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El Gobierno nombra al juez Gómez Bermúdez magistrado de enlace con Francia

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El Gobierno nombra al juez Gómez Bermúdez magistrado de enlace con Francia

El Gobierno nombra al juez Gómez Bermúdez magistrado de enlace con Francia

El Gobierno ha nombrado hoy al juez Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, como magistrado de enlace ante las autoridades de Francia, según el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros.

Aunque en la actualidad ejercía de juez de instrucción, anteriormente fue presidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional y también presidió el tribunal y fue ponente de la sentencia del juicio por los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004.

Nacido en la localidad malagueña de Alora el 3 de agosto de 1962, es licenciado en Derecho por la Facultad de Granada (1984), ingresó en la carrera judicial el 30 de septiembre de 1987, y ascendió a magistrado en octubre de 1989.

Entre sus primeros destinos figuran el Juzgado de Distrito de Torrox (Málaga), el de Primera Instancia e Instrucción de Montilla (Córdoba), el Juzgado de lo Penal número 2 de Almería y las Salas de lo Civil y lo Penal de la Audiencia Provincial de Almería, donde fue juez decano entre marzo de 1994 y diciembre de 1996.

Fue también juez central de menores y de vigilancia penitenciaria.

Gómez Bermúdez se incorporó a la Audiencia Nacional en diciembre de 1999 como magistrado de la Sala de lo Penal y el 13 de septiembre de 2004 fue elegido presidente de esta Sala.

Su nombramiento no fue confirmado, sin embargo, hasta el 17 de enero de 2007, ya que entre ambas fechas el Tribunal Supremo anuló dos veces su designación tras los pertinaces recursos de otro de los candidatos, el progresista José Ricardo de Prada.

Miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Gómez Bermúdez, posee una gran experiencia en temas de terrorismo.

Fue ponente de la sentencia del juicio a la cúpula de ETA detenida en Bidart (Francia) y del enjuiciamiento a los miembros de los comandos "Andalucía", "Barcelona", "Vizcaya" y del colectivo "Artapalo" de ETA.

También fue el magistrado que redactó la sentencia del juicio por el secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular de Ermua, Miguel Angel Blanco, así como en las apelaciones de sentencias contra el entorno de la banda terrorista, entre ellas Segi-Jarrai, Gestoras Pro Amnistía-Askatasuna o la trama financiera de ETA.

En cuanto a delitos de índole económico participó, entre otros, en los casos INTERFUR, PSV, HUARTE, KIO, así como en el caso TORRAS. En 2000 se ocupó de la ejecución del caso BANESTO, que sentó al ex presidente del banco, Mario Conde, y a ocho de sus colaboradores en el banquillo de los acusados.

Su proyección mediática le llegó a partir del juicio por los atentados del 11-M, el mayor proceso contra el terrorismo yihadista celebrado en Europa, y que estuvo rodeado de una gran polémica.

La sentencia, leída por el magistrado el 31 de octubre de 2007, fue acogida con decepción por parte de las víctimas y con análisis opuestos por parte del Gobierno socialista y del principal partido de la oposición.

El libro "La soledad del juzgador. Gómez Bermúdez y el 11-M", en el que su esposa, la periodista y jefa de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Elisa Beni, narraba sus experiencias sobre el juicio, fue mal recibido tanto por las víctimas de la masacre como por los compañeros del magistrado en la Audiencia Nacional.

Igualmente polémico resultó el juicio del "Yak-42", cuyo tribunal presidió también Gómez Bermúdez y que el 19 de mayo de 2009 condenó a penas de 3 años de prisión al general Vicente Navarro y a un año y medio de cárcel al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez por las identificaciones erróneas de 30 de los 62 cadáveres de los militares españoles fallecidos en el accidente.

Como presidente de la Sala de lo Penal, avocó a Pleno la resolución de los recursos de apelación contra los procesamientos "por la complejidad e importancia jurídica" en el llamado "caso Faisán", que investigaba un presunto chivatazo policial a una red de extorsión de ETA.

El Pleno de la Sala de lo Penal decidió por unanimidad que había indicios de delito pero no pruebas de que sus autores fueran los mandos policiales procesados, por lo que revocaba el procesamiento de los mandos policiales que volvían a la situación de imputados.

El 29 de mayo de 2012, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó otorgarle la plaza vacante en el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, hasta ese momento en manos del juez Fernando Marlaska, y donde ejerce actualmente.

En marzo de 2013 provocó un conflicto en el seno de la Audiencia, al admitir a trámite una querella de IU y otras entidades por una supuesta contabilidad B en el PP, un tema que a su vez estaba siendo ya investigado por su compañero, el juez Pablo Ruz, instructor del "caso Gurtel".

Finalmente la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió el 27 de marzo de 2013 apartarle del caso, que pasó a ser de competencia exclusiva del juez Ruz.

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