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Al Gobierno de Uxue Barkos le cuesta asentar los cambios

18 meses de polémicas se acumulan tras las modificaciones legales que intenta aplicar el Ejecutivo en Navarra

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Barkos dice que no hay voluntad de revertir los conciertos educativos, sino que se plantea una reflexión

Reforma fiscal para incrementar los ingresos, reformas en Educación para fomentar la matriculación en modelo D (euskera) y regular el programa de enseñanza en inglés (PAI), reformas en Derechos Sociales para ampliar la renta básica, ahora Renta de Inserción Social, reformas en Salud para acortar las listas de espera y decidir los nombramientos de jefaturas… El año y medio del Gobierno que preside Uxue Barkos (Geroa Bai) ha supuesto la puesta en marcha de numerosas reformas. El autodenominado Gobierno del cambio ha introducido modificaciones legales en cuestiones muy sensibles para la ciudadanía navarra, y aunque no ha ganado apoyo popular con ello (al menos, según los resultados de la última encuesta “Navarrómetro” encargada por el Parlamento), tampoco parece haber perdido mucho apoyo entre los suyos. “El cambio se va asentando”, hace balance la presidenta. Sin embargo, muchas de las decisiones de su Gobierno han ido a parar a los juzgados o han desembocado en dimisiones en cadena, en protestas en la calle o en trifulcas políticas. El cambio no está siendo fácil para Navarra.

18 meses después de llegar al Palacio foral, al Gobierno apoyado por el cuatripartito (Geroa Bai, Bildu, Podemos e IE) ya no le vale con la excusa de la herencia recibida después de casi dos décadas de gobiernos de la derecha. Fue el argumento más recurrente del primer mandato de Barkos. Que el Estado anula unas oposiciones a maestro, la culpa era de UPN, que las había convocado de forma irregular; que las arcas forales criaban telarañas, la culpa era de la derecha, que había ocultado el boquete de las finanzas públicas; que no se podían cumplir todas las promesas hechas en campaña electoral en los primeros presupuestos, la culpa era de la herencia recibida en forma de deudas millonarias que la derecha se comprometió a pagar.

Agotado el argumento de la herencia recibida, el Gobierno se enfrenta ahora en solitario a la responsabilidad de justificar sus decisiones. Por ejemplo, la de crear una banca pública foral. De momento, el primer paso que se ha dado para ello, el encargo de un estudio para conocer la viabilidad del proyecto, ha desembocado en serias discusiones entre los miembros del cuatripartito. Así que, por el momento, el tema parece aparcado en algún cajón del despacho del vicepresidente.

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A la primera reforma fiscal que aprobó nada más llegar al poder, con la que consiguió un necesario incremento de ingresos para las cuentas públicas, estudia ahora sumar una nueva reforma que endurezca el impuesto de Sociedades. “Navarra tiene el impuesto más bajo” de las comunidades autónomas, advirtió el vicepresidente Ayerdi. Un comentario que no gustó nada al sector empresarial navarro, que días antes había compartido con el dirigente nacionalista la presentación del nuevo plan estratégico del Gobierno para invertir en Investigación y Desarrollo. Un plan que viene a sustituir al suspendido “Plan Moderna” de UPN, pero que persigue objetivos similares y con el que el Gobierno de Barkos pretende ganarse la complicidad de un empresariado que no termina de ver despegar la economía foral.

Presupuestos aprobados

 La mayoría parlamentaria que suma el cuatripartito le va a permitir, por segundo año consecutivo, aprobar sus presupuestos para Navarra. Algo que con UPN no ocurrió en los tres últimos años de presidencia de Yolanda Barcina, que se tradujeron en otras tantas prórrogas presupuestarias. Así que, con su segundo proyecto de presupuestos bajo un brazo (con un incremento del gasto que se basa en unas mayores previsiones de ingresos) y con su nuevo plan estratégico para las empresas bajo el otro, el vicepresidente Ayerdi lidia con el sector empresarial que todavía desconfía de los cambios.

