Los interminables frentes de Osasuna, pieza a pieza
Un gol de Javier Flaño salvó este año a Osasuna del descenso a la Segunda División B en el partido frente al Sabadell. Era el minuto 91 del último encuentro de la 2014-2015, que terminó 2-2, un empate in extremis que dio un pequeño respiro a una afición rojilla que durante la última temporada no ha ganado para disgustos, y no solo por la cuestión deportiva. La decisión ahora del juez Otamendi de levantar parcialmente el secreto de sumario del llamado caso Osasuna ha vuelto a poner el foco sobre el posible amaño de partidos durante la temporada anterior, cuando el club no pudo evitar su descenso a 2ª, pero además ha extendido la investigación en torno a la gestión de la entidad, ya no solo durante la etapa de Miguel Archanco en la presidencia, sino más ampliamente durante la de Pachi Izco. Si los presuntos amaños podrían tener trascendencia en condiciones normales en la situación de Osasuna, la línea de investigación en la que ahora se ahonda la tiene en los Tribunales.
La misma semana en que se ha firmado la dación en pago para que las propiedades de Osasuna pasen a ser públicas, como parte de la Ley de Osasuna que permitió reestructurar la deuda del club, y que la actual directiva ha presentado por fin el aval que le requería con insistencia la LFP, el panorama en torno a la entidad en los Tribunales se complica. La parte más llamativa es la decisión del titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona, Fermín Otamendi, de investigar la salida de tres millones en efectivo durante la época de Izco, así como el presunto uso para gastos personales de una tarjeta a nombre de Osasuna. Además, las sospechas sobre los pagos a futbolistas de otros clubes para ganar y, aquí está lo punible, dejarse ganar, se mantienen. Y, con todo, desde la actual directiva del club, que ya ha presentado dos denuncias para que se indague en este caso, su portavoz, Pedro Baile, insiste en que el hecho de que la investigación continúe es “100% positivo” para la entidad. Un lío que cabe aclarar, como ha efectuado el propio juez, pieza a pieza.
El origen: el posible amaño de partidos
Fue el motivo por el que arrancó este caso. La investigación de la Liga de Fútbol Profesional, iniciada tras la advertencia de movimientos extraños en Osasuna (algo que señaló sobre todo al exdirectivo y ahora imputado Txuma Peralta, por su trato cercano con jugadores y representantes) por parte de los presidentes de Valladolid y Granada, que motivó una querella de la LFP y una denuncia del propio Osasuna. Entonces, se apuntaba a la extracción de 2,4 millones de las cuentas de la entidad rojilla cuyo destino se desconoce. Para seguir adelante con el caso, fue clave la declaración del exgerente de la entidad durante más de veinte años, Ángel Vizcay, que habló (y mucho) ante la Liga sobre los presuntos pagos a jugadores de otros equipos por ganar y dejarse ganar durante los últimos encuentros de la temporada 2013-2014, también señaló al expresidente de Osasuna Miguel Archanco y su junta e, incluso, se remontó a la época en la presidencia de Pachi Izco.
Indicios en, al menos, tres encuentros
El juez Otamendi confirma ahora que ve “indicios” de que se destinaron hasta 900.000 euros a la presunta compra de partidos durante la pasada temporada, y habla de 250.000 euros destinados a futbolistas del Espanyol por empatar con Osasuna (la Policía Nacional también aprecia movimientos sospechosos en las apuestas deportivas en ese encuentro), y 650.000 al Betis por dos encuentros: uno (400.000 euros) por ganar al Valladolid y otro (250.000) por dejarse ganar ante Osasuna. No se descarta, en cualquier caso, investigar otros partidos y, sobre todo, dónde acabó el dinero que, según se dice, se destinó a esos presuntos amaños.
Cabe recordar que hasta 2010 este tipo de prácticas no se incluyeron en el Código Penal (recogidas dentro del apartado de corrupción entre particulares) y que, por tanto, apenas hay jurisprudencia sobre este tipo de casos. De ahí que fuentes jurídicas apunten al interés que también ha suscitado para valorar este caso la investigación iniciada en un juzgado de instrucción nº 8 de Valencia por un presunto amaño de un Levante-Zaragoza disputado en 2011. Tras ese partido, el Zaragoza no bajó pero sí lo hizo el Deportivo de La Coruña.
El balance: 21 personas imputadas
Por el momento, se mantienen las 21 personas imputadas, entre los dos expresidentes del club (Pachi Izco y Manuel Archanco), exdirectivos y otros exempleados, futbolistas y los agentes inmobiliarios señalados en una operación sospechosa. Únicamente dos personas por el momento han pasado momentáneamente por la prisión, Miguel Archanco y el exdirectivo Txuma Peralta. Este último, señalado por los supuestos pagos para la compra de partidos, ha admitido que los hizo (siempre para ganar partidos, algo que no está considerado delito) y que toda la Junta Directiva estaba al corriente de ello. En los supuestos amaños, este cruce de versiones puede resultar clave para demostrarlos o no, porque todo el mundo los niega salvo Ángel Vizcay.
Dudas con dos contratos
El juez también vuelve a poner el foco en dos contratos que no se han aclarado: el de Osasuna con la sociedad portuguesa Flefield por valor de 1.440.000 euros (el magistrado cree que se crearon esos contratos solo para justificar la salida de dinero en metálico) y la operación en la que están involucrados Osasuna y los agentes inmobiliarios Cristina Valencia y Alberto Nolla por valor de 900.000 euros, un pago que nunca llegó a realizarse según el magistrado.
