La Ley Municipal prevé que los alcaldes convoquen consultas populares
El proyecto de Ley Municipal que ha aprobado el Gobierno vasco va a permitir a los alcaldes y alcaldesas de Euskadi la convocatoria de “consultas populares” para aquellos asuntos de la competencia propia municipal que sean de especial relevancia para los intereses de sus vecinos. En principio es una potestad que tendrán los regidores y un 10% de los ciudadanos en las localidades con mas de 5.000 habitantes y del 20% en los pueblos pequeños. En cualquier caso, deberá ser ratificada por un acuerdo del pleno y, además, ser autorizada por el Gobierno central. El Ejecutivo vasco espera que este proyecto de ley esté aprobado por el Parlamento antes de las elecciones municipales de 2015.
Aunque los municipios tendrán por primera vez en su historia representación en el Consejo Vasco de Finanzas, el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, ha admitido que “no se puede asegurar ni mejor, ni peor financiación municipal” con una ley que llega 35 años tarde.
Los municipios tendrán una lista propia de competencias (hasta 37) que la blindan de la “recentralizadora” Ley de Racionalización aprobada por el Gobierno del PP en diciembre de 2013. Entre otras, están las de empleo, promoción económica, comercio interior y otras como las medioambientales o de igualdad.
Los ayuntamientos vascos alcanzan la mayoría de edad en esta ley -la tercera que se envía al Parlamento en estos 35 años- porque tendrán tres asientos reservados en dos órganos básicos para la organización del entramado institucional vasco y, sobre todo, para la financiación: el Consejo Vasco de Finanzas y el Órgano de Coordinación Tributaria. Serán los propios 251 municipios los que deberán acordar, una vez aprobada la ley, quiénes son la tres personas que les representarán en esos órganos. En principio, la asociación de mayor implantación -en este caso Eudel (Asociación de Municipios Vascos)- será la encargada de elegir a esas tres personas que posteriormente serán nombradas por el lehendakari, según la actual redacción de la ley.
Álava no oculta sus discrepancias
Aunque se han integrado en la redacción algunas de las alegaciones presentadas por la Diputación de Álava, Erkoreka ha admitido que no ha arrancado un compromiso a Javier de Andrés de que no llevara la ley a la comisión arbitral, lo que retrasaría su aprobación. Sin embargo, el propio De Andrés, número tres del PP vasco, ha admitido este mediodía que pese a que existen discrepancias en parte del articulado, buena parte de las exigencias planteadas por la Diputación de Álava han sido tenidas en cuenta en la redacción aprobada este martes por el Consejo de Gobierno. Gipuzkoa también descarta un recurso que pospondría la tramitación de la ley.
“Ojalá estuviera antes de las elecciones municipales, porque si algo les hace falta a los ayuntamientos es tener bien definidas sus competencias y bien clara su financiación”, han indicado los socialistas. El PSE considera que el Gobierno ha perdido un tiempo precioso y que podía haber cogido la ley que presentaron los socialistas en la pasada legislatura y que no llegó a buen puerto por la decisión del PNV de llevar a la comisión arbitral el texto, lo que hizo inviable su aprobación, y por el adelanto electoral.
