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La alcaldesa de Cartagena afirma en el TS que Novo Carthago se tramitó conforme a la Ley

La alcaldesa declara durante una hora como imputada en una presunta prevaricación administrativa

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La alcaldesa de Cartagena afirma en el TS que Novo Carthago se tramitó conforme a la Ley

La diputada nacional y alcaldesa de Cartagena (Murcia) Pilar Barreiro (PP) ha manifestado este jueves durante su declaración ante el magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano que la tramitación del proyecto urbanístico 'Novo Carthago' se hizo "de acuerdo a la Ley y por mayoría de la Corporación", por lo que rechaza que se la pueda acusar de un delito de prevaricación administrativa.

Barreiro llegó al Supremo casi treinta minutos antes de la cita judicial, fijada a las diez y media de la mañana, y estuvo declarando durante aproximadamente una hora en la que la mayoría de preguntas fueron realizadas por el fiscal, según ha explicado la propia alcaldesa al término de la comparecencia a las puertas del alto tribunal. "Ha quedado todo aclarado", ha afirmado.

Igualmente, ha explicado que aportarán un mapa de la zona que les ha sido requerido por el Ministerio fiscal. El abogado de la alcaldesa ha indicado que se anteriormente se rechazó declarar ante el magistrado que instruye la causa en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel Abadía, porque era al Supremo al que correspondía la competencia dada la condición de aforada de Barreriro.

Abadía elevó a finales del pasado mes de septiembre una exposición razonada en relación a los hechos investigados en este procedimiento sobre prevaricación administrativa tras la negativa de la diputada y alcaldesa de Cartagena a comparecer voluntariamente en la causa.

En su resolución apreciaba la posible concurrencia de indicios de un supuesto delito de prevaricación "al haber impulsado una modificación urbanística arbitraria, en función de intereses particulares, lo que justifica la continuación de la investigación en la sala".

10.000 VIVIENDAS

En esta causa se investiga una presunta trama de corrupción urbanística relacionada con la construcción del resort 'Novo Carthago', que consistía en la construcción de hoteles y más de 10.000 viviendas en una zona que estaba calificada como de especial protección para el Mar Menor y donde una parte de los terrenos eran LIC, ZEPA y ZEPIN y por otra parte como no urbanizable de protección del trasvase (NUPT).

En la exposición elevada al alto tribunal, el magistrado concretaba los indicios racionales de criminalidad contra Barreiro por un delito de prevaricación, dándole 30 días para que formulara alegaciones y concediéndole la posibilidad de que declarara voluntariamente como imputada por el citado delito.

"Finalizado el plazo concedido, en escrito presentado por Barreiro declinó la posibilidad de comparecer a declarar como imputada", añadía.

IMPUTADOS EN LA CAUSA

Sobre esta causa, este martes se ha conocido que el magistrado instructor ha acordado dar al ex presidente del Gobierno regional y vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, "la facultad de asumir la condición de parte, tomar conocimiento de todas las actuaciones, y declarar voluntariamente como imputado por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho ante este Magistrado Instructor".

Asimismo, ha acordado citar como imputados por un supuesto delito de cohecho a una de las hijas de Valcárcel, R.V.C.; a su yerno F.P.J.; a su cuñado J.F.C.A.; así como a J.S.C. y J.A.M.G..

En estas diligencias se recoge, además, la imputación del actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, por un presunto delito de prevaricación, investigado porque, en su condición de consejero de Obras Públicas y Urbanismo en 2005, "firmó la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del PGOU de Cartagena en San Ginés de la Jara".

Además, están imputados el que fuera delegado y consejero del Gobierno regional, Francisco Marqués, por delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias; y también se encuentra imputado el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, desde que el pasado mes de julio se decidieran abrir diligencias para investigar su actuación en este asunto por los presuntos delitos de prevaricación, ordenación del territorio y del medio ambiente, y tráfico de influencias.

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