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Jesuita dice que las prácticas extrajudiciales no frenan la violencia en El Salvador
El director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), el jesuita José María Tojeira, dijo hoy que las ejecuciones extrajudiciales, supuestamente perpetradas por la Policía y el Ejército, “no frenan la violencia en El Salvador”.
“Las ejecuciones extrajudiciales que se están dando en el país no frenan la violencia, sino que la exacerban, la aceleran y la vuelven más compleja y difícil de erradicar”, manifestó Tojeira en una conferencia de prensa.
Ante está situación, el jesuita aseguró que el Idhuca insiste en que debe de haber un trabajo gubernamental “muy fuerte y disciplinario en contra de estas prácticas y una investigación a fondo de parte de la autoridades competentes para erradicar estas acciones”.
Señaló que a esta entidad le “preocupa la ejecución de estas acciones, porque la continuación de ejecuciones extrajudiciales amenaza con desnaturalizar a la Policía, lo que sería un atentado muy grave a los acuerdos de paz”.
El jesuita instó a las autoridades de seguridad salvadoreñas que “tomen medidas de control internas más eficaces” y abordar el tema de la violencia de una forma integral y respetando los derechos humanos de la población.
El Idhuca, en la actualidad, atiende más de 10 casos de ejecuciones extrajudiciales, a los que brinda su acompañamiento y asesoramiento.
La procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero, dijo recientemente que investiga al menos 40 ejecuciones extrajudiciales supuestamente perpetradas por miembros de la Policía y el Ejército en 2017.
Estas se suman a las al menos 119 supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas por los cuerpos de seguridad en diversas reyertas con presuntos miembros de pandillas entre 2013 y 2016, cuyas indagaciones en la PDDH inició el antecesor de Caballero, David Morales.
Una encuesta de la jesuita Universidad Centroamericana dada a conocer el pasado 24 de julio da cuenta de que más del 30 % de los salvadoreños aprueban la utilización de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes o pandilleros.
El Salvador es asediado por la Mara Salvatrucha (MS13), el Barrio 18 y otras pandillas minoritarias que poseen más de 600 células en todo el país y a las cuales el Gobierno atribuye la mayoría de los homicidios, que en 2015 y 2016 alcanzaron los 103 y 81,7 por cada 100.000 habitantes, respectivamente.
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