Puig se reúne con Susana Díaz para “desatascar” el modelo de financiación

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha reunido con la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, y con la de Baleares, Francina Armengol, para “desatascar” la paralización de la reforma del modelo de financiación autonómica.

Estos encuentros celebrados esta semana forman parte de la ronda de contactos que ha iniciado Puig con representantes de los grupos políticos del Congreso, líderes políticos y presidentes autonómicos, según ha recordado en la feria Fitur a preguntas de los periodistas.

“He estado con Armengol, con la presidenta de Andalucía, y vamos a continuar trabajando con otros presidentes; he hablado circunstancialmente con otros presidentes, y el sábado tenemos una reunión con el presidente de Castilla-La Mancha”, ha explicado.

Puig ha lamentado que hace un año que se reunió la Conferencia de Presidentes autonómicos y, entre otros acuerdos, se decidió abordar en 2017 el cambio de un modelo de financiación que “perjudica de manera clara” a la Comunidad Valenciana.

Puig ha afirmado sentirse “muy defraudado” porque ha pasado un año y el Gobierno “no ha sido capaz de dar una solución” pero “no podemos resignarnos” y, según ha dicho, en las próximas semanas “se tiene que desatascar”.

El president de la Generalitat ha recordado que el pleno del Gobierno valenciano aprobará mañana solicitar su comparecencia ante la comisión general de las Comunidades Autónomas del Senado para explicar la posición de la Comunidad Valenciana de “exigencia de cambio de un modelo”.

Ese cambio del modelo tiene que ayudar al conjunto del sistema autonómico, no solo a la Comunidad Valenciana, según Puig, que ha defendido que el proceso de decisión “no puede convertirse en otro proceso de confrontación de comunidades”.

La Comunidad Valenciana quiere “emprender un camino que garantice la suficiencia de las comunidades autónomas para prestar los servicios fundamentales con garantía”, porque este no es, ha agregado, “un debate entre políticos” sino un debate que afecta “nuclearmente” a la vida de los ciudadanos y al empleo.