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Lasa y Zabala, los años del terrorismo de Estado

En julio de 1983, el CESID aconsejó secuestrar a miembros de ETA en Francia. En octubre desaparecieron Lasa y Zabala

El ministro del Interior, José Barrionuevo, fue condenado a 10 años de cárcel por el secuestro de Segundo Marey pero solo cumplió tres meses por esa causa

De los 74 atentados de grupos terroristas parapoliciales y ultras investigados entre 1975 y 1990, solo en 17 hubo sentencia firme

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Al director de cine Pablo Malo no le dejaron rodar en La Cumbre, el palacio de San Sebastián en el que Lasa y Zabala fueron torturados antes de que los remataran de un tiro en la nuca y cubrieran sus cadáveres con cal viva en una fosa en Alicante. "No pudimos rodar en La Cumbre y luego nos enteramos de que la orden llegó de Madrid. Hubo inquietudes por no decir presiones", explicaba en septiembre durante la presentación de la película 'Lasa y Zabala' que se estrena mañana en los cines.

En La Cumbre, una villa destartalada que los policías usaban para guardar sus motocicletas o jugar a tenis, Lasa y Zabala fueron presumiblemente torturados. Aunque los tribunales no entraron a valorar las torturas –una práctica policial muy corriente en aquellos años–, los forenses relataron que sus cuerpos aparecieron "desnudos, atados, amordazados, con los ojos tapados y cubiertos de apósitos cicatrizantes en el tórax, los muslos y los pies". "Fue una tortura con mucha sangre o con mucho daño, y muy brutal", recuerda Francisco Echeberria, el forense de la familia que analizó el estado de los cadáveres hallados en Alicante.

El comandante de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, al frente del cuartel de Intxaurrondo, dio en 1983 la orden de secuestrarlos en Baiona, la ciudad del otro lado de la muga a la que Lasa y Zabala habían huido unos años antes tras participar en un atraco en Tolosa atribuido a ETA. Fueron las primeras víctimas de los GAL, creados y auspiciados por el Estado para intentar acabar con el llamado santuario de la banda terrorista ETA en Francia.

Los cuerpos de Joxean Lasa y Joxi Zabala no se descubrirían hasta 1995. Para entonces Galindo había sido ascendido a general y disfrutaba del título de héroe en la lucha contra ETA, y las salas de tortura del palacio de La Cumbre se habían reconvertido en una sala de billar y unas cocinas. Todo parecía olvidado.

El proceso judicial que siguió al descubrimiento de los cadáveres desveló la trama verde de los GAL: la implicación de miembros de la Guardia Civil en crímenes de terrorismo de Estado. Los principales responsables del asesinato fueron encarcelados aunque no tardaron mucho en salir de prisión.

Galindo fue condenado a 71 años de cárcel. En el año 2000 entró en la cárcel y cuatro años después estaba cumpliendo la condena en casa por motivos de salud. En 2005 le concedieron el tercer grado y en 2013 la libertad condicional. El gobernador civil Julen Elgorriaga también fue condenado a 71 años de cárcel, pero pasó en prisión menos de dos años. Los guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo, condenados a 67 años cada uno, consiguieron el tercer grado en menos de 8 años.

31 años después de aquel asesinato, el director de la película no ha podido rodar en La Cumbre. El terrorismo de Estado sigue incomodando en algunas esferas del poder.

 

El silencio espeso de 1983

El 3 de noviembre de 1983, unas semanas después de que Lasa y Zabala hubieran desaparecido, y de que cuatro policías españoles fueran detenidos en Francia cuando intentaban secuestrar al dirigente de ETA José María Larretxea, Felipe González explicó en el Congreso de los Diputados las medidas contra el terrorismo que acababa de aprobar el Gobierno. Una sesión que el periodista de El País, Fernando Jauregui, definió como "llena de sobreentendidos" sobre una "posible puesta en marcha de tácticas de guerra sucia", que no se citaron expresamente pero que "flotaron sobre la sesión".

Dijo Felipe González ante la tribuna del Congreso: "Espero que se me entienda con claridad: no permitirá este Gobierno que vivan tranquilos los que amparan el terror y el crimen".

Tal y como relata El País en una información titulada 'El silencio espeso de 1983', a González le respondió el diputado de Euskadiko Ezkerra Juan María Bandrés: "No caigan, y espero que no caerán en la tentación de una guerra sucia; la ilegalidad es patrimonio del delincuente. El Estado democrático se mueve dentro de unos límites que no puede traspasar y que hay que respetar. Esa es la grandeza en realidad del poder público en un Estado democrático". También Santiago Carrillo, secretario general del PCE, mostró su preocupación porque el presidente del Gobierno no hubiera hecho "ninguna alusión concreta de condena contra la guerra sucia".

