PNV y PSE apuestan por un final ordenado de ETA y el acercamiento de presos

El acuerdo para el nuevo Gobierno vasco formado por PNV y PSE apuesta por un “final ordenado” de ETA y el acercamiento de los presos de la banda terrorista al País Vasco, e insta a la transferencia de la competencia de centros penitenciarios.

El tercer punto de los cuatro incluidos en el texto del acuerdo, al que ha tenido acceso Efe, es el dedicado a “La convivencia y los derechos humanos”, un asunto en el que el objetivo será “consolidar sólidamente la paz y la normalización de la convivencia y contribuir, para ello, también en la materialización del fin definitivo de ETA”.

El pacto apuesta por la disolución de ETA con un “final ordenado de la violencia”, lo que se concreta en el apoyo a “la verificación de un calendario de desarme definitivo, que previamente incluya una declaración de ETA sobre su carácter irreversible e incondicional, como expresión de su voluntad de disolución”.

Además, incluye una “propuesta de reorientación de la política penitenciaria que fije como objetivo fundamental la reinserción, atienda prioritariamente las problemáticas de mayor incidencia humanitaria y favorezca el acercamiento de presos” al País Vasco.

En los dos asuntos, final de ETA y presos, el texto prevé la presentación de sendas proposiciones no de Ley en el Parlamento vasco para su respaldo, sin más iniciativas concretas.

En el caso de la política penitenciaria, se añadiría otra proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados, instando al consenso en esta materia al Gobierno español -que es el que tiene la competencia sobre las prisiones- y al Gobierno vasco.

También prevé la aprobación de un decreto vasco que, “en línea con la corriente europea de justicia restaurativa, regule y promueva las políticas públicas de reinserción”.

El texto insiste en la necesidad de la disolución de ETA y contiene un llamamiento a evitar las justificaciones: “ningún argumento -ni un contexto o teoría del conflicto, ni una tesis sobre bandos enfrentados, ni la denuncia de vulneraciones de signo diferente, ni una razón de Estado, ni la prevalencia del futuro- puede ser invocado para minimizar, justificar o legitimar ETA, ni ninguna otra violación de los Derechos Humanos”.

También aboga porque la memoria y el honor de las víctimas “no queden relegados por una mirada al futuro que olvide el pasado. Trabajaremos para que todas las víctimas reciban el reconocimiento y la reparación que merecen, sin exclusiones y sin establecer paralelismos sobre las causas de su victimización”.

En este sentido, apuestan por el desarrollo de la Ley de reconocimiento y reparación de víctimas aprobada en julio por el Parlamento vasco y por continuar con la “clarificación y reconocimiento institucional vasco de la verdad de la memoria histórica y de reparación a las víctimas”.

Además del desarme y la disolución definitiva de ETA y la política penitenciaria, el tercer punto destacado del acuerdo es la necesidad de trabajar en la memoria crítica sobre el pasado.

Para ello, además de insistir en trabajar en la educación, se creará en el Parlamento vasco una ponencia específica sobre Memoria y Convivencia en Euskadi.

Por último, el acuerdo hace una mención a preocupaciones “emergentes” en el ámbito de la convivencia y el respeto a los derechos humanos, como las personas refugiadas, las migraciones, la pluralidad religiosa y cultural o las nuevas formas de exclusión e injusticia.

En este contexto, se impulsará desde el Gobierno vasco un Plan Integral de Convivencia y Derechos Humanos para la Legislatura 2016-2020.