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IU sospecha que hay relación entre prospecciones y financiación del PP

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IU sospecha que hay relación entre prospecciones y financiación del PP

IU sospecha que hay relación entre prospecciones y financiación del PP

Izquierda Unida Canaria (IUC) considera que hay "elementos indiciarios" sobre la posible vinculación de la autorización de prospecciones petrolíferas a Repsol cerca de las costas canarias con la presunta financiación irregular del PP reflejada en los denominados "papeles de Bárcenas".

La empresa Sacyr Vallehermoso, accionista de Repsol, "aparece vinculada a la presunta financiación irregular del PP", dijo en rueda de prensa el coordinador de IUC, Ramón Trujillo, para quien la autorización de las prospecciones puede estar "viciada" por esa relación.

El coordinador de IUC en Tenerife, José Pérez Ventura, dijo que "existen elementos indiciarios" que llevan a exigir explicaciones al ministro de Industria, José Manuel Soria, sobre sus prisas en autorizar las prospecciones.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a declarar como imputado a Luis del Rivero, expresidente de Sacyr Vallehermoso, una de las empresas accionistas de Repsol, por sus supuestas donaciones al PP.

"Entendemos que esas donaciones o supuestos sobornos se realizaron a cambio de algo, de contrataciones y autorizaciones, así que hay un manto de duda", dijo Pérez Ventura.

Sobre todo cuando se ha visto que el decreto por el que se autorizaron las prospecciones a Repsol es "una chapuza jurídica" que se aprobó con prisas y con toda celeridad nada más llegar Soria al ministerio.

Izquierda Unida ha presentado un recurso contencioso administrativo contra ese decreto, porque convalida uno anulado de 2002 en el que se autorizaban las prospecciones a Repsol.

Según este partido, el Gobierno del PP prefirió convalidar un decreto anulado a realizar un expediente nuevo, porque en este caso las prospecciones tendrían que someterse a la nueva reglamentación de la Unión Europea sobre protección medioambiental adoptada tras el derrame en una planta de BP en el Golfo de México en 2010.

Tanto IUC como el Gobierno de Canarias y los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura han recurrido ese decreto de convalidación al considerarlo nulo de pleno derecho.

Pérez Ventura señaló que lo primero que hizo "el ministro del petróleo", como denominó a Soria, al llegar al Gobierno fue autorizar las prospecciones con una fórmula "dictada por Repsol" para eludir las nuevas restricciones medioambientales adoptadas desde 2002.

Ramón Trujillo acusó a Soria de "jugar a la ruleta rusa" con los canarios, que son los que asumirán los perjuicios de posibles derrames petrolíferos junto a sus costas mientras una empresa privada se lleva los beneficios.

Un vertido de petróleo importante afectaría de lleno al sector turístico, a miles de puestos de trabajo, a las depuradoras de agua marina y al medio ambiente, advirtió Trujillo, "un riesgo inmenso" que asumen los canarios en favor de intereses privados, denunció.

"No estamos en contra por principio de las extracciones petrolíferas", pero en este caso "los riesgos para Canarias son tan grandes que no hay beneficio que los compense" y menos cuando esos beneficios se privatizan, afirmó.

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