Salvo Bandrés y Carrillo, el resto prefirieron no mentar el terrorismo de Estado. O, por el contrario, dejaron clara su comprensión. Fue el caso de Manuel Fraga: "No se puede hablar de guerra sucia cuando de lo que se trata es del ejercicio más natural, del más elemental de los derechos, que es el derecho de legítima defensa. Ese es el derecho que pedimos que se ejerza en nombre de todo el pueblo de España".

El silencio espeso se mantuvo durante varios años hasta que en el verano de 1986 empezó a quebrarse con las investigaciones periodísticas de Ricardo Arques, primero en DEIA, y más tarde en Diario 16 y El Mundo. Entonces empezaron a sonar los nombres de Amedo y Domínguez, los de los mercenarios franceses y, poco a poco con más periodistas, jueces y fiscales, se fue deshilachando el ovillo de los Barrionuevo, Sancristobal, Damborenea y demás guardianes de las cloacas del Estado.

La guinda del pastel fueron los famosos papeles del CESID. Todo esto se sabría mucho después pero el 6 de julio de ese silencioso año de 1983, antes de que comenzaran los secuestros y los atentados de los GAL, el CESID, el servicio de espionaje, elaboró un documento, bajo el título 'Acciones en Francia' –considerado oficiosamente el acta fundacional de los GAL–, en el que analizaba las posibilidades de actuar en el país galo: "En cualquier circunstancia se considera que la forma de acción más aconsejable es la desaparición por secuestro". Según la sentencia del Supremo del caso Marey, en otro documento del 28 de septiembre de ese mismo año, el CESID "asegura que está previsto realizar acciones violentas en el sur de Francia en fechas inmediatas".

Papeles del CESID sobre la guerra sucia contra ETA

Papeles del CESID sobre la guerra sucia contra ETA

 

Y no tardaron mucho. El 15 de octubre desaparecieron Lasa y Zabala. Y el 4 de diciembre los GAL secuestraron a Segundo Marey al que confundieron con el presunto miembro de ETA Mikel Lujua. Pese a darse cuenta de la chapuza, el ministro del Interior, José Barrionuevo, junto al secretario de Estado, Rafael Vera, y el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, decidieron seguir adelante con sus planes y mantuvieron cautivo a Marey durante diez días para conseguir la liberación de los policías españoles que habían sido detenidos en Francia cuando intentaban secuestrar a Larretxea (por cierto, algo que ni siquiera era necesario porque los policías iban a ser liberados).

Barrionueva y Vera fueron condenados a 10 años de cárcel pero gracias a un  indulto parcial de Aznar solo cumplieron 3 meses de prisión por esta causa.

Para la historia quedará una de las fotos más infames de la democracia, la de Felipe González y buena parte de la cúpula del PSOE arropando a Vera y Barrionuevo el día de su ingreso en la cárcel de Guadalajara.

 

La mayoría de los crímenes del terrorismo de Estado no han sido juzgados

El extraordinario impacto político de los procesos judiciales por los asesinatos de Lasa y Zabala y el secuestro de Segundo Marey han instalado en la opinión pública española la idea de que el Estado juzgó la guerra sucia y pudo sobreponerse a sus manzanas podridas. Que, pese a lo horrendo de los crímenes cometidos, sus autores fueron puestos a disposición judicial y que, en último término, el Estado de Derecho funcionó para limpiar las cloacas.

Sin embargo, los datos muestran una realidad distinta.

Según un informe de la Oficina de Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco elaborado durante el mandato de Patxi López, menos de una cuarta parte de los actos terroristas atribuidos a grupos armados policiales o de extrema derecha ha terminado en una sentencia firme. De los 74 atentados investigados entre 1975 y 1990, sólo en 33 se tramitaron diligencias ante la Audiencia Nacional y sólo en 17 hubo sentencia firme.

66 personas fueron asesinadas por este 'otro terrorismo' protagonizado por los GAL, Batallón Vasco Español, la Triple A o GAE. En la mayoría de los casos se desconoce a día de hoy quiénes fueron los autores de los asesinatos. Los culpables siguen en libertad.

"En términos judiciales, conocemos un 50 por ciento de lo que fueron los GAL", explicaba Jesús Santos, exfiscal de la Audiencia Nacional, en el especial del diario Berria sobre los GAL.

¿Se puede hablar de impunidad del terrorismo de Estado? Galindo y Barrionuevo y otros muchos más fueron condenados y la participación del Estado en la guerra sucia ha sido comprobada, así que, probablemente, no. ¿Se puede hablar de que el Estado ha perseguido la guerra sucia y se ha hecho justicia? La mayoría de los casos siguen sin esclarecerse y las investigaciones sobre las implicaciones de las autoridades gubernativas tocaron techo sin conocerse todo lo que se escondía en el armario (por no mencionar los indultos y beneficios penitenciarios a la carta) así que, probablemente, tampoco.

Mañana se estrena la película sobre Lasa y Zabala y vuelven a recordarse aquellos años del terrorismo de Estado, cuando a los horribles crímenes de ETA se les respondió con otros horribles crímenes. Cuando el terrorismo se combatió con terrorismo.

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