También pelea a brazo partido para aplicar sus modificaciones el consejero de Educación, José Luis Mendoza. El más polémico de los miembros del gabinete de Barkos (incluso la propia presidenta reconoció “notables errores” en los inicios de su gestión) tiene ahora en pie de guerra a los profesores de la enseñanza concertada, que reclaman una equiparación salarial con los de la pública; a los profesores de la pública, que han visto recurrida por un sindicato sectorial la oposición de más de 100 plazas de maestro ya asignadas; a la asociación de directores de centros públicos, que reclama mejoras en la regulación del Programa de Aprendizaje en Inglés (PAI); a las apymas de los centros en los que se imparte este programa…..

La lista de agraviados por la gestión de Mendoza es larga. Incluso recibe críticas desde sus propios socios de Gobierno, como Bildu, que considera que el consejero no está haciendo lo suficiente por promocionar el euskera. Cuando Barkos anunció antes del pasado verano que se iba a producir una “depuración” de altos cargos del Gobierno que no se sintieran cómodos con el mensaje del cambio, todos los focos se fijaron inmediatamente en el departamento de Educación. Y, a los dos meses, comenzó el goteo de dimisiones. De manera que Mendoza ha tenido que instruir a los nuevos componentes de su equipo en el departamento con las reformas ya en marcha o a punto de aprobarse.

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Tampoco bajan pacíficas las aguas del cambio en el departamento de Salud. Aunque el trabajo para reducir las listas de espera parece estar dando sus frutos, al menos, según los datos que ofrece periódicamente el consejero, hay modificaciones que no terminan de resolverse sin polémica. El cuatripartito se comprometió a instaurar un nuevo sistema de nombramiento de jefaturas por méritos. Y en el momento en el que dio los primeros pasos para ponerlo en marcha, comenzaron las dimisiones. La más sonada, la del jefe de Ginecología del Complejo Hospitalario de Navarra, que coincidió además en el tiempo con la entrada en vigor de la nueva regulación para que en la red sanitaria pública de Navarra vuelvan a practicarse abortos.

Renta de Inserción Social

El de Derechos Sociales parece ser el departamento del Gobierno que menos respuestas críticas despierta, aunque la nueva ley de Renta de Inserción Social está lejos de haber dejado satisfechos a los representantes de las ONG con los que aseguró haber pactado el texto el consejero. El caso es que la dotación presupuestaria para cubrir todas las garantías que ofrece la ley es la más alta desde la crisis, pero desde las asociaciones se quejan de que el Gobierno no paga las ayudas por falta de liquidez, y debe recurrir a convenios con otras entidades para que adelanten el dinero a los beneficiarios.

En el reformado departamento de Relaciones Institucionales, la dirección general de nuevo cuño de Paz y Convivencia acaba de protagonizar la penúltima polémica del año: casi 50 familiares de víctimas de ETA en Navarra firmaron un comunicado conjunto en el que cuestionaban dicha dirección general, pedían su desaparición y opinaban que se había creado para “blanquear” el apoyo de Bildu al Gobierno de Barkos. Y lo hacían como reacción a la rueda de prensa de la consejera Ollo y el director general Baraibar en la que se habían mostrado más que orgullosos de la buena acogida que habían tenido los familiares de víctimas de ETA hacia sus programas de reparación de las víctimas.

Aunque, por el momento, la aritmética parlamentaria no les ha fallado y en las decisiones importantes todos los miembros del cuatripartito han votado de forma conjunta, las discrepancias entre ellos les han conducido ante el riesgo serio de una ruptura en la disciplina de voto. Ocurrió, por ejemplo, con la ley del cuatripartito por la que se comprometían a devolver a los funcionarios navarros el 25% de la paga extra que les adeudaba el Gobierno desde 2012. Podemos, que era partidario de que la ley recogiera la devolución del 50% que se debe a los funcionarios, amenazó con abstenerse. Aunque finalmente no mantuvo el pulso y votó junto a sus socios. Después, le vino Dios a ver en forma de anuncio del Gobierno central por el que se ampliaba el déficit permitido a las comunidades autónomas, lo que dio al Gobierno margen de maniobra suficiente para devolver el 50% de la paga a los funcionarios y saldar definitivamente esta deuda.

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