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Pascual Sala afirma que descalificar al Tribunal Constitucional "le causa un grave daño"

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Pascual Sala afirma que descalificar al Tribunal Constitucional "le causa un grave daño"

Pascual Sala afirma que descalificar al Tribunal Constitucional "le causa un grave daño"

El presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, señala en la Memoria 2012 de esta institución que son "necesarias" las críticas al tribunal, pero advierte de que las "descalificaciones o el menosprecio" le causan "un grave daño, muchas veces irreparable".

"La crítica a las resoluciones del Tribunal, que entiendo no solo convenientes sino absolutamente necesarias", dice Sala, "se han de producir en función de su fundamentación jurídica y sin que puedan confundirse con la descalificación o el menosprecio institucional e incluso personal de sus magistrados".

"Si se descalifica o menosprecia al Tribunal y a sus miembros en vez de criticar fundadamente sus decisiones se hace un grave daño, muchas veces irreparable, a una institución básica en nuestro Estado democrático de Derecho", añade.

Sala defiende en la memoria la independencia política de los integrantes de la institución.

Así, señala que "no debe confundirse la libertad ideológica de los magistrados con la dependencia partidaria", porque el TC es "un órgano independiente, no un Tribunal político ni politizado", dicho sea desde el máximo respeto a la política, explica.

Y esto es así por mucho que resuelva "controversias políticas", porque lo hace desde criterios jurídico-constitucionales añade.

El presidente del Constitucional, que afronta los últimos días de su mandato porque el Consejo General del Poder Judicial debería nombrar en los próximos días a su sustituto como magistrado -no como presidente, pues éste será elegido por el propio TC-, alude a los retrasos en la renovación del tribunal, una cuestión que destacó como especialmente grave en la memoria de 2011.

"Me parece urgente resolver el problema que se ha planteado ya demasiadas veces y que afecta a la normalidad de una de las instituciones claves en nuestro sistema democrático", porque renovar a los magistrados a tiempo contribuye a "reforzar la independencia del Tribunal y de sus magistrados", ya que no hace coincidir sus nombramientos con una u otra mayoría política o judicial.

Sobre el funcionamiento práctico del TC, Sala destaca en su presentación de la memoria que "este año han llegado al Tribunal Constitucional un número de recursos y conflictos similar al del año anterior: la gran mayoría han sido recursos en los que los ciudadanos piden el amparo de sus derechos fundamentales".

En concreto, al Registro General del Tribunal Constitucional llegaron a lo largo del año un total de 7.294 asuntos jurisdiccionales; es decir, 102 asuntos más que en 2011, detalla la Memoria.

"Se trata de un incremento numéricamente poco significativo, pero que rompe la tendencia a la baja en el ingreso de nuevos asuntos que venía observándose en los últimos años", añade.

Este incremento se refiere a los recursos de amparo, precisa la Memoria, según la cual en 2012 llegaron al TC 7.121 recursos de amparo de particulares, sobre un total de 7.205 recursos de este tipo (6.318 fueron promovidos por personas físicas y 803 por personas jurídicas de Derecho privado).

Los restantes 84 fueron interpuesto por órganos o entidades de Derecho público. Ni el Ministerio Fiscal ni el Defensor del Pueblo presentaron demandas de amparo constitucional.

La Memoria señala también que en 2012 se presentaron 42 cuestiones de inconstitucionalidad, en su mayor parte por los diferentes Tribunales Superiores de Justicia, que en cinco ocasiones expresaron sus dudas respecto de la constitucionalidad de leyes estatales y en 17 lo hicieron con respecto a leyes autonómicas.

El Tribunal Supremo promovió tres cuestiones de inconstitucionalidad, todas ellas respecto de normas legales estatales, y los Juzgados, dieciséis.

"Los ocho conflictos positivos de competencia planteados en 2012 muestran un equilibrio perfecto en cuanto a sus promotores, pues si cuatro de ellos fueron promovidos por los gobiernos autonómicos frente a normas y resoluciones adoptadas por el Gobierno de la Nación, este mismo órgano planteó los otro cuatro respecto de actos y disposiciones generales dictadas por los ejecutivos autonómicos", explica la memoria.

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