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Defensora del Pueblo traslada a Torres-Dulce sus preocupaciones sobre víctimas del terrorismo y trata de seres humanos

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, han mantenido este jueves un encuentro en el que han compartido sus preocupaciones sobre la situación de las víctimas del terrorismo y han analizado el último informe realizado por la institución del Defensor del Pueblo sobre la trata de seres humanos en España.

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Durante la reunión, celebrado en la sede de la Fiscalía, Torres-Dulce ha tenido también oportunidad de entregar a Becerril la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2012, según informa el organismo del Defensor del Pueblo.

Por su parte, Becerril ha subrayado la importancia del Estatuto de la Víctima que se está elaborando en el Ministerio de Justicia y la conveniencia de que recoja, muy especialmente, las inquietudes de las víctimas del terrorismo y sus familiares.

Así mismo, le ha trasladado la conveniencia de dotar mejor la oficina de atención a víctimas en la Audiencia Nacional, con el fin de proporcionar toda la información que precisen y deseen sobre las circunstancias de los distintos procedimientos que les afectan.

IDENTIFICACIÓN DE MENORES

En este contexto, Becerril también ha trasladado a Torres-Dulce las principales recomendaciones del estudio sobre trata de seres humanos en España que presentó esta misma semana y, muy especialmente, las que se refieren a las dificultades en la correcta identificación de los menores que llegan de manera irregular a España, acompañados o no por un adulto.

Dichas resoluciones apuntan a la necesidad de crear una base de datos de los menores indocumentados que sean localizados al intentar acceder de forma irregular a España e inciden en la necesidad de que la llegada de menores sea comunicada de inmediato al Ministerio Fiscal.

También recomiendan impulsar la coordinación y seguimiento entre las fiscalías provinciales y las entidades autonómicas de protección cuando los menores tutelados víctimas de trata sean testigos protegidos en procedimientos penales y establecer las medidas necesarias para comprobar el vínculo de filiación de los menores con los adultos con los que viajan.

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