La gestión de Pachi Izco
Si hay un punto en la que ahora profundiza la investigación es en Pachi Izco y su Junta Directiva, puesto que el expresidente protagoniza la apertura de una nueva línea, bautizada como la pieza separada B. Ya al destaparse el caso Osasuna, se incluyó en la investigación el pago durante su etapa en la presidencia de 76.711 euros a un supuesto agente deportivo, pero ahora la investigación va más allá, tras tener acceso a la información facilitada por la Hacienda foral.
En concreto, se centra en la época de 2003 a 2007, cuando se extrajeron 3.090.000 euros de las cuentas del club en metálico. El destino de esas cantidades no se ha aclarado (Vizcay testificó que, al menos entre 2003 y 2005, fue para destinarlos a otros equipos de fútbol, desde el Huesca al Villarreal o el Barcelona), y se sospecha una gestión desleal de las cuentas, vinculada a presuntos delitos de apropiación indebida, delito societario, falsedad contable, blanqueo y delito contra la Hacienda Pública. Izco está en el centro de todas las miradas también por la extracción de dinero en efectivo de 173.368 euros y el uso de una tarjeta a nombre del club que, presuntamente, se empleó para gastos personales y otra con gastos sin justificar. Diario de Noticias, que cita a una denuncia de Osasuna (la segunda en este caso, presentada en abril), cifra esos importes en 28.780,23 y 21.298,73 euros, respectivamente: incluyen gastos en restaurantes en Francia o Mónaco, en una vinoteca de Hendaya, en hoteles, tiendas de ropa y perfumería…
El patrimonio de Archanco
Otra de las piezas, la C, afecta al expresidente Archanco. En este caso, se investiga si él y su familia han cometido, según se recoge en el auto, un presunto delito de insolvencia punible por desprenderse de parte de sus bienes en septiembre de 2014, dándoselos a su mujer y, después, a su hijo. De esta forma, podría haber evitado hacer frente a la fianza de responsabilidad civil (por valor de 3 millones) impuesta por el Juzgado. De hecho, por el momento solo se ha podido proceder al embargo de 129.177 euros del expresidente. Por ello, el juez ha optado por embargar todos los bienes anteriores a estas gestiones.
El caso de los billetes de 500 en Hacienda, archivado
Una de las piezas de la investigación, la separada A, ya ha sido archivada. Se trata, en concreto, de la parte que señalaba al Departamento foral de Hacienda y si había detectado en junio de 2008 gestiones sospechosas por extracciones de dinero en billetes de 500 euros (por las que se abrió un expediente de inspección), tras las que el exgerente Ángel Vizcay y el expresidente Izco (primero lo aseguró, luego se desdijo) aseguraron que se habló con el Gobierno Foral para que mirara hacia otro lado. Estas sospechas podían suponer un presunto delito de cohecho o prevaricación. No obstante, el magistrado ya ha decido archivarlas. Otamendi cree que la motivación para que, en su día, se archivaran estas inspecciones es “un tanto escasa”, según se recoge en el auto, pero se procedió de forma similar en otros casos ajenos a Osasuna y, por tanto, el magistrado considera que no hay indicios de delito.
No obstante, esta línea ha resultado clave para, al final, ampliar una investigación que ya no solo se centra en el posible amaño de partidos, sino que cuestiona la gestión de las cuentas del club. Está por ver todavía cómo se resuelve otra investigación, denunciada por la asociación Kontuz! y que ha recaído en otra sala, en torno a la deuda contraída por Osasuna con la Hacienda foral y si hubo facilidades con el club para que esta llegara hasta los 53 millones, situación que motivó la llamada Ley de Osasuna para reestructurar esa deuda y que el Gobierno Foral se hiciera con las propiedades del club.
El aval y la situación de la plantilla
Más allá de los tribunales y de la situación deportiva, el club también afronta otros temas que necesitaba resolver. Por ejemplo, el Comité de Empresa y la actual directiva, encabezada por Luis Sabalza, alcanzaron un acuerdo a comienzos de abril para reducir la actual plantilla en un tercio, dada la difícil situación económica de la entidad. En principio, se anunció que entre prejubilaciones y bajas incentivadas (el salario, además, ya se ha reducido en un 30%), se esperaba limitar el número de trabajadores y trabajadoras en unas 18 personas. Fuentes de la plantilla creen que se puede llegar a esa cifra si se tiene en cuenta el inicio de la temporada 2014-2015 y el margen de tiempo llega a final de año. Por el momento, ya ha habido alrededor de siete bajas.
Y el último frente abierto, y ahora cerrado, es el de la presentación del aval antes mencionado ante la LFP, un paso que debía dar la nueva directiva encabezada por Sabalza y que, por fin, se ha realizado este jueves tras el acuerdo alcanzado con dos entidades financieras. No haber contado con este aval ponía en riesgo la continuidad del club en Segunda, y sembraba dudas sobre la continuidad de la actual directiva.
A pesar de este paso, la situación de Osasuna promete seguir bajo el foco mediático. Y, sin embargo, el portavoz de la directiva, Pedro Baile, valora que el trabajo hasta ahora realizado por el club, el Juzgado y la Policía es intenso y va bien encaminado para que, al final, “se sepa si hubo irregularidades y quién las cometió”.
