El plan estatal de vivienda para que los jóvenes se compren una casa no se aplicará en Euskadi
El nuevo plan de Vivienda para jóvenes presentado esta semana por el ministro Íñigo de la Serna no se aplicará en Euskadi, según confirman desde el Gobierno vasco. La comunidad autónoma, siempre según estas fuentes, tiene competencias exclusivas en materia de Vivienda y sigue un modelo propio como único lugar en España donde el alojamiento digno es un “derecho” exigible ante la Administración en caso de necesidad y de que se cumplan unos requisitos económicos. El equipo del consejero de Vivienda, el socialista Iñaki Arriola, trabaja precisamente en el desarrollo reglamentario de la Ley de Vivienda para regular el acceso a ese derecho.
Fue el jueves cuando el ministro De la Serna lanzó un plan para el período 2018-2021. Con el ánimo fomentar la emancipación de los jóvenes (sólo el 20% se independiza antes de los 30 en España) se plantearon subvenciones para el pago del alquiler de hasta el 50% de la renta y, en caso de optar por la compra, el Gobierno está dispuesto a pagar con dinero público hasta 10.800 euros para rebajar el elevado coste de los pisos.
Las medidas contempladas en este programa especial de Vivienda, sin embargo, no serán de aplicación en Euskadi, con competencias transferidas en esta materia. Desde el Ejecutivo vasco de PNV y PSE-EE recuerdan que las políticas de Vivienda ya están financiadas a través del Concierto Económico y que en ningún caso se prevé la transferencia de nuevos fondos estatales para el desarrollo de programas que se solapan o que incluso quedan por detrás de las políticas de apoyo al alojamiento que ya se están aplicando.
En el caso vasco, ya existen ayudas al alquiler. En concreto, todos los perceptores de la renta de garantía de ingresos (familias sin recursos o con pensiones y rentas bajas) pueden acceder a un complemento de 250 euros para abonar un arrendamiento. Asimismo, desde 2015 está en vigor una Ley de Vivienda que crea por vez primera en España (la referencia en la Constitución es un mero “principio rector”) el “derecho” a un piso protegido en caso de acreditar de una necesidad económica. De manera escalonada ya se están reconociendo esas viviendas públicas y, de manera subsidiaria, una prestación igualmente de 250 euros para facilitar el acceso al mercado libre. Se prevé que el número de beneficiarios por la normativa propia sea de 18.000 de aquí a 2025.
Euskadi ha participado en el proceso de consultas para la elaboración del plan estatal de Vivienda y tenía conocimiento de las medidas que se iban a anunciar, pero los responsables autonómicos aseguran que financiar la compra de pisos, hoy en día, no es una “filosofía acertada”. El derecho a la vivienda es un derecho a un alojamiento digno no a ser dueño de esa casa, subrayan. De hecho, los planes autonómicos han cambiado la promoción de VPO para su venta por una priorización del alquiler social.
Según datos oficiales, el 36,1% de los inscritos en las listas del servicio vasco de vivienda (Etxebide) son menores de 35 y, por lo tanto, potenciales beneficiarios del plan estatal. Los jóvenes son el colectivo “de mayor peso específico” entre los demandantes. Las estadísticas de Etxebide reflejan que la mayor parte de los inscritos está soltero (58%) y es mujer (51%). En cuanto a los ingresos, apenas un 10% supera el umbral de 25.000 euros anuales.
