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El Consejo de Estado dice que el Parlamento andaluz no puede llamar a la ministra Báñez

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El Consejo de Estado dice que el Parlamento andaluz no puede llamar a la ministra Báñez

El Consejo de Estado dice que el Parlamento andaluz no puede llamar a la ministra Báñez

El Consejo de Estado ha rechazado hoy que los ministros deban comparecer en comisiones de investigación autonómicas, y ha advertido de que el Parlamento de Andalucía no puede requerir la presencia de la ministra Fátima Báñez en la comisión de los cursos de formación por falta de competencia.

La presencia de la ministra vulneraría el sistema constitucional de distribución de competencias, según ha informado en un comunicado la delegación del Gobierno en Andalucía antes de recordar que "no existen precedentes de ministros del Gobierno de España que se hayan sometido al control de comisiones de investigación de parlamentos autonómicos".

El anuncio de la delegación del Gobierno se produce un día antes de que Báñez haya sido citada en la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía en materia de formación profesional para el empleo.

El informe del máximo órgano consultivo del Estado consolida una doctrina que se remonta, al menos, a informes de 1986, con la solicitud de comparecencia de los directores de los medios de comunicación del Estado en el Parlamento de Canarias, doctrina que está refrendada por "múltiples" informes de la Abogacía del Estado.

El su dictamen número 193/2006, el Consejo de Estado afirma que "el Parlamento andaluz es incompetente para requerir la presencia de un ministro tanto por razón del sujeto como del objeto de la comparecencia".

El informe recuerda que el control del Gobierno de la Nación corresponde a las Cortes Generales y establece que los parlamentos autonómicos "carecen de competencias de control político sobre el Gobierno de la Nación o las autoridades, funcionarios, y cualesquiera otra personas a su servicio".

"Los actos y omisiones del Gobierno de la Nación, del que la ministra de Empleo y Seguridad forma parte, están sometidos al control político de las Cortes Generales, y no, en cambio al de las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas", añade el dictamen.

Además, el Consejo de Estado considera que es preciso destacar que, aun cuando el periodo investigado se extiende a lo largo de catorce años "desde 2002 hasta la actualidad", se incluye en la lista de comparecientes a quien ha venido ostentando esta magistratura durante los últimos cuatro años.

Sin embargo, no se cita a quienes ocuparon dicha cartera durante la década precedente, ni tampoco a otros órganos superiores o directivos de dicho ministerio, añade el Consejo de Estado.

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