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Los diputados de Amaiur se ausentarán del Pleno del Congreso de mañana para secundar la huelga convocada en Euskadi

Los siete diputados de la coalición abertzale Amaiur se ausentarán del Pleno del Congreso de este jueves, en el que entre otros asuntos se celebrará el debate de totalidad de la Ley de Transparencia, para secundar la huelga convocada en el País Vasco por los sindicatos ELA y LAB contra los recortes y ajustes presupuestarios y a favor de un marco vasco de relaciones socio-laborales.

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Los diputados de Amaiur se ausentarán del Pleno del Congreso de mañana para secundar la huelga convocada en Euskadi

En rueda de prensa en la Cámara Baja, el diputado de Amaiur Rafael Larreina, de Eusko Alkartasuna (EA), ha explicado que la coalición abertzale participará en una huelga que pretende ser "un toque de atención" para que no se siga por el actual camino de políticas de recortes sociales porque, a su juicio, sólo provocan "más recesión, más paro, más desatención y más marginación social".

Y, según ha justificado, es "preciso" unirse a esa protesta porque, de lo contrario, se continuará con una inercia que es "muy peligrosa", desde el punto de vista de la cohesión social, no sólo en el País Vasco, sino también en el conjunto del Estado.

NO DEFENDERÁN SU ENMIENDA A TOTALIDAD

Con motivo de su ausencia de la sesión plenaria de este jueves --destinarán el dinero correspondiente de esa jornada a distintas organizaciones sociales--, la coalición independentista no podrá defender la enmienda a la totalidad que ha presentando al proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno.

Es por ello que Larreina ha aprovechado su comparecencia de prensa para dar cuenta de algunas de las razones que le llevan a pedir la devolución de esa propuesta, que según ha subrayado, es un mero "cartel" que "no facilita ni hace real" la transparencia porque está "llena de limitaciones".

Entre otras cuestiones, el diputado cree que el proyecto pone una serie de condiciones que excluyen el derecho de la información, no responde al objetivo de acceso a la información, no deja claro las instituciones que dependen de los presupuestos públicos y que deben someterse a la norma (Casa Real, organizaciones empresariales, sindicatos, ONG e Iglesia) y no respeta la soberanía limitada ni avanza hacia el objetivo de que Euskadi decida su propio destino.

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