Opositora al acuerdo de paz con las FARC pide que el nuevo texto no se presente como definitivo

La excandidata presidencial colombiana y líder opositora al primer acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano y las FARC, Marta Lucía Ramírez, pidió hoy que el nuevo texto rubricado ayer por el Ejecutivo y esa guerrilla para poner fin al conflicto armado no se presente todavía como “definitivo”.

“Estamos atentos a recibir los textos logrados durante esta semana. Una vez analizados con profunda responsabilidad y sensatez, presentaremos al Gobierno nuestra posición frente a los mismos”, declaró Ramírez en una carta difundida a medios.

Por ello, pidió que no se presente el texto como definitivo ni ante la opinión pública ni ante la comunidad internacional, “sino que nos permitan la reacción consecuente con nuestros esfuerzos y propuestas para que cualquier ajuste adicional se haga de la manera constructiva y responsable”.

Ramírez fue uno de los líderes políticos que pidieron a los colombianos votar “no” en el plebiscito del pasado 2 de octubre en el que se sometió a consulta popular el primer acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En un discurso posterior a la firma del nuevo acuerdo, el presidente, Juan Manuel Santos, agradeció las propuestas y las disposición de diálogo de los opositores, entre ellos de Ramírez, de quien dijo que recogió varias iniciativas que están en el texto rubricado ayer.

“Nuestra participación con los expresidentes Pastrana y Uribe y todos los sectores del 'no' demostró que Colombia no tenía enemigos de la paz, ni mucho menos amigos de la guerra, sino ciudadanos comprometidos con una mejor democracia y una mejor sociedad”, afirmó Ramírez en su misiva.

En este sentido, destacó que todos los opositores seguirán “dispuestos para aportar y ayudar” para construir la paz de Colombia, para lo cual consideró necesario que todos los ciudadanos trabajen “por una democracia pulcra, eficaz y transparente”.

Ramírez también dijo que todos los líderes políticos tienen “el deber ético con los jóvenes y las generaciones futuras” de fortalecer las instituciones.