asamblea la reconsideración de la comparecencia de Cifuentes y de diez personas más por la pérdida de la providencia en el mes de agosto.

La presidenta regional había sido citada para dar explicaciones sobre su etapa en el Consejo de Administración del Canal de Isabel II en una comparecencia que se pidió a raíz de que eldiario.es publicara que el Gobierno  tenía desde agosto una providencia judicial que le daba vía libre para entregar documentación del Canal de Isabel II relacionada con el caso Lezo a la oposición.

Tras cambiar Ciudadanos su sentido del voto, decayeron las solicitudes ad hoc de PSOE y Podemos para que Cifuentes hablara concretamente de la providencia "traspapelada" y en su lugar salió adelante una petición genérica de los de Aguado, registrada en abril, que ahora se ha cancelado. En todo caso, Cifuentes  no habría tenido que dar explicaciones sobre las acusaciones de "ocultación" de documentación a la oposición porque no era el objeto de su comparecencia. 

El pronunciamiento del magistrado Manuel García Castellón señala que un juzgado no puede ceder "a terceros" documentos como intervenciones telefónicas, registros o datos tributarios. Es una respuesta a una consulta del consejero de Presidencia Ángel Garrido remitida al juzgado vía Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como figura en el auto, y anunciada por el Gobierno tras el levantamiento del secreto de sumario del caso Lezo en diciembre.

Entonces, el Ejecutivo llevaba seis meses negando actas públicas de los consejos de administración del Canal de Isabel II a la oposición. En la consulta, Garrido hace referencia a 52 documentos que incluyen actas públicas del Canal de Isabel II y otros documentos privados. 

El Gobierno asume que el juez le respalda

Sobre estos papeles, el magistrado afirma que no está facultado para hacer entrega de documentación a la Asamblea "sobre procedimientos que se están conociendo por los jueces y tribunales". "La facultad de recabar información y documentación que se concede a los integrantes de cualquier comisión de investigación que se constituya en la Asamblea de Madrid se circunscribe a la que precise del Gobierno y de la Administración, sin que en ningún momento se les faculte para recabar información o documentación al Poder Judicial", sostiene.

Una parte de esos documentos ya está en manos de los diputados y el consejero de Presidencia ha pedido que se devuelvan. Los grupos han coincidido en que no tienen notificación oficial de que deban devolverlas y que será al tener la información pertinente cuando decidirán.

El Gobierno de Cifuentes interpreta que este auto les da la razón, una posición que no tiene clara la oposición, y confirma el criterio de los informes de la Abogacía de la Comunidad de Madrid, que justificaba que era necesario consultar al juez habida cuenta de que los documentos estaban incorporados a una causa en fase de instrucción. Con este argumento, consideran que la oposición debe "pedir perdón" por acusar al Ejecutivo de "ocultar" la información. 

"Nosotros obedecemos siempre las decisiones judiciales. No las comentamos. Hubo una primera providencia y lo que ha habido después es un auto, que tiene un rango superior y que está emitido por el juez titular que instruye la causa Lezo. Y lo que nos dice es con toda claridad que lo que tenemos que hacer es no entregar esa documentación", ha señalado el portavoz y consejero Ángel Garrido. 

El número dos de Cifuentes explicado que ese auto "abunda" en explicaciones "sobre lo que no debe ser" una comisión de investigación, indicando que "no debe convertirse en un juicio paralelo", "ni provocar indefensión de los acusados".

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