Eurodiputado pregunta si plan para La Almoraima (Cádiz) contradice leyes UE

El eurodiputado Willy Meyer (Izquierda Unida) ha preguntado a la Comisión Europea (CE) si los planes del Gobierno de España de “privatización, construcción y uso turístico de la finca pública La Almoraima” en Castellar de la Frontera, Cádiz, “pueden estar violando varias directivas europeas”.

En una pregunta parlamentaria, Meyer ha señalado que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente presentó el “Plan especial de usos de la finca de la Almoraima” el pasado 27 de octubre en el Ayuntamiento de la localidad gaditana.

De acuerdo con el eurodiputado, este “Plan de Usos” podría infringir las Directivas de hábitats, aves y evaluación de impacto ambiental.

“Esta no es una alternativa que busque mejorar las condiciones del pueblo de Castellar, se trata de la especulación, tal y como ha ocurrido en otras partes del país, que ahora pretende llegar a uno de los espacios vírgenes que quedan en España”, ha advertido el europarlamentario.

Desde su punto de vista, el gobierno “mantiene el mismo plan de desarrollo económico que antes de la crisis”, ya que “no entienden más desarrollo que el engrose de sus carteras a costa de destruir todo lo que merece la pena en este país”.

El “patrimonio ecológico” de esta finca, donde se encuentra uno de los últimos bosques de laurisilva que se conservan en Europa, resulta de un “incalculable valor”, dice Meyer.

Pero el eurodiputado no sólo ha querido resaltar el valor ecológico de La Almoraima, sino que también ha dicho que la finca tiene valor económico y social para la zona, en la actualidad vinculado al corcho y los usos cinegéticos.

Meyer ha explicado que los habitantes de Castellar de la Frontera “se han movilizado para impedir que el gobierno realice sus planes de privatización y permita una cesión temporal para usos sostenibles, como la agricultura ecológica, que permita generar empleos en la comarca”.

“Los ciudadanos se oponen a una privatización que beneficiará a los tradicionales grupos constructores y que tan solo puede generar trabajo estacional para unos pocos”.

El pasado mes de septiembre, Willy Meyer ya preguntó a la CE si la venta de esta finca pública podría ser contraria a las directivas europeas, a lo que la CE contestó con una negativa porque “España no había autorizado todavía ningún proyecto” para su desarrollo.