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El Presidente polaco no ve problemas para ratificar la polémica reforma judicial

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El presidente de Polonia, Andrzej Duda, puede ratificar las dos últimas reformas del sistema judicial en los próximos días al estimar que cumplen los requerimientos para ello, a diferencia de lo que ocurrió en julio, cuando vetó los proyectos, según afirmó hoy su portavoz, Krzysztof Lapinski.

El portavoz avanzó hoy la posición de la presidencia ante los dos proyectos aprobados este mes por el Parlamento, entre las críticas de la oposición y de la Unión Europea.

Por su parte, el viceprimer ministro polaco, Jaroslaw Gowin, aseguró que está "convencido" de que Duda ratificará las dos leyes y excluyó la posibilidad de que decida vetarlas, como hizo este verano.

Gowin recordó que el propio presidente es el autor de las normas, y subrayó que los cambios introducidos en fase parlamentaria son "meramente técnicos y no cambian ninguno de los fundamentos de los textos presidenciales".

La Comisión de Venecia, un organismo legal que asesora al Consejo de Europa, ha advertido de que las reformas son "una grave amenaza" a la estructura judicial polaca, y los principales partidos de la oposición denuncian que violan la Constitución.

El 8 de diciembre el Parlamento polaco, donde el partido gubernamental Ley y Justicia (PiS) cuenta con mayoría absoluta, aprobó dos proyectos de ley para cambiar el funcionamiento del Tribunal Supremo y el proceso para nombrar al Consejo Nacional de la Judicatura, el organismo que designa a los jueces.

Los textos se basan de las propuestas de Duda, vinculado a PiS, tras vetar en verano las primeras reformas ante las críticas y las masivas protestas en la calle.

Según Lapinski, pese a las enmiendas a las propuestas de Duda las nuevas leyes mantienen "el espíritu" de la reforma diseñada por el presidente.

Uno de los apartados más polémicos de esta reforma contempla la reducción de la edad obligatoria de jubilación para los jueces del Tribunal Supremo, que pasa de 70 a 65 años, lo que obliga a parte de los 87 magistrados en activo a dimitir a menos que el presidente del país les exima de manera individual de esa exigencia.

Por su parte, la reforma del Consejo Nacional de la Judicatura da al Parlamento, donde el PiS cuenta con mayoría absoluta, el poder de elegir a 15 de los 25 magistrados de este órgano, que hasta ahora venían siendo elegidos por otros jueces.

La reforma judicial es la continuación de la ley que ha reformado el funcionamiento del Tribunal Constitucional y de los medios de comunicación públicos, a la vez que crece el hostigamiento a los medios independientes, incluida la multa impuesta a la cadena de televisión TVN por su cobertura de las protestas antigubernamentales del año pasado.

Una vez completada la reforma judicial, el PiS pretende reformar el sistema electoral, después de que el Parlamento ya haya dado luz verde a un proyecto de ley que otorga al Gobierno un mayor control sobre los organismos de supervisión electoral.

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