Caballero acusa al Gobierno de “indefinición” en la reforma local aunque dice que aún “es posible llegar a acuerdos”

Así ha respondido Caballero en rueda de prensa tras mantener ayer una reunión en Madrid con la dirección de la FEMP para evaluar el avance de las negociaciones. El dirigente socialista ha explicado que recibieron un nuevo documento, pero que “nadie ha sido capaz” de asegurar si será el texto que apruebe próximamente el Gobierno, ni tampoco cuándo lo hará.

El alcalde ha criticado que en el texto aparecen “artículos enteros” con el apunte “pendiente de redacción” y que se mantienen los principales criterios que rechazan los socialistas; por un lado, porque la desaparición de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que no cumplan determinados criterios de eficiencia pasarán a depender de las diputaciones y eso no ahorrará recursos sino que generará incluso “más gastos”.

Las diputaciones, ha añadido Abel Caballero, “no está preparadas” para asumir este trabajo, lo que abrirá la puerta a la privatización de servicios y a “encarecer las tarifas”.

El vicepresidente de la FEMP ha argumentado también que no se resolverán las duplicidades ni los solapamientos de competencias, uno de los principales objetivos de la reforma. “Por ejemplo, en las políticas educativas o de bienestar social, no se acaba de saber a quién competen finalmente”, ha añadido.

Caballero ha concluido que el Gobierno “va en la dirección equivocada” y ha pedido que atienda las “sugerencias” que le ha realizado el PSOE. “El Gobierno verá lo que hace, pero hay muchas diferencias y desencuentros”, ha concluido.

La FEMP explicó ayer tras la citada reunión que mantiene la interlocución con el Gobierno para llegar a “acuerdos parciales” sobre la reforma la que los alcaldes han sido. Su presidente, Iñigo de la Serna, aseguró además que en sus negociaciones transmite la posición de todos los grupos políticos, porque la Federación es “la voz de todos”.

PP y PSOE han negociado también intensamente esta reforma, aunque los socialistas anunciaron la semana pasada que da el acuerdo casi por imposible. El tiempo de las conversaciones se acaba, puesto que el Gobierno quiere aprobar el proyecto a finales de enero o principios de febrero, pero podrá reanudarse después durante la tramitación en las Cortes.