Itacyl: un organismo público de Castilla y León que utiliza “indebidamente” la fórmula de patrocinio publicitario

Un ente público creado a las faldas de las administraciones siempre ha generado dudas, no solo de gestión económica, sino de funcionamiento ético. Siempre ha estado en las sospechas, en el juego político de denuncias públicas y judiciales. Pero, en la mayoría de los casos, se libran de que se concrete la duda.

Es el caso del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, adscrito a la Consejería de Agricultura y Ganadería que dirige la segoviana Silvia Clemente.  Un ente de derecho privado que está navegando entre dudas, incluso planteadas por el Consejo de Cuentas de esta Comunidad Autónoma, y a cuyo frente está el exprocurador del PP por Salamanca, Jesús Encabo. Si en octubre pasado planteaba más que sospechas a su gestión, esta semana Encabo compareció ante las Cortes regionales y dijo con rotundidad, en el Informe de Fiscalización de la gestión del ente público de derecho privado Itacyl, del ejercicio 2011, que “no ha elaborado en el año 2011 un plan de actuación para llevar a cabo las encomiendas de gestión”.

Hace unos meses, en octubre, desveló que “no puede determinarse si los encargos realizados se han cumplido eficazmente o se han conseguido en mayor o menor medida que si hubieran sido realizados por la propia Consejería”. Y esta semana dijo que no hay ningún plan que “permita acreditar si los medios con los que cuenta son más eficaces o idóneos que los utilizados por el encomendante o un tercero, ni efectúa un seguimiento de las actuaciones”.

En ningún momento de describen irregularidades. Pero las sospechas son evidentes.  Jesús Encabo dice, en su informe, que en la “contratación de servicios de publicidad” se utiliza “indebidamente la fórmula de patrocinio publicitario”. Esto permite, según se refleja en el informe, “su adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad, incumpliendo los principios de publicidad y libre acceso a la licitación”.

Y va más allá al afirmar que “el fraccionamiento del objeto de los contratos que conlleva la tramitación como procedimiento simplificado de expedientes que no lo son, incumpliendo los principios de publicidad, transparencia y concurrencia establecidos en la Ley” de Contratos del Sector Público.

Ante ello, el portavoz del PSOE en la Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León, José Francisco Martín, anunció ayer que pondrá en conocimiento de la Fiscalía este informe, aunque el propio Jesús Encabo le advirtió de que la Fiscalía ya hizo en octubre pasado una petición de información al Tribunal de Cuentas sobre los anticipos de pagos de caja fija recogidos en el informe del Itacyl, en lo que denominó “fase preprocesal”. Y que se archivó porque no advertía «posibles responsabilidades contables“.

Sin embargo, José Francisco Martín fue más allá al asegurar que en los anticipos de pago de caja fija hay facturas relacionadas con alquiler de vehículos por 634,74 euros en cada operación, además de gastos hechos en bares y restaurantes. De forma concreta, citó un pub, ‘El 13’, donde según dijo se había pasado una factura por 41 euros. “El informe del Consejo de Cuentas sobre el Itacyl parece que se refiere a un manual de la corrupción”, dijo también el procurador socialista.

Entre los contratos aludidos por el presidente del Consejo de Cuentas podrían estar los cuatro que se otorgaron a Cofely, empresa investigada por la Audiencia Nacional dentro de la 'Operación Púnica', por procedimiento negociado sin publicidad en un primer momento y luego por libre acceso, y por los que tuvo que comparecer en las Cortes regionales la consejera Silvia Clemente.

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León persigue “potenciar la actividad del sector agrario y de sus industrias de transformación, mediante el desarrollo tecnológico y la dinamización  de las iniciativas que comporten nuevas orientaciones productivas o de adecuación al mercado y a sus exigencias de calidad y competitividad, la promoción y participación en operaciones de desarrollo y la certificación de la calidad de distintos operadores y entidades agroalimentarios”, según se recoge en su página web.