El Gobierno de Panamá dice que respeta la seguridad jurídica en el caso de una hidroeléctrica

El Gobierno de Panamá aseguró hoy que el acuerdo firmado con líderes indígenas para la operación de una hidroeléctrica que dejó por fuera a la concesionaria del proyecto, la empresa de capital centroamericano Genisa, “garantiza la seguridad jurídica”.

“El Gobierno respeta y promueve el Estado de Derecho y en función de eso, cualquier empresa que se sienta afectada por sus decisiones le asiste el derecho”, agregó un comunicado oficial.

El Ejecutivo del presidente panameño, Juan Carlos Varela, señaló asimismo que “los principales componentes relacionados a la empresa Genisa” contenidos en el acuerdo firmado el lunes con líderes tradicionales de la comarca Ngäbe Buglé, “fueron conocidos y discutidos por sus representantes durante el proceso, y de hecho en varios casos proporcionados por ellos”.

Generadora del Istmo, S.A. (Genisa), destaca que la información oficial difundida por la Cancillería panameña “demostró un completo entendimiento de la situación del proyecto y cooperó en alcanzar una solución”.

“Precisamente, gracias al proceso de diálogo fue posible llegar a un acuerdo que respeta la seguridad jurídica”, remarcó.

Este mismo martes Genisa, que obtuvo en el 2007 la concesión para construir y operar la hidroeléctrica Barro Blanco, expresó su “desacuerdo” con decisión oficial de apartarla del proyecto y pidió “respeto a la seguridad jurídica”.

“Genisa no es parte de este acuerdo” firmado por Varela y líderes indígenas, que incluye “cláusulas que claramente vulneran y menoscaban nuestros derechos bajo el contrato de concesión para la construcción y explotación de una central hidroeléctrica construida en tierras” propiedad de Genisa, y ubicadas fuera de la comarca Ngäbe Buglé, indicó la empresa.

El convenio, fruto de año y medio de conversaciones en una mesa de dialogo instalada por el Gobierno en la que no estuvo Genisa, indica que se traspasarán las acciones de la empresa a un fideicomiso en garantía del repago de préstamos otorgados por los bancos multilaterales a la obra.

“Nos reservamos el derecho a ejercer las acciones y utilizar los mecanismos legales a nuestra disposición para proteger nuestro derecho a un trato justo y equitativo de nuestra inversión y que se cumpla con los principios de legalidad y respeto a nuestros derechos como concesionarios, a la propiedad privada y a la seguridad jurídica”, agregó la empresa.

El proyecto hidroeléctrico comenzó a construirse en 2011, registra 95 % de avance y proyecta generar 28,56 megavatios, cerca del 2 % de la capacidad instalada de Panamá.

El Gobierno panameño suspendió la obra en febrero de 2015 y multó por violaciones a la ley ambiental a Genisa.