Izquierda Unida se querella contra los empresarios que presuntamente realizaron donaciones al PP
Izquierda Unida ha presentado en la Audiencia Nacional una querella contra los extesoreros del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, así como contra algunos dirigentes del PP en los años en los que Bárcenas estuvo al frente de las cuentas del partido. La coalición que lidera Cayo Lara también incluye en su escrito a los empresarios que aparecen como supuestos donantes en los papeles que se atribuyen al extesorero y que publicó el diario El País. Lara ha explicado que “hay material suficiente como para que el proceso lo lleven directamente los juzgados” y no solo se encargue la Fiscalía.
Entre los nombres que figuran en la querella se encuentran los de Ángel Acebes, Rodrigo Rato, y Federico Trillo. El coordinador general de la coalición ha explicado que los tres tenían “responsabilidad directa” en las actividades del partido.
IU señala también a los empresarios que supuestamente realizaron donaciones al Partido Popular. José Luis Sánchez Domínguez (fundador del grupo inmobiliario Sando), Manuel Contreras Caro (directivo y presidente de Azvi), Juan Miguel Villar Mir (presidente de OHL), entre otros.
Se trata de la primera ocasión en la que hay un movimiento jurídico que se dirige contra los presuntos donantes del PP. La fiscalía ya barajó, en su día, llamar a declarar a los presumibles financiadores del PP pero esta querella podría adelantar los plazos al respecto. Tras conocerse que Bárcenas vinculaba a estos empresarios con aportaciones económicas al partido de Rajoy, las compañías aludidas desmitieron toda relación copn la contabilidad reflejada por el extesorero en los estadillos que publicó el diario El País.
La querella también la firman la asociación Ecologistas en Acción, la federación Los Verdes y la asociación Justicia y Sociedad. En el escrito de interposición de la querella, la acusación argumenta que los demandados podrían haber cometido hasta un total de once delitos: contra la Hacienda Pública, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, así como asociación ilícita, alteración de precios públicos en concursos y subastas y falseamiento y apropiación indebida de fondos electorales, entre otros.
La querella se detiene particularmente en las posibles infracciones que se podrían haber cometido en materia de financiación de los partidos políticos. Según la legislación vigente, las donaciones que aparecen en los papeles superaban el límite legal. Además, los supuestos donantes tenían, a través de sus empresas, contratos con la administración pública. De hecho, las donaciones que supuestamente anotó Bárcenas coinciden en los tiempos con las adjudicaciones realizadas por el Partido Popular.
IU afirma que los extesoreros y los entonces miembros del Gobierno y altos cargos del partido “recibían una cantidad de dinero o bien mercancías, servicios y otros regalos en especie en pago por haber violado la ley” a cambio de adjudicaciones a los empresarios, “defraudando así a la sociedad y haciendo primar exclusivamente su propio y desmedido afán de enriquecimiento”.
