El Gobierno pregunta a Puigdemont si papeles del 3 % condicionan su radicalidad

El Gobierno ha instado hoy al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a explicar si conocía los documentos sobre el caso del 3 % que Oriol Junqueras puso a disposición del juez y si estos papeles están condicionando “la radicalidad de su Gobierno y la purga de altos cargos”.

Así se ha pronunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, antes de recibir los informes que sendas comisiones de expertos han redactado para las reformas de los modelos de financiación autonómica y financiación local.

En declaraciones a los medios, Sáenz de Santamaría se ha referido a las informaciones que indican que el vicepresident, Oriol Junqueras, entregó al juez del caso del 3 por ciento (presunto amaño de concursos públicos en las etapas de Artur Mas para favorecer a empresas concretas), una serie de documentos que probarían esas prácticas.

También ha hablado de la negativa del propio Junqueras a entregar al Ejecutivo los certificados semanales de los gastos de la Generalitat, incluso de llevar ese requerimiento a los tribunales.

La Comisión Delegada de Asuntos Económicos acordó la semana pasada pedir tales certificados firmados por los interventores con el fin de supervisar que la Generalitat no está desviando partidas a la financiación del referéndum del 1 de octubre.

Al respecto, Sáenz de Santamaría ha exigido a Junqueras que sea “tan respetuoso con la ley y con los tribunales como cuando se lo reclama al Gobierno” y que no someta a los funcionarios a “tensiones”.

Porque “si él cumple la ley” y abandona la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, “los funcionarios no tendrán problema”, ha recalcado.

Sin embargo, a su entender, Junqueras, por “no querer dar los nombres”, debe tener “decisiones en la cabeza que le pueden dar problemas”. La vicepresidenta no ha especificado cuáles podrían ser esos problemas.

Además, ha manifestado la vicepresidenta que si el mandatario catalán no está conforme con decisiones como la de los certificados, acuda a los tribunales, en lo que el Ejecutivo no pone objeciones por cuanto “son las formas de hacer las cosas”.

Ahora bien, del mismo modo que el Gobierno se compromete a “acatar al cien por cien” lo que decidan los tribunales, Junqueras ha de hacer lo mismo “cuando va como demandado y no como demandante”.

De nuevo sobre los papeles del 3 %, “la cuestión” para la vicepresidenta, conocidos los hechos, es dilucidar si Puigdemont estaba al tanto de lo que hizo su número dos en el Ejecutivo catalán, toda vez que se trata de una situación en la que “medio Govern lleva a los tribunales al partido del otro medio”.

Así, la vicepresidenta ha considerado que dicha documentación en manos de las autoridades judiciales, al ser remitida por el número dos del Govern y conseller de Economía, podría estar condicionando decisiones recientes de Puigdemont.

Se estaría produciendo, a su juicio, “una pérdida de libertad” del president que beneficiaría al vicepresident, toda vez que durante las últimas semanas la Generalitat se está caracterizando por “la radicalidad”.

“¿Y esa radicalidad deriva de lo que Junqueras y Puigdemont pudieran saber o no?”, se ha preguntado la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia y para las Administraciones Territoriales.