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Prevén que el proceso a la familia de dirigente guatemalteco no daña la gobernabilidad

Prevén que el proceso a la familia de dirigente guatemalteco no daña la gobernabilidad

EFE

Guatemala —

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Guatemala amaneció hoy con la resaca de una decisión judicial que llevó al procesamiento de un hijo y un hermano del presidente del país, Jimmy Morales, por defraudar al Estado durante 2013, pero la medida, según el Ejecutivo y los empresarios, no afectará la gobernabilidad.

El mandatario ha dejado claro que no intervendrá en el proceso judicial y que se mantendrá al margen, pero como hermano y padre ha mostrado su total respaldo a su hijo José Manuel Morroquín Morales y a su hermano Samuel Morales, conocido como Sammy.

Los dos fueron capturados, procesados por fraude y enviados a prisión preventiva a una cárcel militar de la capital guatemalteca, mientras la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), concluye la investigación.

Ambos participaron en tres adjudicaciones públicas irregulares en el Registro General de la Propiedad (RGP) en 2013 por un valor de más de 200.000 quetzales (unos 26.000 dólares), pero no se beneficiaron económicamente, sino que favorecieron a otro procesado, el padre de la exnovia de José Manuel, Mario Estuardo Orellana López.

Con las dudas de qué influencia puede ejercer el mandatario en este proceso en contra de dos de sus familiares más allegados, Morales ha querido dejar claro no intervendrá.

“Creo que el sistema de justicia debe funcionar en el país y para cumplir con lo que se dice uno tiene que actuar y ser el ejemplo a seguir”, dijo el mandatario en una entrevista a la televisión local Vea Canal, según la estatal Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN).

Para ello, cuenta con el apoyo de los catorce ministros que integran el gabinete de Gobierno, quienes le han manifestado su “admiración, acompañamiento y solidaridad” por el “ejemplo” que está dando a la sociedad, y de su vicepresidente y mano derecha, Jafeth Cabrera, que lo “admira” porque “está dando la cara y respetando la ley”.

“Tiene todo nuestro apoyo, esperamos que la justicia sea pronta y cumplida”, declaró a los medios el vicepresidente, quien aseguró que le ha visto bien, a pesar de estos duros momentos, “en perfectas condiciones”.

Los empresarios ven la postura adoptada por el gobernante como “correcta” y afirman que el procesamiento de dos de sus familiares no afecta a la gobernabilidad del país.

El presidente de la poderosa cúpula empresarial aglutinada en el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), José González, resaltó la postura asumida por Morales de respetar el imperio de la ley y los principios constitucionales.

El mandatario, quien admitió que es “difícil” la situación de su hijo y su hermano, detenidos en el marco de un caso de corrupción conocido como “Botín Registro de la Propiedad”, parece tener el apoyo de los empresarios, que han pedido “prudencia”.

“Hay que tener paciencia, prudencia y respeto al debido proceso”, manifestó González.

Agregó que la posición del Cacif sobre la corrupción es la misma que ha tenido desde 2015, cuando se desarticularon varias redes que defraudaban al Estado: respeto a la Justicia y al debido proceso.

El director de la Cámara de Industria de Guatemala (Cig), Javier Zepeda, dijo a Efe que esta situación no afecta a la gobernabilidad y tampoco al hecho de atraer inversiones al país.

“Tenemos que ser suficientemente maduros para respetar los debidos procesos legales. Este es un nuevo caso (de corrupción) que se abre”, según el dirigente empresarial, quien cree que Morales ha enviado los mensajes “correctos” al decir que respetará la ley.

Por su parte, la fiscal general, Thelma Aldana, reiteró que recurrirán la falta de mérito (pruebas suficientes) dictada por la titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Silvia de León, para Sammy Morales y Orellana por el delito de lavado de dinero.

“No estamos de acuerdo con esa decisión (judicial) y la vamos a impugnar. Vamos a presentar una apelación porque es evidente que a través de las actividades que desarrollaron tanto Sammy Morales como Mario Estuardo Orellana López contribuyeron al blanqueo de un dinero ilícito”, respondió Aldana a las preguntas de los periodistas.

Este es el primer caso de corrupción que salpica a la actual Presidencia de Guatemala, después de que en 2015 el país viviera un momento histórico de protestas contra esta lacra que llevaron a la renuncia, procesamiento y encarcelamiento del entonces mandatario Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, entre otros.

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