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El ministro de Justicia defiende la "honestidad" de Gómez de la Serna: "Es una persona con valores y principios"

Rafael Catalá considera que le corresponde al candidato por Segovia y no al PP decidir si se presenta o no en la lista para el Congreso de los Diputados

El diputado conservador ha sido acusado por cobrar comisiones millonarias por obras en el extranjero

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Catalá dice que sólo corresponde a De la Serna decidir si sale de las listas

Catalá dice que sólo corresponde a De la Serna decidir si sale de las listas

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha insistido hoy en que corresponde a Pedro Gómez de la Serna y no al PP decidir sobre su exclusión de la lista de candidatos al Congreso, ya que es un asunto de carácter más ético que legal, aunque cree que su actitud no será la de "aferrarse a ninguna posición".

A juicio del ministro, Gómez de la Serna, que se sepa, "no ha cometido ninguna ilegalidad", mientras que el plano de la ética queda a juicio de cada uno y "nadie puede obligarle" a tomar esa decisión.

Catalá ha añadido que le conoce desde hace "muchos años" y que le tiene por una persona "honesta, profesional, con valores y principios", que estos días está sufriendo una "altísima presión" personal y de salud, por lo que cree que no va a tener una actitud "renuente de aferrarse a ninguna posición".

"El PP no le obliga a dimitir porque somos respetuosos con las normas y una persona que está en las listas como candidato solamente de el depende esa decisión de excluirse" ha insistido.

En cuanto a la conversación que le fue grabada y que ha salido publicada, el ministro ha señalado que el derecho a la información es un derecho fundamental, pero también lo son los derechos a la intimidad o al honor, por lo que entiende que si la difusión de esas conversaciones se considera ilegal "habría que abrir un procedimiento".

En este sentido ha recordado que para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEcrim) mantuvo conversaciones con asociaciones y representantes de medios de comunicación para conseguir un equilibrio entre esos derechos y que "aquellos que tienen que velar por un proceso tomen las medidas necesarias para no violentar los derechos de las personas".

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