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C's apuesta por suprimir la disposición sobre la anexión de Navarra a País Vasco

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C's pide suprimir el CGPJ, una Fiscalía independiente y despolitizar el TC

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Ciudadanos quiere sentar las nuevas bases del Estado autonómico y propone enumerar las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas, para fijar el mapa autonómico de manera definitiva, lo que conllevará la supresión de la disposición transitoria cuarta sobre la incorporación de Navarra al País Vasco.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, acompañado por la Ejecutiva del partido y por miembros de su equipo económico, ha presentado hoy en Cádiz la reforma democrática e institucional de España "Ciudadanos, un nuevo proyecto común para España", en el que en treinta puntos se exponen las principales reformas que consideran esenciales para el país.

Ciudadanos quiere una organización territorial del Estado "leal, eficaz y ciudadana" y apuesta por la "supresión de la disposición transitoria cuarta que contempla la posibilidad de la incorporación de Navarra al País Vasco".

Este partido quiere derogar expresamente los preceptos constitucionales que son meras disposiciones transitorias para acceder a la autonomía y que ya no son de aplicación (artículos 143, 144, 146, 148, 151 e inciso primero del artículo 152) además de todas las disposiciones transitorias propiamente dichas.

Para clarificar el modelo de distribución de competencias, proponen elaborar un listado de las mismas que sean "exclusivas del Estado" y otro de competencias compartidas integrado por las materias en las que el Estado cuenta con la función legislativa, junto con las comunidades.

Consideran necesario la exclusión de la posibilidad de la transferencia o delegación a las comunidades de facultades que forman parte de las competencias que la Constitución atribuye al Estado, lo que supone la supresión del articulo 150.2 de la Constitución.

En cualquier caso, consideran que el Estado podrá legislar con eficacia jurídica plena y directa cuando sea necesario para garantizar: las condiciones de vida equivalentes en todo el territorio nacional, el mantenimiento de la unidad jurídica y económica, o la igualdad básica de los españoles en todo el territorio nacional en relación a derechos y deberes.

En cuanto a la financiación territorial, apuestan porque ésta sea "equitativa, transparente y eficaz", de manera que se garantice "la igualdad básica de todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia, en particular, cuando se trata del disfrute de los servicios públicos esenciales".

Para ello proponen "la elaboración de una cartera de servicios cuya garantía estaría constitucionalmente respaldada por la financiación del Estado".

También abogan por "el compromiso a favor de la armonización fiscal de ámbito europeo que elimine excepciones territoriales, así como paraísos fiscales", que, en su opinión, "tanto dañan a la justicia y a la solidaridad".

Mientras ello ocurre, Ciudadanos cree necesario revisar el actual sistema del cupo y "hacer un cálculo razonable de la contribución vasca y navarra a la Hacienda estatal con el fin de evitar desigualdades de una menor contribución a la solidaridad colectiva".

En cuanto a la financiación de las Comunidades de régimen común, debería replantarse el Fondo de Cohesión Social y Territorial para que sea la pieza central con el que conseguir la garantía de la igualdad básica de los ciudadanos, en relación con los servicios esenciales enumerados en una carta que se deberá elaborar.

Asimismo, creen que "las comunidades que deseen incrementar los servicios prestados respecto de los garantizados podrán, en virtud del principio de responsabilidad fiscal, sufragarlos mediante el incremento de las cargas tributarias que recae sobre los ciudadanos que serán los que, en última instancia, deberán valorar la conveniencia de tales incrementos".

De esta manera, "las comunidades asumen la responsabilidad de sus decisiones", según Ciudadanos, que cree que la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera "no puede quedar en manos de la discrecionalidad política del Gobierno".

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