“Sí se puede, no se quiere”
La sociedad pública de alquiler social Alokabide (dependiente del Gobierno vasco) sigue en plena tormenta. La presión que vienen ejerciendo sus inquilinos desde hace meses ha llegado hasta el Parlamento vasco. A principios de abril está previsto el debate de una proposición de ley que, entre otras cuestiones, reclama que el alquiler no supere el 30% de los ingresos del inquilino. Este es el principal caballo de batalla, ya que a los 250-280 euros de media del alquier hay que sumar los gastos fijos de comunidad (entre 70 y b80 euros) y los gastos de calefacción (puede rondar los 100 euros) y el agua caliente. Al final, “el alquiler no tiene nada de social. Al final te presentan con casi 500 euros cuando muchas familias solo cobran el subsidio de desempleo [426 euros]”, se queja Arturo Val, miembro de la Plataforma Stop Desahucios.
Según Val, “Alokabide sí puede cambiar su forma de actuar, pero no quiere hacerlo”. “Alokabide se comporta como una empresa privada y no duda en desahuciar por impago de rentas a deudores de buena fe. En Barakaldo hemos parado un desahucio, en Vitoria también, pero las cartas que mandan son en estos términos: 'o pagas [por deudas de dos plazos] o te echamos a la calle'. Y no se puede alegar nada”. En muchos casos, algunos inquilinos no están conformes con los recibos que les llegan de calefacción o agua caliente y los rechazan. “Lo que pasa después es que Alokabide se los vuelve a cargar junto con el alquiler del mes y así sucesivamente”.
“Se trata de una situación sangrante porque las familias no pueden llegar a final de mes. Y lo peor está por llegar ya que 2014 va a ser un año muy malo. Sin empleo y con 426 euros de subsidio ya me dirás cómo se aguanta la situación. Es fundamental actuar de manera preventiva y que se cambie la orden que regula los alquileres”.
Sin revisión anual
Ester Sancho es una inquilina de Alokabide. En su caso, le hicieron el contrato tomando como referencia la declaración de la renta de 2009 y para un periodo de cinco años. “Mi situación laboral ha empeorado. He solicitado que me revisen la renta porque ha habido momentos en los que solo he cobrado el subsidio de 426 euros, pero no lo han hecho. Hasta hemos llegado a tener jardinero en la urbanización y por mucho que le hemos insistido a Alokabide para que lo quiete y hacernos cargo los vecinos no ha habido forma hasta hace un año y medio”.
“Nadie cobra lo mismo que en 2009. El Gobierno vasco se cuelga medallas con lo de que se trata de pisos sociales, pero no tienen nada de social”, protesta Regina Cillero, otra inquilina de Alokabide que se ha visto obligada a pasar meses con apenas 60 euros. “Lo que me quedaba después de pagar el alquiler y todos los gastos fijos de comunidad y lo que cobraba. Tiras del colchón que has podido ahorrar, pero eso se acaba”.
Mientras, la viceconsejera de Vivienda del Gobierno vasco, Covadonga Solaguren, mantiene que Alokabide no desahucia a nadie por carecer de recursos económicos exclusivamente. Los casos que se han podido dar han tenido otras circunstancias añadidas que tienen más que ver con problemas “de tipo convivencial, de integración social e incluso con ilícitos penales”. La responsable del Gobierno vasco afirmó el mes pasado que Alokabide estudia “uno por uno” cada expediente para ver las razones del impago de la renta. “Nos ponemos en contacto con la persona afectada para llegar a un acuerdo de pago, dando facilidades a los inquilinos”, asegura.
