Hacer mal las cosas es sentar las bases para perder las próximas elecciones. Estar en el gobierno es estudiar, pensar y organizar el futuro dando respuesta a demandas que habían sido articuladas desde hace mucho tiempo por un colectivo, el de los que fueron becarios, que esperaba como agua de mayo una solución, que, en definitiva, supone el reconocimiento de su trabajo. La única manera de combatir el ruido son los hechos y el trabajo bien hecho.

Algunos de los que hemos sido becarios en todo el país esperábamos solucionar de manera definitiva nuestra situación, dándole continuidad a una política que comenzó en 2011, durante el gobierno de Zapatero. Este abrió las puertas a una regulación de la cotización de los años de becario, limitada a dos, algo que beneficiaba al Estado, que ingresaba estas cotizaciones, y a nosotros, ya que con ellas ganábamos la posibilidad de ver reconocido nuestro trabajo y jubilarnos en tiempo. La regulación de Zapatero permitía que el pago de dichas cotizaciones se realizara en el doble de las mensualidades en las que se formalizara el convenio. Esto hacía que dichos reintegros al Estado pudieran ser manejables para los presupuestos individuales o familiares. Máxime cuando al tratarse de cotizaciones y según una consulta vinculante de hacienda, era posible desgravarlas, logrando así que su abono resultara menos oneroso. La idea de Zapatero, en tanto buena idea, y que lograba aumentar los ingresos del Estado con las cotizaciones de los pasados becarios, fue recogida por el Partido Popular de Rajoy, quien, consciente de la situación expuesta por los solicitantes: las dificultades para afrontar los pagos, decidió ampliar el plazo para su solicitud (hasta 2014), y para su abono, (el triple de años), lo que hacía mucho más fácil afrontar las cuotas.

Sin embargo, aquel acuerdo, publicado como el anterior mediante un Real Decreto, fue recurrido al Tribunal Constitucional por el PSOE. El resultado fue que nuestro Tribunal Constitucional resolvió en 2018 que aquella medida no podía ser establecida, al igual que tantas otras, mediante un Real Decreto, sino que debía ser regulada mediante una Ley, dado que no se cumplían los argumentos establecidos para que fuera un Real Decreto, y debía tramitarse por el procedimiento legislativo ordinario. El problema no era la norma, que venía desde 2011, sino el método empleado para ampliar los meses y, por tanto, no era desconocido por quienes estamos interesados en estos temas. Esperábamos que los partidos políticos fueran capaces de ponerse de acuerdo en algo tan simple como ampliar los años de cotización, favorecer los ingresos al estado y asegurar la jubilación para quienes hemos dejado años en la investigación. Entre predoctorales y postdoctorales - los más afectados - suman, en el mejor de los casos, seis años (como mínimo) de lo que solo se pudieron regularizar dos años entre 2011 y 2014. Es decir, el 30% de una carrera investigadora con rápida estabilización, algo cuanto menos poco real, dado que esta se extiende en ocasiones a ocho o diez años y, en ocasiones, más. De ahí que la ampliación a cinco años sea una cuestión demandada por todos los colectivos y una necesidad, a no ser que pretendan que todos se queden hasta los 70 trabajando impidiendo la renovación de las plantillas.